Tegucigalpa – Los miembros de la Comisión Especial para la Depuración y transformación de la Policía Nacional, advirtieron que los encargados de dar seguimiento a los miembros de la carrera policial que están saliendo para sanear la institución son los operadores de justicia, en este caso el Ministerio Público y el Poder Judicial, con cuyos representantes se reúnen este lunes al mediodía para definir el mecanismo para enjuiciar a los policías que han delinquido.
-A pesar de las amenazas, los miembros de la comisión afirman que contra viento y marea, el proceso de depuración no se detienen, pues no están solos.
-Los miembros de la comisión depuradora están claros en el sentido que las amenazas que están recibiendo, provienen de oficiales que fueron destituidos de la institución policial.
-En unos 10 días se conocerán los resultados de la depuración de 108 subcomisionados para luego entrarle a los comisarios, subcomisarios, inspectores, subinspectores hasta llegar a la escala básica.
Omar Rivera, miembro de la comisión, indicó que con la intención de establecer un mecanismo de trabajo conjunto, a fin de investigar, juzgar y castigar a los oficiales y agentes policiales que han transgredido la ley, han cometido delitos, incumplido deberes o se han enriquecido ilícitamente, los miembros de esa comisión se reunirán este lunes con representantes del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Articulación de esfuerzos
“Queremos que el Ministerio Público comprenda, al igual que la población, que nosotros no somos fiscales y que independientemente que tengamos a la mano información sobre la comisión de un delito, lo más que podemos hacer es cancelar esa persona y remitir la información a la fiscalía especializada en casos de corrupción o crimen organizado para que proceda a presentar el requerimiento fiscal y se inicie un juicio para castigar al culpable”, manifestó Rivera a Proceso Digital.
Refirió que el decreto de emergencia establece que la comisión debe requerir a los operadores de justicia y de los órganos contralores del Estado, información relacionada a los supuestos actos de corrupción cometidos por los integrantes de la Policía Nacional sobre los cuales se tenga conocimiento.
Aclaró que según el decreto, que dio vida a la comisión, los miembros de la misma únicamente tienen la atribución de determinar la idoneidad en el servicio, la confianza, capacidad, habilidad, actitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial e implementar mecanismos de supervisión de los procesos de los miembros que sean cancelados.
Sin embargo, “nosotros no somos investigadores criminales, no somos auditores o fiscales, ni jueces, ni magistrados; esa labor de la acción penal, la labor de juzgamiento y la labor de la sanción, le corresponde a otras instituciones del Estado como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Superior de Cuentas”, acotó.
En ese sentido, en la reunión de este lunes, se enfatizará en que se deben articular acciones de concatenar esfuerzos para que los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de hechos ilícitos sean remitidos a esas instituciones para que esas autoridades actúen oportunamente.
Es por eso que se ha tomado la decisión de acercarse a esas instituciones ya que han manifestado su intención de colaborar con el proceso de depuración y restructuración.
“De lo que puede estar seguro el pueblo hondureño es que desde la comisión lo que vamos a hacer es simple y llanamente quitarles el uniforme, despojarlos de la chapa, quitarles la pistola, el arma, poder hacer a un lado a los malos policías, pero la acción penal, la acción del reparo, del juzgamiento y la sanción, eso le corresponde a otras instituciones del Estado y por eso nos reuniremos con ellos para afinar detalles para coordinar mejor nuestras acciones”, enfatizó.
Seguimiento a malos policías
Señaló que en este momento se está construyendo un mecanismo para que distintas instituciones del Estado y la misma comisión le puedan dar seguimiento a los policías depurados, especialmente los malos, que se han dedicado a actividades ilícitas, a quienes se les podría cruzar por la mente dedicarse, ya sin uniforme, a actividades al margen de la ley.
No obstante, Rivera también envió un claro mensaje a los oficiales que se han quedado ratificados en la primera edición, en el sentido que no tienen un cheque en blanco pues tienen que demostrar que van a continuar actuando de una manera adecuada, desempeñándose con excelencia porque el proceso de certificación de la idoneidad y confianza, es permanente.
Recalcó que la misión de la comisión es definir que todo aquel que no tenga el perfil de la idoneidad, salga de la institución, basándose en las facultades que les corresponde y en el ámbito de la acción de personal que el ministro de Seguridad debe ejercer, pero ya la acción penal, la presentación de un requerimiento fiscal, someterlo a juicio, castigarlo, es responsabilidad de otros órganos operadores de justicia e instituciones contraloras del Estado, cuyos funcionarios están entusiasmados en garantizar que la impunidad no vaya a beneficiar a esos malos policías.
