Tegucigalpa.- La posibilidad de una presunta conspiración para evitar que se elija una nueva Corte Suprema de Justicia, parece desvanecerse a medida que se acerca el final del proceso y las distintas fuerzas políticas en el parlamento muestran su anuencia a que se produzca una elección y no un alargamiento de los actuales magistrados que conforman el poder judicial.
– Las fuerzas políticas parecen estar claras en no querer reeditar el episodio de hace siete años cuando el Manuel Zelaya, amenazó con echar las tanquetas militares al congreso sino se incluía la lista de magistrados a gente afín a su gobierno.
En sus intervenciones, las distintas fuerzas políticas representadas en el parlamento, a excepción de Libertad y Refundación (Libre), han expresado su interés por que se produzca una elección transparente y el debate se centra en si la votación será individual o por planilla de magistrados, además de tiempo para emitir su voto razonado.
Pero tanto liberales, nacionalistas, udeístas, democristianos, pinuistas y anticorrupción están claros en no querer reeditar el triste episodio de hace siete años cuando el gobierno del ex presidente, Manuel Zelaya, amenazó con echar las tanquetas militares al congreso sino incluía en la lista de magistrados a gente afín a su gobierno que no se habían sometido al proceso de la entonces Junta Nominadora.
Ello llevó a que la ciudadanía, grupos religiosos, empresariales, organizaciones civiles e incluso el entonces comisionado nacional de derechos humanos, Ramón Custodio,–quien integraba la Junta Nominadora—se tomaran los bajos del congreso nacional para iniciar una larga vigilia como presión ciudadana para exigir que se eligiera a la actual Corte Suprema de Justicia.
Mientras la vigilia se instalaba en los bajos del Congreso, delegados del ex presidente Zelaya entraban y salían del parlamento para intentar convencer a su entonces presidente, Roberto Micheletti, que incluyera a gente fuera de la nómina, caso contrario, se anunciaba que o habría Corte Suprema y que los militares se tomarían el parlamento como medida de presión e intimidación.
El ex comisionado de derechos humanos, Ramón Custodio, incluso reveló que el entonces embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, habría presionado a la Junta Nominadora para que complacieran los deseos del ex presidente Zelaya, pero ésta no cedió a la presión. Así consta en el informe de la comisión de la verdad y reconciliación que recogió los hechos que incidieron antes, durante y después del golpe de estado de junio de 2009.
Un pasado que no quieren repetir
Siete años después, el asesor presidencial Marvin Ponce, denunció que se estaba fraguando una supuesta conspiración gestada por el ex presidente Manuel Zelaya y el actual presidente del poder judicial, Jorge Rivera Avilés junto a otros dos magistrados que no identificó, para evitar la elección de un nuevo poder judicial sin argumentar los motivos.
La denuncia de Ponce generó revuelo político e inmediatamente el actual presidente del poder judicial, Jorge Rivera Avilés, negó tal extremo, puso a disposición su teléfono para que vaciaran sus llamadas y dijo que hacía tiempo que no hablaba ni se miraba con el ex presidente Manuel Zelaya.
Manuel Zelaya también negó la denuncia y la atribuyó a un “tapazo” sin fundamento de Marvin Ponce y que la posición del partido Libre que él coordina, es no apoyar a la actual Corte Suprema porque fue ésta quien lo sacó del poder en junio de 2009. Sin embargo, para cerrar el paso a cualquier conspiración o intento de boicotear la elección del nuevo poder judicial, los distintos representantes de las fuerzas políticas en el parlamento comenzaron a dejar su sentada su posición a favor de elegir una nueva corte de justicia.
El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Mauricio Villeda, dijo este jueves a medios locales de prensa que junto a la bancada de su partido fijaron la posición de elegir una nueva Corte Suprema de Justicia porque “vamos por la institucionalidad”.
“Vamos a pedir a la bancada que vea con lupa quienes son los nominados, porque vamos por el balance de poderes en este país, porque al país no le conviene la acumulación de poderes, sino el balance para la democracia”, insistió al no descartar que lo ideal sería que de los 15 magistrados del poder judicial, ocho fueran liberales como parte del balance.
Más adelante se contradijo: “La Constitución habla de integración nacional y yo me inclinaría por ocho a siete (magistrados) a favor del partido liberal, – ¿porqué? – se preguntó a si mismo para luego responderse: “Por qué hace falta un balance político en el país y no se puede pretender que el partido de gobierno tenga el control del todo”.
Pero más allá de sus anhelos, Villeda fue claro en que los liberales no acompañarán ningún tipo de boicot para que no se elija la próxima Corte Suprema de Justicia.
¿La votación podría ser secreta?, ¿Qué dice la Constitución?
En iguales términos se han expresado los diputados del Partido Anticorrupción, quienes no descartan pedir un voto individualizado a la hora de la elección, un procedimiento que está contemplado en la Constitución en su artículo 311 siempre y cuando se cumplan algunos requisitos.
El artículo constitucional señala que “Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina de candidatos no menor de tres (3) por cada uno de los magistrados a elegir. Presentada la propuesta con la totalidad de los Magistrados, se procederá a su elección. En caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los Magistrados, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los Magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario, hasta lograr el voto favorable de las (2/3) dos terceras partes”.
Mientras, los parlamentarios udeístas, de la unificación democrática, el Pinu Social Demócrata y los mismos nacionalistas apuestan por una elección del nuevo poder judicial sin contratiempos, descartando un alargue de la actual corte de justicia o un boicot a la elección.
Solo el partido Libre que coordina el ex presidente Manuel Zelaya está condicionado su voto para la elección, aunque no se perfila una unidad granítica en su bancada, pues algunos han expresado que quieren apostar por la institucionalidad.
Los diputados de Libre que siguen la línea del ex presidente Zelaya ponen entre sus condiciones que se aprueben una serie de reformas político electorales y mayor participación en las cuotas de poder en el tribunal electoral y el registro de las personas, entre otros.
Las otras fuerzas
Libertad y Refundación parece quedarse en solitario en sus condicionamientos, mientras crece la presión ciudadana porque se produzca una nueva elección del poder judicial, de forma amplia, deliberativa y transparente.
Diversas instancias sociales y religiosas han emitido sendos pronunciamientos a favor de que la Junta Nominadora concluya bien su trabajo, presente la nómina de 45 candidatos y que la cámara legislativa proceda a elegir a los 15 magistrados que rectorarán el poder judicial por los próximo siete años.
A ello se suma la omnipresencia permanente que ha hecho la cooperación internacional, en especial la representación diplomática de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, cuyos personeros, desde su embajador hasta su buró político, se han reunido con las bancadas representadas en el congreso y con sectores claves para dejar clara su posición de elegir una corte de justicia que responda a la coyuntura política que vive Honduras y a los escenarios futuros por venir.
En este sentido, todo indica que Honduras podrá contar a partir del 25 de enero, con una nueva Corte Suprema de Justicia, más allá de la biblia que acompaña a partir de este jueves a los nominadores para “iluminar” su escogencia, según les dijo el pastor Jorge Machado, integrante de la Junta Nominadora, al momento de regalarles el libro.
