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Honduras sin estrategias para contrarrestar “narcofondos” en la política

Tegucigalpa – Pese a que afloran las denuncias de financiamiento ilícito en las campañas electorales, así como los “narcocandidatos” en la arena política hondureña, el país no cuenta con estrategias ni basamentos legales para contrarrestar este flagelo que amenaza de este país centroamericano.
 

Las últimas declaraciones en ese sentido las vertió la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Miriam Guzmán, quien lamentó que los nueve partidos políticos que participarán en las elecciones generales de este noviembre, no han presentado informes financieros actualizados para determinar la procedencia de recursos que se utilizan en la campaña electoral.

La funcionaria cuestionó que los partidos políticos argumentan que realizan su campaña de las ofrendas. “Una ofrenda como tal, la comprenderíamos si viésemos una campaña política barata, pero aquí las ofrendas deben ser entonces sustanciosas y recordemos que la misma Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, pone un límite y un techo en cuanto a las ofrendas que pudiesen estar recibiendo los partidos políticos, aunque aquí, hasta el partido más pequeño, con pocos recursos, está haciendo una campaña política carísima”, argumentó Guzmán.

También citó que pagar una valla publicitaria o la publicación de una página en un periódico, “es carísimo, mientras que las carreteras, calles, avenidas y postes del alumbrado público y el servicio telefónico, están atiborrados de propaganda”.

Ombudsman pide no votar por “narcopolíticos”


Con respecto al tema, otra de las voces que se escuchó en las últimas horas fue la del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, quien hizo un llamado a las personas que ejercerán el sufragio el próximo 24 de noviembre, que si tienen conocimiento que algún candidato a cargo de elección popular está metido o tiene nexos con el narcotráfico que no voten por ese político.

El ombudsman hondureño se refirió a que estamos en un proceso electoral en donde se advirtió del peligro de la narco-política, ya que a los partidos políticos no se sabe quién los financia.

Sin embargo, el defensor de los DDHH, dijo que hay que confiar mucho en que los candidatos estén libres de esas sospechas para saber escoger por quién se va a votar.

Una encuesta victimológica hecha en julio del 2012 por la firma Borge y Asociados, a petición del Conadeh, sobre una muestra de 840 entrevistas con un nivel de confianza del 95%, reveló que seis de cada diez hondureños consideran que los narcotraficantes tienen mucha y algún grado de influencia, tanto en su municipio como en el departamento.

La encuesta establece que tanto el 60.1% y como el 61.5% de los hondureños considera que los narcotraficantes tienen mucha y algún grado de influencia tanto en el municipio como en el departamento, respectivamente.

Socióloga: “¿Quién monitorea las fuentes de financiamiento?”


La socióloga Mirna Flores dice que para contrarrestar los dineros sucios en política se tiene que controlar el financiamiento de las campañas, a pesar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha declarado que no hay mecanismos eficientes de control. También las organizaciones que están monitoreando el proceso han dicho que no hay mecanismos de control efectivos sobre los recursos y el financiamiento que están destinando a las campañas electorales.

“Se ven campañas con gastos de recursos enormes, entonces la pregunta que se han hecho otras figuras importantes como la señora Lisa Kubiske (embajadora de los Estados Unidos en Honduras), es que ¿de dónde vienen esos recursos? ¿dónde están siendo monitoreadas las fuentes de estos recursos? Entonces en un país que en la última década ha visto crecer la criminalidad organizada o el crimen organizado y que su territorio ha dejado de ser lugar de paso de la droga y se ha convertido en un lugar donde se lava dinero, donde se consume droga y donde cárteles, inclusive, operando con estructuras bien montadas, mínimamente lo que debería de haber es un control transparente de cada uno de los partidos de decir de dónde vienen los recursos y cuántos son los montos que se están gastando en la campaña política”, dijo la socióloga.

Considera que la rendición de cuentas es una tarea del TSE que debería de tener un reglamento y leyes que pongan límites, que en el país no existen.

“El Tribunal Electoral no ha hecho nada porque hay una legislación muy flexible. Para el caso hay un pacto o acuerdo de no confrontación, de transparencia, pero no se cumple, el asunto es qué tan efectivo es el Tribunal para llevar un control de los recursos que se están gastando en la campaña. Los gastos son enormes y no creo que los partidos políticos hayan dado cuenta de dónde vienen estos recursos”, acotó.

Agregó que “es un secreto a voces que alcaldes y políticos de gran renombre están siendo financiados por las estructuras del crimen organizado”.


Leitzelar: “No se deben aceptar aportaciones en efectivo”

En tanto, el jefe de la bancada del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Germán Leitzelar, argumentó que los fondos ilícitos en las campañas políticas “no es algo fácil de probar”.

“Todo parte no tanto de la especulación, si no de supuestas afirmaciones sobre estos asuntos. Hemos insistido en generar un proceso sobre reformar la Ley Electoral, en la cual se establezcan procedimientos para las ayudas económicas y las inversiones que realizan los políticos”, afirmó.

Continuó que “esas cantidades no deben ser valores tales que puedan comprometer al partido o al candidato una vez que esté en el gobierno y por eso se debe fijar un techo relacionado con el Producto Interno Bruto del país”.

Dijo que otros de los aspectos a tomar en cuenta es determinar un techo a la campaña general. “No se debe permitir que las aportaciones de las empresas o personas particulares se den en efectivo. Deben ser por medio de transferencias bancarias o cheques certificados en cuentas que puedan ser supervisadas por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, así como organismos de seguridad del Estado”, acotó.

El parlamentario también es del criterio que hay que imponer “castigos ejemplares” a los que violenten la Ley Electoral. “Es urgente definir la fuente del financiamiento de las campañas en la ley”, manifestó.

Relató que “cuando miramos candidatos a diputados que tienen más publicidad que los propios aspirantes presidenciales, se pone en duda esa situación y la pregunta que asalta a la gente es: ¿O se están utilizando los fondos públicos o se usan dineros que comprometen a los políticos para que lleven a cabo actos de corrupción?”.

Leitzelar insistió que una reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, controlaría y regularía todos los gastos millonarios en campañas proselitistas.

A inicios de 2012 el padre Fausto Milla, un prominente líder católico del occidente de Honduras señaló que en el recién creado Partido Libertad y Refundación (Libre), participaban “narcopolíticos” que traficaban más allá que con oncitas de drogas.


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