Por eso, es espacio temporal adecuado para meditar y expresar pensamientos sobre el significado de la celebración anual de este acto, en lo que corresponde a la situación y expectativas del pueblo hondureño, y al servicio que, a lo largo de nuestra evolución, hemos recibido de nuestra República que, en sus sucesivos gobiernos, debe servir siempre para hacer prevalecer la dignidad de los habitantes.
Reflexionar sobre la independencia nacional implica nuestra apreciación actual teniendo presente también lo que nuestros predecesores tuvieron en mente al proclamarla. Uno de nuestros más destacados compatriotas, el sabio José Cecilio del Valle, dejó constancia histórica, en sus escritos, que la independencia la logramos para tener nuestro propio Estado y Gobierno, y organizarlo de manera que fuese justo y protector de los derechos de los habitantes, poniendo así nuestro destino, en nuestras propias manos y acciones, como sociedad y como Estado.
Pensar en nuestra Bandera es tener presente esa independencia nacional en su relación con valores cívicos como la fraternidad y unidad, entre todos los habitantes. Fraternidad y unidad que es necesario practicar para que nuestra independencia sea efectiva. Ello es de urgencia vital porque la situación actual de Honduras es de una patria para todos dividida que, mediante el cambio pacífico ineludible, debe tornarse en la Patria, por todas y todos, compartida.
Por consiguiente, nuestro mensaje es sobre la distancia que nos falta todavía recorrer para dar contenido real a nuestra independencia nacional; y valorar lo que hemos hecho y lo que debemos hacer en esa dirección, como ciudadanos y ciudadanas y como sociedad y Estado: por nosotros mismos, por nuestras familias y nuestras comunidades, y así alcanzar el destino que buscamos de bienestar y justicia económica y social para todas y todos, en democracia, desarrollo, paz y libertad.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha asumido y cumple actualmente con su misión constitucional y compromiso cívico, hacia todo el pueblo en su conjunto, en cuanto a servir de garantía del Estado de la protección y promoción de los derechos humanos, y actuar siempre hacia ese fin, realizando actividades normales de supervisión de la administración pública, fortalecimiento del Estado de Derecho, atención a las quejas o denuncias, investigaciones, inspecciones, capacitaciones, mediaciones, acompañamientos, orientaciones y otros servicios públicos esenciales.
Desde el año 2015, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha trascendido esas actuaciones con estrategias y procesos reales, en comunidades municipales, de promoción y empoderamiento real del verdadero sentido de la protección y el respeto de la dignidad humana de todas las personas, y del derecho y el deber de hacerlos efectivos en la vida democrática de la comunidad, la sociedad y el Estado.
Todo ello se realiza en ejercicio de la independencia institucional que debe caracterizar al CONADEH para cumplir con su misión constitucional, lo que se evidencia constantemente en sus declaraciones, pronunciamientos, recomendaciones y acciones independientes de servicio al pueblo entero, sin discriminaciones políticas, religiosas, étnicas ni de ninguna otra clase.
El Plan de Acción del CONADEH 2014 – 2020. “Vanguardia de la Dignidad Humana”, traza la senda del proceso para que la dignidad cese de permanecer en la retaguardia o entre los últimos temas de preocupación en los asuntos públicos y privados, y ocupe el primero que le corresponde como prioridad y fin supremo de la sociedad y del Estado. Por ello, el CONADEH hace de la dignidad humana el estandarte de acción permanente contra la injusta realidad que continuamos viviendo y que es contraria a nuestro Estado constitucional, democrático, social y de Derecho.
Hemos así asumido el papel de promotores activos del cambio pacífico que, sin perjuicio de atender crisis coyunturales, nos ocupamos de las causas profundas de nuestros problemas como personas, comunidades locales y comunidad nacional. Causas irresueltas aún por indiferencia, vacíos y, en general, por falta de cultura democrática y educación en derechos humanos en las actitudes y comportamientos de quienes somos parte de la misma sociedad y, con ello, del mismo Estado.