Tegucigalpa – En Honduras existe una escalada de intolerancia oficial a la crítica que se manifiesta a través de amenazas, intimidación, estigmatización, agresión física selectiva, insultos, descalificaciones y detenciones arbitrarias, señala informe de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que destaca la querella realizada por la Secretaría de Finanzas en contra de Radio Cadena Voces (RCV).
Se registraron más de 199 agresiones en contra de 64 medios de comunicación en los últimos 18 meses, según la organización C-Libre, señala la SIP en su informe de medio año.
El Observatorio para la Democracia señaló que 15 altos funcionarios del actual gobierno encabezan esa política de violencia, agregó.
A continuación Proceso Digital reproduce el extracto del informe de la SOP dedicado a Honduras:
La política actual es intimidar a los medios para evitar que se divulguen decisiones gubernamentales y casos de corrupción. Varias organizaciones de la sociedad civil e iglesias pidieron al gobierno que mejore los mecanismos de protección para defensa de periodistas, operadores de justicia y defensores del medio ambiente, pero esto no ocurrió. Varios casos continúan impunes, como el de Juan López, asesinado el 15 de septiembre de 2024. López se opuso al megaproyecto para extraer óxido de hierro a cielo abierto, lo que, según sus denuncias y la de decenas de defensores del ambiente en el país, mataría al río Guapinol.
El 24 de septiembre de 2024 se anunció por parte del propietario del espacio, David Romero Edler, el cierre del programa “Interpretando la Noticia” en Radio Globo, uno de los programas más emblemáticos en tiempos del golpe de Estado en contra de Mel Zelaya y su Gobierno. Sus conductores eran, entre otros, la periodista Lidieth Díaz, quien criticó duramente la gestión del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó al Sistema Nacional de Emergencia 911 a desistir de una querella por injurias contra periodistas del diario El Heraldo. La demanda fue iniciada en aparente represalia por la publicación de una serie de reportajes relacionados con investigaciones de El Heraldo Plus sobre contratos para un proyecto de instalación de cinco mil cámaras de seguridad.
La demanda, anunciada por la presidenta de la Comisión Interventora del SNE-911, Miroslava Cerpas, también incluye a quienes aprobaron su publicación.
La SIP condenó asimismo una “campaña de hostigamiento” por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, en contra de periodistas y medios de comunicación. El alto mando militar hondureño impulsó acciones judiciales para forzar a más de una docena de medios a revelar sus fuentes.
El acto de hostigamiento de los jefes militares se ha dirigido en concreto en contra de El Heraldo, La Prensa, La Tribuna, Corporación Televicentro, Abriendo Brecha, Radio América, Radio Cadena Voces (RCV), Hable Como Habla (HCH), Proceso Digital, CHTV, Q’Hubo Tv, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7.
El Colegio de Periodistas de Honduras denunció la “creciente judicialización, intimidación y escalada de ataques” desde el gobierno y sectores oficialistas.
La SIP también mostró su preocupación por la querella penal interpuesta el 18 de marzo por la Secretaría de Finanzas (Sefin) en contra de Dagoberto Rodríguez, director de RCV, tras la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. RCV denunció un sobregiro de 6.500 millones de lempiras –más de USD 250.000– en la Tesorería General de la República, presuntamente destinados a la organización de elecciones primarias.
Un juez del Tribunal de Sentencia dictaminó declarar inadmisible la querella interpuesta por el secretario de Finanzas, Christian Duarte Chávez, contra el expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras y director de Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez Coello. La decisión se basó en que la acción u omisión denunciada no constituye delito, según el Código Procesal Penal.
Una segunda querella interpuesta por el tesorero general de la República, Salomón Hernández Rodríguez, contra Rodríguez Coello fue igualmente desestimada por el Tribunal de Sentencia bajo los mismos términos. La publicación generó controversia, ya que vinculaba presuntamente a altos funcionarios con el uso indebido de recursos estatales para actividades políticas. En respuesta, el ministro Duarte presentó una querella penal contra el periodista, argumentando que las declaraciones divulgadas en el medio de comunicación afectaban su honor e imagen pública.
Los embajadores de la Unión Europea (UE) acreditados en el país expresaron su respaldo a las libertades de prensa y expresión durante un encuentro con la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC).
Esdras Amado López, periodista y propietario de Cholusat Sur, Canal 36, fue detenido en su residencia en la colonia Tepeyac, Tegucigalpa, MDC, tras una denuncia de maltrato familiar, agresión y lesiones interpuesta por su esposa, Milagros González. Con excesivo uso de la fuerza, más de 20 agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención. López negó las acusaciones. El Colegio de Periodistas consideró desproporcionado el operativo. (RO)
