Tegucigalpa – La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, expresó su preocupación por la incidencia de muertes violentas de periodistas y personas vinculadas a medios de comunicación que suman 95 desde el año 2001 y exhortó a las autoridades encargadas de la seguridad, en el país, a investigar unos 87 casos que aún se encuentran impunes.
En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la titular del Conadeh instó al Estado hondureño a tomar medidas concretas para prevenir las agresiones contra los miembros de este gremio y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia.
Asimismo, recomendó a las autoridades hondureñas promover un entorno propicio y seguro en el que los periodistas puedan ejercer su labor de manera independiente.
La defensora de los derechos humanos explicó que la preocupación es mayor cuando el Estado no tiene la adecuada investigación para determinar la autoría directa o indirecta de esas muertes y se sigue en la incertidumbre de ver caer a más periodistas asesinados.
Agregó que, cuando un periodista muere violentamente no sólo se violenta el derecho a la vida, sino que, al final, se afecta igualmente la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y de informar adecuadamente.
Y es que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala como deber de los Estados prevenir e investigar el asesinato, secuestro, intimidación y las amenazas dirigidas hacia periodistas y comunicadores sociales.
Según la comisionada, la violencia contra periodistas continúa siendo una amenaza muy grave para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información, particularmente contra quienes cubren problemas sociales como el crimen organizado, la corrupción gubernamental y las maras.
En tal sentido, considera que se debe fortalecer y vigorizar la investigación en el país ya que la impunidad lo único que hace es incentivar la comisión de más crímenes y, consecuentemente, debilitar el Estado de derecho.
Poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas y demás personas vinculadas a medios de comunicación es uno de los temas más apremiantes para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información para cada ciudadano, puntualizó.
Las autoridades encargadas de la seguridad, en el país, están en la obligación de intensificar los esfuerzos para investigar y someter a la justicia a los responsables de cada uno de los crímenes, ya que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y terminar con este capítulo de impunidad.
La Defensora del Pueblo declaró que la muerte violenta de personas vinculadas a medios de comunicación es la forma de censura más extrema hacia los medios y crea un clima de miedo en los profesionales de ese gremio, lo cual impide la libre circulación de información, opinión e ideas entre los ciudadanos.
42 municipios escenario de muerte de personas vinculadas a medios
Entre octubre del 2001 y octubre de 2022, Conadeh registró la muerte, en circunstancias violentas, de 95 personas vinculadas a los medios de comunicación entre los que figuran camarógrafos, coordinadores y directores de noticias, cronistas deportivos, directores de medios, fotógrafos, jefes de redacción, locutores, operadores, presentadores de programas de entretenimiento, reporteros, presentadores de noticias y propietarios de medios.
De los 95 casos, más del 90% se encuentran impunes, es decir que, en nueve de cada diez hechos violentos los responsables quedan sin castigo. En la actualidad, unos 74 casos están en proceso de investigación, 2 pendientes de audiencia, en 5 casos hubo sentencia absolutoria, pero también hay casos donde no existe información disponible.
Del total de víctimas, alrededor de 46 laboraban en televisión, 36 en radio, dos en prensa escrita, dos en medios digitales, mientras que el resto lo hacía en otras actividades.
Unos 42 municipios de 16 de los 18 departamentos del país han sido escenario de hechos violentos en donde perdieron la vida personas vinculadas a medios de comunicación. En Tegucigalpa se registraron 21 casos, San Pedro Sula 12, La Ceiba 8, El Paraíso 4, Juticalpa 3, Puerto Cortés 3, La Entrada 3 y Santa Rosa de Copán 3.
De esta radiografía de la inseguridad para los periodistas, comunicadores sociales y demás personas ligadas a medios de comunicación, seis departamentos de Honduras, Francisco Morazán (21), Cortes (20), Yoro (8), Atlántida (8), Copán (8) y Olancho (7) registran el 77% de los casos.
Entre enero y octubre del 2022 han muerto en circunstancias violentas e impunes cinco personas vinculadas a medios de comunicación, uno en el departamento de Lempira, uno en Cortes, uno en Atlántida, uno en Choluteca y uno en Francisco Morazán.
El 18 de diciembre de 2013, la Asamblea General aprobó su primera resolución en la que se condenó todo tipo de ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación y se proclamó el 2 de noviembre como el Día Internacional para Poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. JP
