Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Todo iba bien, pero en las últimas dos semanas el proceso de selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que realiza la Junta Nominadora, se ha visto nublado y han surgido dudas, inconformidades y hasta serias denuncias de filtración del examen de conocimientos a lo que se suman las amenazas de algunos postulantes a interponer recursos.
– En siguientes fases de selección y elección de magistrados las presiones y la tensión serán mayores, se teme extrema politización.
– Si postulantes inconformes interponen recursos con suspensión del auto reclamado proceso podría retrasarse.
– Hay muy pocas mujeres, postuladas y será difícil cumplir con mandato de ley de equidad de género.
Muchos sectores se han pronunciado a favor de que haya una investigación seria y mayor transparencia en lo que prosigue del proceso, porque se teme que lo peor de la pugna estaría por venir ya que se acercan etapas en las que las presiones son inevitables.
Los temores
Con lo surgido en los últimos días hay serios temores de que el proceso se siga empañando y lo que es peor que este se retrase, otros hasta hablan de la posibilidad de repetir el examen si se comprueba que efectivamente hubo filtración.
Para el caso Articulación Ciudadana en un pronunciamiento sugiere a la Junta Interventora que de encontrarse que la denuncia es cierta se repita el examen solo a los postulantes que ya pasaron la prueba, para que no sea una recuperación para quienes no pasaron.
Otro punto que está generando mucha tensión son los posibles recursos que puedan venir, y más si estos son con suspensión del auto reclamado.
La integrante de Junta Nominadora, Julissa Aguilar, en entrevista con Proceso Digital, dijo que los postulantes estarían en su derecho de interponer recursos si así lo desean.
Añadió que luego la CSJ, que es a donde tendría que ir el recurso, va a decidir si se admite el recurso con suspensión o no del acto reclamado “y en definitiva allí tendríamos que tomar decisiones, según lo que nos ordene la Sala de lo Constitucional de la CSJ que es la competente para reconocer”
¿Puede esto retrasar el proceso? Le consultó Proceso Digital, a lo que respondió: “Si la CSJ establece que es con suspensión del acto reclamado si podría retrasarlo; es una cuestión de análisis, pero así a prima facie (primera vista), pareciera que sí lo retrasaría”.
Otros juristas consultados apuntan que sería fatal no cumplir con los tiempos establecidos porque crearía incertidumbre y desconfianza en el proceso y hasta se podría gestar una crisis incluso de país.
Otra de las preocupaciones latentes es que desde ya algunos inconformes de los mismos postulantes que van quedando fuera u otros sectores intenten descalificar el proceso.
Presiones
Pero la peor desconfianza, son las presiones que pueden llegar a la Junta Interventora de forma directa o indirecta de distintos sectores, en este caso la Junta ya tuvo el primer indicio antes de la evaluación de conocimiento.
Aunque algunos miembros de la JN, no consideraron la visita que realizaron algunos postulantes, incluyendo miembros de la Unión de Notarios, previo al examen como presión o injerencia, la opinión estuvo dividida, así mismo varios sectores denunciaron ese precedente como el primer indicio visible de las presiones.
La abogada Julissa Aguilar, dijo que “yo no puedo hablar por toda la Junta Nominadora, hablo de lo que yo percibo, para algunos miembros de la JN, eso no ha sido motivo de presión, yo lo analizo que no me parece correcto la posición de ir a pedir una reunión y llegar a exponer su criterio, previo a una prueba, eso da pie a situaciones que uno diga, bueno están tratando de interferir en la acción de la Junta Nominadora, yo sí lo percibo de esa manera”.
En ese sentido, sectores que forman parte de la veeduría del proceso, tanto a nivel nacional como internacional, han externado su preocupación porque se ve una tendencia a que se repitan los vicios del pasado donde sectores con intereses oscuros han ejercido presión para imponer sus candidatos, incluyendo crimen organizado, como lo planteó el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández.
