Tegucigalpa – Si los hondureños pierden su número telefónico por no acatar la orden del Gobierno y realizar el registro biométrico estaría cometiendo varios delitos, advirtió el abogado Héctor Alvarenga al enlistar en primer lugar la violación a las garantías constitucionales.
En segundo lugar, agregó, se estaría violentando “la confidencialidad a que se tiene derecho nuestra información, y en tercer lugar al querer obligar a los ciudadanos a que se registren, están excediendo las facultades que le otorga la Constitución de la República a los funcionarios”.
Para el profesional del derecho, al final el mercado terminará regulándose asimismo y prevé que serán las mismas compañías de telefonía móvil que pidan al gobierno que quite la normativa, ya que señala que habrá quienes opten por comprar chips en los países vecinos.
“Como ciudadanos tenemos el derecho a elegir qué compañía queremos contratar, yo tengo el derecho a elegir si tengo chip de Tigo o de Claro, así como a elegir si lo compro en El Salvador o en Guatemala. Es un derecho que nadie me lo puede quitar”, aseguró. VC
