Tegucigalpa – El Consejo de la Judicatura fue creado con muchas expectativas en cuanto a las mejoras en la impartición de justicia, pero hasta ahora sus primeros once meses de gestión tienen dos características particulares: el silencio informativo impuesto para que nadie no autorizado brinde declaraciones a la prensa y la otra son los generosos salarios que se han recetado, al grado que ganan más que los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El 10 de septiembre de este año, la circular número 1673- SCJYC2014 girada a los jueces y juezas de Letras de lo Penal, el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, instruye que toda la información que se conozca en ese tribunal sea canalizada por medio de la responsable de Relaciones Públicas o por la Coordinadora de dicho Tribunal, Marta Marlen Murillo, “por lo que se les ordena que ningún juez o jueza podrá dar, facilitar o brindar información a los medios de comunicación”.
El mandato es de ejecución inmediata y quien incurra en lo contrario será objeto de sanciones disciplinarias, señala el oficio enviado por el Consejo de la Judicatura, imponiendo así un cerrojo al acceso a la información pública.
Otro hecho que otorga un mayor acento a las disposiciones del Consejo es el reciente estudio hecho por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sobre las remuneraciones de puestos de alto nivel en la administración pública.
El informe se hizo en atención a una petición hecha por la Cámara Legislativa a fin de determinar si se cumplía o no un decreto legislativo contentivo en la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, en el cual se establecen los límites de los salarios para todos los funcionarios del Estado, así como los gastos de representación y de aquellos que a pesar de estar derogados como el pago de dietas se continúan recibiendo.
En sus hallazgos el IAIP detectó que 396 personas, altos funcionarios, con onerosos salarios de los que 120 altos funcionarios exceden incluso los 100 mil lempiras legalmente establecidos.
Ganan más que los magistrados de CSJ
En el caso del Poder Judicial, el informe del IAIP hace especial énfasis en el caso del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en vista que los salarios que devengan sus integrantes son superiores al Pleno de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El salario nominal de los Magistrados Propietarios del Poder Judicial es de 113 mil 355.45 lempiras y el salario nominal de los miembros del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial es de 153 mil 355.45 lempiras, este último a partir de enero de 2014.
El IAIP encontró un pie de página en el cual se justifica este oneroso salario de los integrantes del Consejo de la Judicatura que literalmente dice: “Observación: Los gastos de representación de los señores Concejales (SIC) son sumados al sueldo atendiendo recomendación del Tribunal Superior de Cuentas y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), gastos que deberán ser gravados con la Ley del Impuesto sobre la Renta”.
No obstante, el informe del ente que regula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indica que al revisar el portal de transparencia del Poder Judicial se encontraron el decreto número 219-2011 en donde se crea la Ley del Concejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en su artículo número dos indica la autonomía e independencia funcional y administrativa de dicho Consejo, sin mencionar independencia presupuestaria.
También indica dicho artículo que este Consejo es un órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, verificando que en dicha ley de creación “no se hace referencia a Gastos de Representación”.
“El acuerdo número 05 de fecha 31 de marzo de 2011, contiene el reglamento de ejecución presupuestaria del Poder Judicial y en su artículo número 6, sección 1: Servicios Personales: los gastos por servicios personales comprenden a)*** *Los gastos de representación dentro y fuera del país son montos que se determinan por los gastos no liquidables y únicamente se podría otorgar a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, señala el informe del IAIP que aún espera ser presentado al Congreso Nacional, quien lo tiene en su poder desde hace más de un mes.
Sin asidero legal
En este sentido, el informe del IAIP detalla este hecho como un hallazgo significativo en vista que por ley, los miembros del Consejo de la Judicatura no pudieron recetarse un salario tan oneroso, por no estar autorizado por ley ni por reglamento.
No existe, según el IAIP, ninguna normativa incluso interna emitida por el Poder Judicial que autorice a los integrantes a autorizarse gastos de representación, mucho menos a indexarse ello al salario nominal inicial.
En este sentido, se recomienda evitar pagos que se constituyen en complementos a sueldos y salarios de los “altos funcionarios”, bajo conceptos de gastos de representación, pagos bisemanales y otros, a fin de que el Estado recaude debidamente el impuesto sobre la renta y que los servidores públicos participen en el sistema previsional aportando en base a sus ingresos reales.
En el caso del Poder Judicial recomienda que por medio del pleno de la Corte Suprema de Justicia como máxima autoridad, deberá revisar y adecuar su política salarial y de gastos de representación al más alto nivel como un poder del Estado, que siempre ha sido respetuoso de la ley, ya que se verifica en los Portales de Transparencia, que existen salarios superiores a los magistrados propietarios de dicho poder del Estado.
Ello, a criterio del IAIP, porque esos salarios onerosos del Consejo de la Judicatura impacta en los beneficios colaterales como ser aguinaldo, vacaciones, décimo cuarto mes, prestaciones laborales, e igualmente en su sistema de previsión social. Los recursos públicos del Estado deben ser cuidados a fin de promover la utilización eficiente de los mismos y el combate “a la corrupción y la ilegalidad de los actos del Estado”, señala el informe.
De este modo, el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial se ve obligado a analizar estos hallazgos hechos por el órgano que controla la transparencia.
