«Que la violación a las normas contenidas en el Código de Conducta Ética del Servidor Público por el señor Óscar Armando Escalante Ayala, constituyó una falta disciplinaria, la cual debe ser objeto de una sanción proporcional a su gravedad por parte del señor Presidente Constitucional de la República, de quien legalmente dependen los señores Secretarios de Estado”.
Asimismo, indica que producto de la violación a la norma legal, Escalante puede ser objeto de una sanción en base a las multas que contempla el artículo 100 de la Ley Orgánica de Tribunal Superior de Cuentas.
Por tanto, en la parte toral de su informe, el Tribunal Superior de Cuentas recomienda al presidente Lobo, “La remoción definitiva del señor Óscar Armando Escalante Ayala de su cargo como Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, por su grave violación a las normas establecidas en el Código de Conducta Ética del Servidor Público”.
De acuerdo al informe del TSC, la investigación contempló desde recolección de testimonios, visitas a las oficinas de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC), así como documentación que sustente sus recomendaciones.
Entre sus relatos, el informe indica que los ejecutivos del COHEP indicaron que la petición de ayuda para remodelar su oficina hecha por Escalante se basó en que estaba “inconforme” con las oficinas asignadas por el gobierno de Lobo, pues necesitaba de un “lugar decente para atender a la gente que viene de Centroamérica y una sala de videoconferencias”.
También, a que las oficinas desde donde despachaba Escalante “no llenaban los requisitos de su investidura”.
La investigación concluye que bajo estas circunstancias, Escalante incurrió en un “conflicto de intereses” el cual es una violación grave del código ético. Si bien, sostiene el informe, no existe un documento que respalde la petición de Escalante al COHEP, pues todo se hizo de forma verbal, también es cierto que los gastos erogados para la remodelación de sus oficinas, con exquisitos gustos europeos, fueron sufragados por el sector empresarial.
No obstante, el Tribunal Superior de Cuentas deja entrever que Escalante contrató a la señora Rosa Evangelina Rivera Reyes, la arquitecta que llevó a cabo las reformas y pidió cortinas españolas, como “Asistente del Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio”. Sus funciones eran, entre otras, “asistir la programación de la agenda de trabajo del Señor Secretario de Estado, convocar y programar reuniones de trabajo; cumplir con cualquier otra función que según su cargo fueran asignadas o fueran necesarias para el buen funcionamiento de la oficina”.
La contratación de la arquitecta en el nuevo cargo en la Secretaría de Industria y Comercio se dio justo en los meses de abril a septiembre del 2010, cuando comenzaron las remodelaciones financiadas por el COHEP.
Tras la denuncia sobre las reformas hechas al despacho de Escalante y las violaciones al Código de Conducta Ética, el presidente Lobo optó por suspenderlo del cargo y someterlo a una investigación a cargo del Tribunal Superior de Cuentas. También solicitó un informe al Consejo Nacional Anticorrupción, último que pidió la remoción de Escalante pero no hizo público el informe.
El presidente Lobo ha dicho que esperará tener en sus manos ambos informes, el del tribunal y el consejo anticorrupción, para hacer pública su determinación, tras reiterar que no permitirá transgresiones a la ley por parte de sus funcionarios.