Ambiente hostil
Por otro lado, Rivera aseveró que el trabajo que están efectuando se está desarrollando en un ambiente hostil por muchos oficiales, que en reuniones han querido tratar el tema de los perfiles de los integrantes de la comisión, lo que se extiende a los miembros de la familia, a sus domicilios, a las actividades que realizan en forma cotidiana y en su tiempo libre.
Indicó que ese es un claro mensaje para tratar de intimidarlos, amedrentarlos y distraerlos de la labor que les han encomendado las autoridades y que surge a raíz del decreto de emergencia que aprobó el Congreso Nacional con la intención de depurar y reestructurar la Policía Nacional.
Advirtió a todos los oficiales y miembros de la escala básica que van a ser sometidos al proceso de certificación para determinar la idoneidad y la confianza, que bajo ninguna circunstancia van a poder golpear el ánimo de la comisión que está decidida de una vez por todas a impulsar un proceso técnicamente riguroso, apegado a la ley, pero con toda la fuerza encaminado a practicar esa reingeniería que necesita la Policía Nacional.
Reveló que en una reunión de altos oficiales aparecieron los perfiles de los miembros de la comisión, los que han sido sometidos a un análisis minucioso respecto a los aspectos personales, lo que representa un mensaje claro y preciso y significa un mecanismo para amedrentar y golpear el ánimo de los que en este momento están concentrados en el trabajo de la depuración.
Indicó que le han solicitado a las autoridades que hagan una profunda investigación al respecto para asegurarse que este tipo de acciones no continúen realizándose desde la misma estructura, aunque se sabe que muchos se sienten amenazados, golpeados por las decisiones que se han tomado, pero deben darse cuenta que esta es una etapa que se está cerrando en la vida nacional para que en la policía únicamente queden los idóneos, que gocen de confianza y tengan el perfil ideal.
Rivera afirmó que cuentan con el apoyo del ministro de Seguridad, Julián Pacheco y de toda la institucionalidad pública para brindarles la protección del caso y darle seguimiento a ese tipo de reuniones que se han estado realizando.
Mensajes intimidantes
Por su parte, el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras y miembro de la comisión, pastor Alberto Solórzano, aseguró que no le sorprenden las amenazas, pues sabían que iba a ocurrir por la incomodidad que ha causado que estén trabajando en la depuración de la Policía.
“Son mensajes disuasivos que procuran desanimarnos, sin embargo, hemos apreciado por un lado la disposición y el compromiso de la comisión para no dejarse intimidar por este tipo de amenazas, por otro lado el compromiso también del gobierno y el acompañamiento de diversas instituciones, aunque habrá voces disonantes y personas que nos descalifiquen, sabemos que en el país hay diferentes intereses y siempre habrá algunos que quieren mantener sus posiciones radicales y de no colaboración en este tema, pero eso lo respetamos”, acotó.
Solórzano fue claro al indicar que las amenazas provienen de grupos de policías que se han venido organizando porque están inconformes con la participación de los miembros de la comisión y han estado manejando sus nombres, profundizando sus perfiles, en asuntos personales, dónde viven y quiénes son su familia, e incluso alguno de los oficiales les advirtió que se la iban a pagar.
Medidas de prevención
Sobre el tema, la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, indicó que a raíz de las amenazas, se han reunido con los miembros de la comisión y han pedido que se tomen las medidas de prevención y se le dé seguimiento a las personas que están en proceso de investigación para poder evitar que vaya a producirse un daño irreparable y que vaya a recaer más sobre el Estado de Honduras una situación internacional de mucho más duda, más crítica y mayor incidencia.
Aludió a la publicación del New York Times que dio origen a la creación de la comisión y cuando trascienden los nombres de las personas que están siendo acusadas por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, figura el nombre de un militar activo que se aduce también lo estaban investigando por otros ilícitos y cómo no pasó nada, no lo suspendieron, el problema les explotó de nuevo.
“Así que aquí lo que queda en evidencia es que los gobiernos, los funcionarios no toman decisiones oportunas y hasta probablemente les protegen o les dan condiciones para que sigan funcionando, por eso esperamos que la Comisión de Depuración, sea una comisión que dé resultados, pero eso va a depender no solamente de ellos, sino que depende de que el TSC, igual haga su trabajo en la Policía”, señaló Castellanos, quien cuestionó que ese organismo, a pesar de tener expedientes desde hace varios meses, solamente ha investigado tres casos y con esa lentitud, no se tienen resultados.
Añadió que igual información debe proveer la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la banca privada, Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y el Ministerio Público, así como una ciudadanía que esté dispuesta a denunciar.
