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Hora cero para nombrar comisionados para la Reforma de la Seguridad

Tegucigalpa – Identificado como el principal problema de Honduras, el tema de la Seguridad, que a veces cobra fuerza y otras parece diluirse, nuevamente marcará la agenda nacional, al margen de los escándalos de presunta corrupción de los “azos” o del movimiento de piezas en el gabinete y en el ajedrez político. Su presencia está ahí, permanente y estructural.
 

En los próximos días, horas quizás, el presidente Lobo deberá decidir cuál es el rumbo que dará a la Seguridad y la intensidad o no con que se le apuesta a la Reforma.

No hay tiempo para alargar la espera. Cerca de seis meses han transcurrido desde que fueron asesinados dos jóvenes universitarios a manos de la Policía. Ello desencadenó una larga lista de implicaciones en actos delictivos, que de acuerdo a Joaquín Villalobos, configuran una especie de “cartel criminal”.

Villalobos, conocido analista internacional y ex comandante de la guerrilla salvadoreña en los años ochenta, sin temor a equivocarse afirma en unos de sus últimos artículos que Honduras “está enfrentando dificultades para decidir quién realizará la peligrosa tarea de la depuración de su Policía, que según algunos, es en realidad un cartel criminal”.

En estos seis largos meses que se cumplena fines de marzo, la Policía ha sido sacudida por denuncias y hechos probados de involucramiento en secuestros, robos, extorsiones, carteles delictivos ligados al crimen organizado, por citar algunos casos. De ellos, no escapa el ciudadano común ni la población vulnerable como la infancia.

Del robo del dinero de la venta de tortillas a un niño, la Policía también ha sido acusada de sustraer un machete a un humilde capitalino que valientemente puso la denuncia ante la recién creada Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), cuyo director, Óscar Arita, tiró la toalla, aduciendo que ya no tenía tiempo para comerse un helado con su familia ni pasear como antes por la ciudad.

Arita, de un pausado hablar que calza con la burocracia judicial en el país, a la cual regresa, dijo que dejaba el cargo “por presiones familiares”. La duda ronda esa teoría pues al momento de ser juramentado sabía el tamaño de la responsabilidad que asumía. Justo cuando sale, el gobierno transfiere los primeros cinco millones a una Dirección vital para la depuración y reforma policial.

Depuración ¿real o cosmética?

En las bóvedas de la DIECP se encuentran ocho mil expedientes con denuncias de presuntas irregularidades policiales, todas ellas en impunidad. El Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin) anuncia una reunión “de emergencia” para elegir al sustituto de Arita e intenta dar aliento de que la depuración policial “sigue su rumbo”, pero la práctica señala que el proceso o es demasiado lento o nunca ha iniciado.

La duda la siembra la ex comisionada de la policía, María Luisa Borjas, al revelar que en las recientes rotaciones policiales efectuadas por la cúpula en señal de querer mostrar “cambios vertiginosos”, lo que ha existido es una especie de “premiación” de los malos y de “depreciación” de los buenos policías y oficiales.

Sobre las rotaciones policiales y los anuncios de supuesta depuración policial, la ex comisionada Borjas dijo que policías que tienen órdenes de captura, siguen trabajando en los cuadros policiales y otros oficiales con procesos judiciales pendientes, más bien acaban de ascender.

“Mucha gente se asombra de cómo hubo ciertos nombramientos en los más altos cargos de la Policía, con eso se demuestra que lejos de premiar las buenas acciones, más bien se premian o se protegen aquellos policías que han deshonrado el uniforme y que han cometido delitos”, acotó Borjas.

“Sí los ascensos son premios al buen comportamiento, a los méritos, esa es una contradicción. En la Policía se deberían de establecer programas de reconocimiento a los actos heroicos, realmente loables dentro de la institución. Hay que sentar precedentes bien claros con aquellos miembros que están involucrados en actos ilícitos”, dijo Borjas en entrevista a Proceso Digital.

Borjas pone así el acento en el problema y devela que se está en el filo de la navaja: O hay voluntad política para enderezar y transformar la Policía, o se sigue con el discurso público del cambio sin que en la práctica nada cambie.

Decisiones claves y elementos distractores

Conasin busca al sustituto de la DIECP para elevar su propuesta al presidente Lobo Sosa y que éste nombre al funcionario adecuado, pero también el gobernante deberá resolver con diligencia otro asunto vital para la reforma policial que es nombrar y conformar la Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública, compuesta por cinco personas, tres hondureños y dos extranjeros.

Los nominados por el Congreso Nacional y la propuesta de la Rectoría de la UNAH ya fueron entregadas al poder Ejecutivo. Los primeros nombres de los propuestos comenzaron a trascender, como parte de un inusitado interés porque se conozca el perfil de los propuestos.

Y ya en medios radiales de prensa, algunos propusieron la necesidad de “ampliar” la consulta de las nominaciones para una mayor “socialización”, al afirmar que deben participar los empresarios, el resto de las universidades y la sociedad civil.

El ojo de Washington

Sin duda, el país entrará así en presiones, públicas unas, sórdidas otras, donde el tiempo al presidente Lobo Sosa se le agota en materia de Seguridad. Cerca de seis meses del asesinato de los estudiantes universitarios y tres del crimen contra Alfredo Landaverde, son casos que entre más impunes se mantengan, más juegan en contra del gobierno del humanismo cristiano, cuya violencia registra un promedio de 17 muertes diarias según cifras oficiales.

La comunidad internacional está vigilante, pero no tolerante. La mayor presión la ha puesto Estados Unidos, alarmado de los niveles de colusión de la policía con el crimen organizado. No son casuales las visitas de sus altos funcionarios.


También, la secretaria de seguridad, Janeth Napolitano, hizo su gira por México y varios países centroamericanos en el mismo tono en que lo hizo el vicepresidente, Joe Biden, con todos los presidentes reunidos en Tegucigalpa.

El tiempo de la Reforma policial para Honduras se acorta y el presidente Lobo tiene en sus manos la decisión de tomar la lectura correcta en cuanto a la limpieza y nueva función policial. Entre más se alargue, corre el riesgo de deteriorar su legitimidad y también de que la ciudadanía, con nuevos actores sociales, tomen la palabra. La inseguridad, sigue siendo por ahora, el principal problema de Honduras.

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