Tegucigalpa – Por lo menos media docena de mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas en la norteña San Pedro Sula, casi al concluir esta semana.
 

– Generalmente las autoridades achacan las muertes de las mujeres a acciones de crimen organizado pero sus hipótesis no tienen sustento ya que las investigaciones casi nunca se concluyen.

Los escenarios eran similares, todos violentos, pero las hipótesis oficiales difieren en torno a las causas.

En las principales ciudades hondureñas, es casi cotidiano que las mujeres se vuelvan en protagonistas de los crímenes en su calidad de víctimas.

Desde adolescentes y niñas hasta mujeres mayores mueren de forma violenta en Honduras. Son crímenes constantes de los que poco se investiga. La impunidad envuelve este tipo de hechos de los que solo se establecen hipótesis empíricas que nunca se confirman.

Ante esa situación, Carolina Sierra, una defensora de los derechos de las mujeres en la ciudad industrial del país, asegura que según los datos que manejan, al final de este 2013, los crímenes contra mujeres pasarán las 606 registradas en 2012, debido a que en el primer semestre de 2013 se contabilizaban 310 decesos.

“Tenemos planificada una reunión para la próxima semana con las autoridades del Observatorio de la Violencia y lamentamos que el Estado no esté proporcionando la información oficial en lo referente a la muerte violenta de mujeres”, denunció.

Sin embargo, Sierra citó que la violencia contra las mujeres puede ser doméstica, física y sexual. “Para que se llegue a un feminicidio la mujer tuvo que ser víctimas de todos estos tipos de violencia. Lamentamos que vivamos en una sociedad colapsada en la que siempre el sector más vulnerable son las mujeres”, argumentó.

Y es que en Honduras, un país con una brecha social abismal, las mujeres son las víctimas más expresivas de la exclusión en todas sus formas. Cifras oficiales, publicadas en 2012, indican que en este país existen 1,166,084 hogares de los cuales el 32.89% son jefas de hogar mujeres.

De las mujeres que son jefas de hogar, 40% están solteras; el 23.7% están viudas; el 14.5% están en unión libre; el 12.4% están casadas; un 8.0% están separadas y el 1.3% están divorciadas.

Femicidios, crimen organizado y
común acometen contra las mujeres

La figura de femicidio se contempla en la legislación hondureña desde el 21 de febrero de este año para sancionar a quien de muerte a una mujer por su condición de mujer. Para ello, sse reformaron los artículos 27 y 321 del Código Penal.

La reforma dice que “Cometer el delito con odio o desprecio en razón del sexo, género, religión, origen nacional, pertenencia a pueblos indígenas y afrodescendientes, orientación sexual o identidad de género, edad, estado civil o discapacidad, ideología u opinión política de la víctima”.

Esta modificación a la ley que, también contempla como delito de femicidio las muertes ocasionadas por razones de género, con odio y desprecio por la condición de mujer de la víctima y castiga con penas van entre 30 y 40 años de prisión, no ha logrado calar en la espiral de femicidios ni mucho menos contra otro tipo de delitos contra las mujeres.

Por lo general, cada vez que una mujer es masacrada, su cuerpo inerte aparece con signos de violencia, envuelta en sábanas, o muestra signos de saña, en zonas como las temibles cañeras en San Pedro Sula o en colonias “calientes” de Tegucigalpa, las autoridades adelantan las hipótesis que se trata de “ajustes de cuentas” o acciones de “crimen organizado”.

La escalada de muertes violentas de mujeres en el año que está por terminar augura que este flagelo sobrepasará las 606 registradas en 2012, según recuentos de instituciones feministas que operan en el país.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, el año anterior Guatemala registró 707 muertes violentas de mujeres y Honduras 606, cifras que les colocan a la cabeza de la espiral violenta.

Además El Salvador registró 321, Costa Rica 50, Panamá 53, y Nicaragua 76.

Fiscal Amaya clama por investigadores

En tanto, la fiscal especial de la Mujer, Grissel Amaya, dijo que las cuentas oficiales hasta el mes de octubre, en el país se contabilizaban alrededor de 400 feminicidios.