Para el coordinador de Seguridad del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, definitivamente el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia “pasa por una serie de presiones muy fuertes, porque cada 7 años en el país nos jugamos por decirlo así la impartición de justicia con la elección de uno de los órganos más importantes dentro de todo el sistema de justicia”.
Sierra, dijo a Proceso Digital que este proceso no es la excepción de las presiones y estas ya se están manifestando, aunque la Junta Nominadora no lo ha reconocido abiertamente; “pero sabemos de antemano que abran presiones políticas, empresariales e incluso de grupos criminales organizados que desean que sus privilegios y que la impunidad de la que han gozado se mantenga”.
Lo que viene es tirantez pura
Para algunos analistas lo que viene en los próximos pasos de la selección y elección será de una rigidez tirante y constante, mayores presiones, exposiciones y descalificaciones entre otros tropiezos que la Junta deberá superar.
Luego de la etapa donde se encuentra actualmente el proceso si este no tiene mayores retrasos, se espera que ahora los postulantes según el Artículo 28 de la Ley serán sometidos a una fase de investigación de su trayectoria personal, profesional y patrimonial.
Seguidamente el Artículo 29, señala la fase de las tachas y denuncias, estas tachas según apunta el Artículo 31 tiene un plazo para que se interpongan las denuncias de siete días hábiles improrrogables, contados a partir de la publicación del listado preliminar de postulantes que pasarán a la entrevista final.
Después, viene el derecho a la Defensa mismo que está establecido en el Artículo 33, que indica que una vez admitido el escrito que contiene la persona postulante de quien se trate, se le otorgarán cinco (5) días hábiles a partir de la notificación, para que en audiencia de descargos conteste la tacha o denuncia planteada y aporte los medios de prueba que estime sean útiles, proporcionales y pertinentes para sus descargos. Posteriormente viene la resolución de tachas y denuncias.
En este mismo tema el Artículo 35 específica que en caso de que la denuncia o tacha sea declarada con lugar, el postulante denunciado o tachado será retirado de la lista y excluido del proceso.
El paso siguiente son las entrevistas que se desarrollarán en una sede pública para garantizar la presencia de observadores y ciudadanos que deseen presenciarlas.
Luego de las entrevistas conforme al Artículo 37, la Junta Nominadora conformará una matriz de evaluación técnica acorde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, donde se establecerán todos los criterios e indicadores señalados en la ley y cómo evaluar a cada uno de las personas postulantes, tomando en cuenta los criterios de equidad y la inclusión de grupos en condición de vulnerabilidad y vulnerabilizados.
La misma ley detalla que la asignación del puntaje final a cada persona postulante se realizará como consecuencia de la sumatoria de los puntajes finales que cada representante de la Junta Nominadora asigna al participante respectivo con base en los criterios establecidos
La parte final de selección
Antes de pasar la nómina al Congreso Nacional la Junta Nominadora, elaborará la nómina de por lo menos 45 postulantes y según el artículo 38 esta deberá ser 23 mujeres y 22 hombres.
Difícil se cumpla con número de mujeres que manda la ley
En este punto vale la pena hacer un apartado, porque debido a las pocas postulaciones de candidatas mujeres será un problema cumplir con esa parte de la Ley exponen miembros de la Junta.
Pese a que se conoce que la mayoría de egresados de las Facultades de Derecho son mujeres, la cantidad de mujeres notarias es bastante menor que la de notarios.
El dato llega a ser desproporcionado y deja en clara desventaja a las féminas profesionales de las Ciencias Jurídicas, ya que el registro de notarios del Poder Judicial hasta 2022, detalla que son 1,322 son hombres y apenas 297, mujeres.
Esto claramente tuvo su efecto en las autopostulaciones, según datos de JN se postularon 132 hombres y escasamente 53 mujeres.
La abogada Aguilar, integrante de la JN, al ser consultada si será posible cumplir con lo establecido en Ley en cuanto a la equidad de género, dijo que esperarían lograrlo, pero hay muchas dudas porque “la verdad que tenemos pocas mujeres”.
