Washington – Numerosos hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y activistas reclamaron hoy ante la Casa Blanca una solución para regular su estado migratorio después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, decidiera terminar con ese alivio.
El Gobierno de Trump arrebató el viernes la protección del TPS a 55,000 hondureños que viven en el país y les dio hasta enero de 2020 para regresar a su país o buscar el modo de regularizar su situación migratoria.
«Llevo aquí desde el 94 con mi familia. (Esta decisión) nos afecta mucho a nuestras familias y economía, tenemos que encontrar una salida para resolver este problema», dijo preocupada a Efe Santos Reyes, una trabajadora de limpieza que se concentró hoy ante la residencia presidencial.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el fin del programa migratorio que permitía a miles de hondureños residir y trabajar en Estados Unidos, aunque la suspensión no se hará efectiva hasta dentro de 18 meses, el 5 de enero de 2020, para favorecer una «transición ordenada».
Para el director de la organización CASA Maryland, Gustavo Torres, eliminar este programa significa «un mensaje de odio» hacia la comunidad inmigrante por parte de la actual Administración.
«Son personas que llevan más de 20 años aquí con sus familias, que tienen negocios o trabajos, que pagan sus impuestos. El presidente les está diciendo: ustedes no son bienvenidos», apuntó a Efe Torres, cuyo grupo organizó el encuentro enfrente de la Casa Blanca.
Cerca de cincuenta beneficiarios del TPS respondieron a esa llamada y pidieron que sus situación migratoria se regularice antes del año 2020, fecha en la que se verían obligados a abandonar el país en caso de no tener la documentación en regla.
Si finalmente tienen que regresar a Honduras, los activistas consideran que pondría en riesgo la vida de muchas familias, incluyendo hijos nacidos en EE.UU.
«Honduras es uno de los países donde más violencia hay en el continente, es el país tal vez mas violento del mundo entero. Hay violencia política, económica y también de pandillas», espetó Torres ante los medios que cubrieron la acción de protesta.
En concreto, el activista se refería a las presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de noviembre de 2017 y las posteriores protestas masivas, que dejaron al menos 18 muertos.
A pesar de los recientes acontecimientos, el Gobierno de Estados Unidos ha insistido en que el TPS fue otorgado a Honduras por el huracán Mitch en 1999 y que los efectos de ese desastre han sido resueltos.
Otro de los asistentes a esta manifestación, el hondureño Mardoel Hernández, aseguró que los beneficiarios de TPS están «aún tratando de asimilar el impacto de esta noticia».
«Esperábamos que lo cancelara, pero una vez lo recibimos ha sido muy impactante», comentó a Efe Hernández, residente en Maryland y que está amparado por el TPS desde el año 1999.
Hernández, oriundo de Tegucigalpa, consideró que «la última carta» de los hondureños pasa porque el Congreso estadounidense apruebe alguna legislación que les permita quedarse en Estados Unidos de manera legal.
Los manifestantes frente a la Casa Blanca coincidieron en que para muchos de los beneficiarios, el TPS ha dejado de ser un alivio migratorio temporal, ya que llevan más de dos décadas en el país, donde se han ganado el derecho de seguir residiendo por su esfuerzo y contribución a la sociedad.
Desde su llegada al Despacho Oval, Trump ha terminado con el TPS de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal.
