Tegucigalpa – Pese a que se han tomado medidas para impedir que llamadas telefónicas salgan de las cárceles hondureñas -medida que se ha cumplido a medias-, el gobierno anuncia una profunda reestructuración para recobrar la gobernabilidad de estos recintos.
– Entre el 2011 y el 2014, los centros de privados de libertad fueron el escenario de diferentes hechos que dejaron como saldo alrededor de 470 muertos y más de un centenar de heridos.
En muchos centros penitenciarios, la sobrepoblación supera en dos y hasta tres veces su capacidad para el que fueron diseñados, por lo que el hacinamiento es uno de los principales problemas que afronta este sistema.
La situación de los centros penitenciarios poco ha cambiado y su problemática tiende a agudizarse, hasta ahora es del conocimiento público la mala gobernanza, así como la supuesta participación de privados de libertad en actividades como extorsiones y secuestros, entre otros.
Los centros de privados de libertad en Honduras se han caracterizado por el hacinamiento, la inseguridad interna provocada por los incendios y las riñas entre los reos, situación que deriva en lesiones y muertes.
Además, por la carencia de los medios de rehabilitación, el desentendimiento del Estado sobre su responsabilidad con los privados de libertad, la introducción de armas, drogas y licores, fugas y un régimen disciplinario en manos de algunos internos, que ha provocado enfrentamientos y muerte entre los reclusos en diferentes centros penales.
Es así que desde el Poder Ejecutivo se anuncian medidas drásticas para aislar a los privados de libertad y evitar que éstos sigan ordenando crímenes desde las cárceles.
Datos actualizados
Al 15 de agosto de este año, se reportaban 17 mil 310 privados de libertad distribuidos en 29 centros penitenciarios (25 cárceles y cuatro anexos).
El 48 por ciento del total de los internos están procesados y el restante 52 por ciento está sentenciado. Los recintos menos problemáticos son el Centro Especial Femenino de Adaptación Social (Cefas) y la cárcel de Puerto Lempira.
Para el caso el centro penal de Trujillo tiene capacidad para 150 reos y tiene 367; en La Esperanza (Intibucá) existen 351 en un lugar diseñado para 50; y en la Penitenciaría Nacional de Támara la capacidad es para dos mil 500 y hay cuatro mil 700.
Mientras en el centro penal sampedrano hay una población de tres mil 099 cuando su capacidad es de 800 privados de libertad, de ahí que es considerado una auténtica “bomba de tiempo”.
Está pendiente la entrega de los centros de Ilama, Santa Bárbara y Danlí, El Paraíso, con una proyección de albergar mil 300 y mil 400 reos, respectivamente.
En febrero de 2015 se inauguró el centro penal de El Porvenir, Francisco Morazán, donde actualmente hay apenas 53 internos debido a que aún no se ha terminado de acondicionar para albergar más población carcelaria.
Momentos difíciles en sistema penitenciario
El comisionado presidente del Comité Nacional contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Orle Aníbal Solís, reconoció que el sistema penitenciario hondureño pasa momentos difíciles por el hacinamiento, débiles normas de seguridad, irrespeto a los derechos humanos de los internos y colusión de autoridades.
“La situación es delicada porque el Estado hondureño es responsable de la población penitenciaria. La obligación primordial es la reinserción de los internos y todo este panorama se configura con el Instituto Nacional Penitenciario”, desglosó.
Lamentó que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) tenga un limitado presupuesto para cumplir con las misiones encomendadas.
Asimismo, reprochó que en Honduras no exista una Escuela Nacional Penitenciaria para formar hombres y mujeres para llevar a cabo los procesos de administración en esta rama. “Siempre ha estado en manos de la Policía Preventiva y actualmente en las Fuerzas Armadas, a través de sus directores. Y lamentamos porque ellos no fueron formados para administrar centros penitenciarios y eso es lo más grave para el país”.
Solís alertó que la situación que atraviesan los privados de libertad es tan delicada en el sentido que constantemente hay requisas con hallazgos de cosas prohibidas, así como reyertas con saldo de muertes violentas al interior de los recintos.
Insistió que la mayor debilidad sigue siendo el presupuesto asignado para la administración del sistema penitenciario. “Tenemos otro problema serio en torno a la dirección de estas cárceles que no está en las manos adecuadas. Urge, además, fortalecer la Escuela Nacional Penitenciaria y cumplir con el artículo 37 de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario que dice debe estar en manos que tengan la experiencia que se requiere”.
Gobierno anuncia profunda reestructuración en cárceles
Esta semana, el presidente Juan Orlando Hernández anunció que se aproxima una profunda reestructuración en el sistema penitenciario hondureño con el afán de bloquear de una vez por todas las operaciones de peligrosos reos, quienes siguen ordenando extorsiones y otras modalidades criminales.
“El sistema penitenciario hondureño requiere una profunda reestructuración porque no es justo que ustedes estén en el campo -policías, investigadores y todos los demás operadores de justicia- y que desde los centros penales estén saliendo instrucciones o estén saliendo personas que lejos de venir ya reorientados a una vida de respeto al prójimo, lo que venga son criminales más sofisticados y desalmados”, señaló.
Continuó que “abrimos nuestro espacio de análisis a cualquier opinión bien intencionada para esa reestructuración que tenemos que hacer en el corto y mediano plazo. Y aquí quiero dejar sentado por lo menos mi criterio personal, creo en los derechos humanos, creo en la dignidad de cada persona, pero quiero ser enfático: las víctimas en Honduras y en cualquier del mundo también tienen derechos humanos”.
Recordó que cuando un ciudadano es judicializado y está recluido, pero desde ese recinto carcelario utiliza cualquier medio para seguir delinquiendo desde la cárcel, no podemos seguir permitiendo que tenga una privación de libertad con la oportunidad de recibir visitas o agarrar un teléfono para seguir delinquiendo.
A renglón seguido, dijo que “ese privado de libertad debe estar absolutamente aislado y ese debate sé que va a generar mucho controversia”.
Bomba de tiempo
El obispo auxiliar de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, mencionó que todo el sistema carcelario del país sigue siendo una bomba de tiempo.
Ejemplificó que “el presidio de San Pedro Sula es una bomba de tiempo que ha estallado en cinco ocasiones. Cada vez ha estallado con más intensidad. Ahora mismo tenemos tres mil 200 personas ahí, nunca jamás habíamos tenido esa cantidad y está hecho para albergar 800. Imaginémonos lo que podría pasar uno de estos días, Dios quiera que no”.
Exteriorizó que todo lo que sea para mejorar el sistema carcelario debe ser bien visto. “Todo lo que contribuya a la rehabilitación de los reos está muy bien”, concluyó.
En el caso de la construcción del centro penal de Naco, norte de Honduras, dijo que se atrasó por siete meses por excusas de transferencias de recursos provenientes de la Tasa de Seguridad.
Explicó que el impasse fue superado y un banco de la localidad prestaría el dinero para ser administrado bajo un fideicomiso. “Sin embargo, la obra tendrá un mayor costo porque la empresa que entra cobrará y antes nosotros éramos la empresa, subcontratábamos a otras compañías y no había afán de lucro”, añadió.
A renglón seguido, concluyó que la obra se concluirá en un plazo de año y medio a dos.