Ese apartado establecido en Ley es un problema porque además que se postularon pocas no se sabe cuántas quedarán fuera al final porque, aunque sean mujeres si no cumplen con los requisitos no llegarán al final, señaló.
Dejó claro que “si no se llega (al número de mujeres que manda la ley), pues, no podríamos hacer nada nosotros al respecto porque es un proceso de la ley y aunque sean mujeres deben reunir los requisitos”.
Entrega de nómina al Congreso Nacional
Una vez conformado el listado definitivo, la Junta entregará a la Comisión Permanente del Congreso Nacional la nómina, junto con documentación completa, dentro de la primera quincena del mes de enero de 2023.
Luego el listado final se publicará en el Diario Oficial “La Gaceta”, en el portal oficial de transparencia de la Junta, en tres medios de comunicación social, impresa o digital y en plataformas virtuales para que sea del conocimiento público.
Finalmente, al entregar la nómina de candidatos la Junta Nominadora será disuelta, previo a la presentación de un informe completo de todo el proceso.
Se prevé politización extrema
Como es de esperarse en la parte final del proceso cuando la nómina quede en manos del Congreso Nacional, ya se sabe que habrá política de por medio, lo que es normal, no obstante, se teme que la politización sea extrema y hasta descarada.
En el pasado ya se ha conocido que los partidos mayoritarios se reparten el número de los 15 magistrados a su conveniencia, y según analistas en este proceso ocurrirá lo mismo, pero quizá con mayor polarización, porque hay más fuerzas políticas en el Legislativo.
Es ahí donde se requerirá de una vigilancia estricta de parte de la ciudadanía los veedores nacionales e internacionales para que haya transparencia y se puedan minimizar las presiones de los distintos sectores que pujaran por sus intereses.
Los 15 poderosos, porque elegir los mejores
¿Qué tanto poder tienen los 15 magistrados de la CSJ?
Esa es la pregunta que muchos se hacen, por qué se juegan tantos intereses, pues porque los magistrados son el máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial y se espera de ellos, que impartan justicia de acuerdo a las leyes en igualdad para todos.
Los magistrados están sobre las otras instancias jurisdiccionales entre estas Juzgados, Tribunales de Sentencia y Cortes de Apelaciones, y hasta la fecha ha sido un secreto a voces la injerencia de los magistrados en todas esas áreas.
Hay profesionales del derecho y población en general que se han atrevido a denunciar de forma informal que basta una orden de un magistrado para inclinar un juicio o una sentencia, y eso puede ser en cualquier área ya que como se sabe los magistrados están distribuidos según su expertis en la Sala de lo Constitucional, Sala de lo Laboral, Sala de lo Civil, Sala de lo Penal, y de lo Contencioso Administrativo y coordinados por el presidente de la CSJ.
De allí la importancia de elegir a los mejores, que sean probos, profesionales valientes y comprometidos que sean capaces de enfrentarse a los grupos de poder y no se dejen torcer la mano, expuso, Carlos Sierra de Ciprodeh.
Los magistrados electos deben ser los que tengan los mejores principios y conocimientos para que no permitan violaciones a la ley y apliquen la justicia de manera eficaz y oportuna ya que justicia tardía no es justicia y esto ha prevalecido a través de los años en el país, insisten los analistas.
Siempre hay esperanza
Pese a las dudas y todos los tropiezos que se han dado y que se seguirán dando, representantes de sociedad civil y observadores internacionales destacan que en esta ocasión el proceso que sigue la Junta Nominadora y con la previa aprobación de la Ley y el Reglamento, se ha visto más ordenado y transparente, y se espera que los diputados también logren desprenderse de intereses y realizar una elección limpia.
Por ello, insisten en que pese a los temores y la desconfianza que persiste, se debe guardar la esperanza de que finalmente Honduras pueda tener una Corte Suprema de Justicia independiente, que venga a limpiar la imagen de un Poder Judicial, corrupto que ha estado al servicio de grupos políticos y de poder, olvidando su verdadero objetivo. LB