Amaya demandó por parte de sus superiores “mirar con preocupación el problema de violencia hacia las mujeres y que dentro de sus políticas sea una prioridad en el Ministerio Público este tema. Esperamos que doten de recursos a la Fiscalía de la Mujer, así como investigadores porque en este momento carecemos de ellos”.

Sobre una matanza de esta semana en la que cuatro mujeres fueron asesinadas en San Pedro Sula, la fiscal especial de la Mujer expresó que “sentimos indignación cuando se producen esos hechos, pero al mismo tiempo nos frustramos porque sólo se mencionan las muertes y no así el resultado de las investigaciones para que estos perpetradores sean castigados. Las mujeres de este país exigimos respeto, seguridad y lo más importante que se nos dé cuenta de todos los recursos que se le han proporcionado a la Policía para que lleven a cabo una investigación oportuna y pronta”.

Recordó que hace meses se creó un Tribunal Alterno compuesto por organizaciones de la Sociedad Civil que juzgaron algunos casos que ya estaban en proceso. Al final dieron su veredicto, su análisis de la prueba que cursaron en el juicio y establecieron su condena al Estado.

Remarcó que se trató de un ejercicio de la ciudadanía para exigir a las autoridades una rendición de cuentas; “lo que sí ocurrió este año fue la aprobación del tipo penal del feminicidio, así como la conformación de la unidad de delitos contra vida en el Ministerio Público que está trabajando en coordinación con la Dirección Nacional de Investigación Criminal para la investigación de estos casos”.

Feministas exigen justicia

Por su parte, la coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Gladys Lanza, manifestó que pese al número de muertes que se registran de mujeres hondureñas, en este país centroamericano “no hay investigaciones fehacientes”.

Añadió que “la Policía reporta muertes por tener relación con maras y pandillas, pero realmente, como pueden decir eso sin ninguna documentación o un respaldo que lo pueda demostrar, nosotros pedimos que se haga una investigación, antes de poder dar un informe a priori”.

“Comúnmente, los funcionarios judiciales o encargados de investigaciones, dicen lo primero que ven, sin realmente haber investigado”, añadió.

Según Lanza, con la emisión de informes sin fundamentación en una investigación por parte de las autoridades, se “estigmatiza por una parte a las mujeres y por otro, la sociedad en general se va formando conceptos de lo que representa la violencia contra las mujeres”.

En ese sentido, indicó que “hay un poco de irresponsabilidad en las autoridades al dar opinión, sin hacer ninguna investigación que lo respalde”.

Por lo anterior, dijo que para el Movimiento de Mujeres por la Paz estos casos “son asesinatos de mujeres y punto”, al señalar que no puede atribuir una causa sin fundamento.

A criterio de Lanza, “el Estado no ha asumido la responsabilidad que le corresponde porque según la Constitución de la República, el Estado es el garante de la seguridad de la ciudadanía y las mujeres somos ciudadanas, por lo que el Estado debe garantizarnos mínimamente la vida”.

Con relación a la judicialización de los casos de muertes violentas contra mujeres, dijo que “eso es peor porque si no hay investigación, menos para que haya judicialización porque la Fiscalía tendría que intervenir con la investigación para respaldar o aportar las pruebas”.

Destacó que el 98 por ciento de las muertes a mujeres, están impunes, por lo que “es necesario que funcionen las instancias que hemos creado”.

Al mismo tiempo, lamentó que la problemática de los asesinatos a las mujeres “no son de importancia para el Estado”, al que calificó como “indiferente”.

La defensora de las mujeres, aprovechó para enfatizar que “con la amenaza expresa de pretender fusionar el Instituto Nacional de la Mujer, eso sólo demuestra la poca importancia que el Estado le da a esta problemática de violencia de género”.

De la misma forma, subrayó que “el próximo gobierno debe fortalecer las unidades que se necesitan para poder fundamentar y aportar las pruebas que permitan judicializar los casos y que no queden impunes: la parte investigativa y la forense, que sólo será posible con una Policía Judicial e Investigativa, entre otras cosas”.

Un informe divulgado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), revela que al menos 3 mil 613 mujeres perdieron la vida en forma violenta, entre el 2002 y junio de 2013 (11 años y medio).