El análisis documenta más de 15 incidentes y acusaciones de abuso sexual o acoso en todo el sistema de detenciones, que afectaron a más de 50 presuntas víctimas.
Entre los ejemplos citados por HRW figura el de cinco mujeres en un centro de detenciones en Port Isabel (Texas), que eran pacientes en la sala de enfermería del penal y fueron manoseadas en sus partes íntimas por el guardia Robert Luis Loya, quien les dijo que actuaba por órdenes de un médico.
Loya, empleado por un contratista privado, fue sentenciado a tres años de prisión y supervisión comunitaria por los abusos cometidos entre marzo y abril de 2008.
El informe, titulado «Detenidas y en riesgo: Abuso sexual y acoso en los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos», destaca los abusos en el centro de detenciones T. Don Hutto en Texas que, dentro de un plan de reforma anunciado por la administración Obama en agosto de 2009, debía convertirse en «modelo» para el resto de las cárceles.
El antiguo centro residencial T. Don Hutto, transformado en una cárcel de mujeres, acaparó titulares este año por presuntos abusos sexuales contra varias detenidas y «es un crudo recordatorio de cuánto falta para el avance de la reforma», indicó HRW.
Allí, cuando el centro todavía albergaba a familias enteras, una mujer fue violada en su celda por un guardia en mayo de 2007 mientras su hijo dormía en su cuna al lado. El guardia, contratado por la empresa Corrections Corporation of America (CCA), fue despedido pero nunca fue enjuiciado por las autoridades estatales o federales.
El informe también cita casos en otros penales en Texas, Florida, Washington, Arizona, Nueva York, Nueva Jersey, Wisconsin, y California.
Aunque no está claro hasta qué punto los detenidos bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) son víctimas de abuso sexual en todo EE.UU., los incidentes y acusaciones «son demasiado serios y muy numerosos como para ser ignorados», indicó HRW, que recomienda una investigación y medidas correctivas.
En ese sentido, Meghan Rhoad, una investigadora de HRW, dijo en un comunicado que acompaña el informe que si bien ICE reconoce la urgencia de fortalecer las protecciones de los detenidos, «necesita ponerse al día rápidamente».
«ICE necesita implementar nuevas normas y asegurarse de que tengan el peso suficiente para garantizar que los cientos de centros de detención en todo el sistema las cumplan», agregó.
ICE ha tomado «pasos significativos» hacia esa reforma, incluyendo la elaboración de nuevas normas de detención, pero aún debe mejorar la supervisión y rendición de cuentas en la ejecución de esas medidas para garantizar la «seguridad y el trato justo» de los detenidos, señaló HRW.
En muchas ocasiones, las víctimas no denuncian los abusos por falta de información sobre las normas de conducta del personal en los penales, por temor a la deportación o para evitar un mayor trauma u otros abusos.
El Gobierno mantiene datos sobre incidentes de abusos sexuales en las cárceles operadas por ICE, pero no de tal forma en el caso de «centenares de cárceles e instalaciones» bajo contrato privado, por lo que se desconoce la verdadera dimensión del problema.
Es una omisión importante, dijo HRW, porque las tasas de violencia sexual son hasta cinco veces más altas en las cárceles locales, estatales y en las cárceles privadas, que en las federales.
Tanto la Constitución como varios acuerdos internacionales, de los cuales EE.UU. es signatario, prohíben el mal trato de individuos bajo custodia de las autoridades, incluyendo a los detenidos por infracciones migratorias.
