Tegucigalpa – Las últimas acciones hechas por los legisladores hondureños al blindar a los corruptos para que el brazo de la justicia no les alcance, solo viene a sumarse a los desafíos que hacen los países del Triángulo Norte a Estados Unidos, país que parece estar perdiendo la interlocución con sus aliados en esta parte del istmo centroamericano.
Las relaciones entre Washington y sus aliados del Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras, no atraviesan su mejor momento, más allá de las apariencias que brinda la diplomacia discursiva. El Salvador parece ser el país más directo en su confrontación, seguido de Guatemala, y, ahora, se suma Honduras, donde sus legisladores, lejos de dar señales de consolidar la democracia y sus instituciones, fomentan acciones que las debilitan y paralizan al combate contra las drogas y la corrupción, dos objetivos, que aparte del fenómeno migratorio, parecen ser prioridades en el radar de los Estados Unidos.
En Honduras, el Parlamento, controlado por el gobernante Partido Nacional, no parece inmutarse frente a las designaciones hechas por el Departamento de Estado con la Lista Engel, ni la cancelación de visas a muchos congresistas; ellos siguen su estrategia de blindaje y en las últimas reformas aprobadas a inicios del mes de octubre al Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley de lavado de activos, hay un claro mensaje que favorece a la corrupción y al crimen organizado, en especial al narcotráfico.
Las reformas aprobadas limitan la acción de la investigación para casos de corrupción y crimen organizado, han señalado los especialistas, e incluso el propio Ministerio Público, al considerarlas un retroceso en la lucha contra estos fenómenos, por considerar que desnaturalizan el proceso acusatorio y vuelven al sistema inquisitivo en donde un juez, para impartir justicia, deberá hacer también funciones propias de investigador.
El Congreso Nacional reformó el artículo 47 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos para que el secreto bancario sea «suspendido únicamente en las investigaciones por los delitos de tipificación en los títulos 25 y 32 del Código Penal y supuestos de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito, mediante siempre orden emitida por el órgano jurisdiccional competente».
Los especialistas lamentan que el parlamento no legislara a favor del pueblo hondureño, pues entre los diputados que aprobaron las reformas, hay algunos investigadas y con procesos.
En sus reformas, los diputados también enviaron un claro mensaje a las organizaciones de sociedad civil que investiguen, monitoreen o hagan seguimiento de veeduría a actos de corrupción pública, al incluirlos en la lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP), al margen de la definición que al respecto hace las Naciones Unidas y la misma Comisión Nacional de Banca y Seguros.
Los mensajes de Guatemala
Las PEP, son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos, de acuerdo a las recomendaciones hechas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que busca poner límites al lavado de activos y dinero de procedencia ilícita.
Los congresistas hondureños en su estrategia de blindaje enviaron un mensaje a quienes les fiscalizan, siguiendo patrones similares en Nicaragua y El Salvador, pues aquellas organizaciones que reciben recursos de cooperación a favor de la transparencia y lucha contra la corrupción pueden ser sujeto de una muerte financiera, si los congresistas estiman que su labor es “incómoda”. Así lo ha alertado la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) que tiene en Honduras la representación de Transparencia Internacional.
Con estas acciones legislativas, Honduras se suma a lo hecho por sus pares en Guatemala y en El Salvador, respectivamente. En Guatemala, luego de la visita que hiciera a ese país la vicepresidenta Kamala Harris para reafirmar lazos de “cooperación anticorrupción”, la fiscal de ese país, Consuelo Porras, destituyó al fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, por iniciar una pesquisa en contra del presidente Alejandro Giammattei. Sandoval, tuvo que abandonar del país, por puntos ciegos para poder llegar a Estados Unidos.
Washington condenó la acción y metió en la lista Engel a la fiscal Consuelo Porras, sobre quien el gobierno de Giammattei ha cerrado un círculo de protección, debilitando así su relación con Estados Unidos. Los analistas guatemaltecos indican que la acción de Washington es una acción que genera bochorno y vergüenza a ese país, pues nunca había sucedido un hecho de tal naturaleza, tensado así las relaciones entre esos dos países.
La prensa guatemalteca estima que con la nueva política de restricción de visas anunciada por Estados Unidos, las embajadas de ese país en Guatemala, El Salvador y Honduras, tendrán más discrecionalidad para retirar visas a funcionarios y personas vinculadas en casos de corrupción o que atenten contra la independencia del sector justicia o de fiscales anticorrupción. Aunque la medida será más rápida y más amplia, los nombres de las personas a quienes se les retiren las visas no se harán públicos.
Los expertos, confían en que, pese al mensaje de Washington, éste no sacará del radar a Guatemala y apostará por “profundizar” en su democracia y espacios de mayor pluralismo e inclusión, aunque el escenario actual no sea el más favorable. Estiman que el país que si salió del radar de Estados Unidos es El Salvador, tras su vinculación con China y los desafíos del presidente Nayib Bukele, considerado ya como un mandatario autoritario.
La rebeldía de Bukele
A Bukele no parece importarle lo que piense Washington de su gobierno, pues al conocer las primeras designaciones de la lista Engel, que implican a gente de su entorno cercano, cuestionó las políticas del presidente estadounidense, Joe Biden, y dijo que ellos tienen su propia “lista de corruptos” y seguirán haciendo justicia a su estilo. Bukele controla ahora los poderes legislativo y judicial, y ha empezado lo que llama una “depuración” de la justicia quitando jueces o forzándolos a su renuncia. Algunos de estos jueces conocen casos de lesa humanidad que implica a miembros de la Fuerzas Armada, última que mantienen una estrecha relación con el gobierno de Bukele.
La Asamblea Nacional salvadoreña ha aprobado leyes que lejos de combatir la corrupción, la arropan, y aunque han salido también denuncias de corrupción en la actual administración, éstas son disminuidas y existe desde ese poder del Estado y la administración central, una especie de persecución en contra de organizaciones civiles y empresariales que han fomentado la transparencia y la lucha anticorrupción.
Ese desafío a Washington, hecho tanto por el Parlamento como por el Poder Ejecutivo, ha tenido uno de sus puntos de mayor tensión, en la respuesta que el presidente Nayib Bukele diera a uno de los asesores principales de la administración Biden, al sugerirle que no se meta en la democracia salvadoreña.
«A ustedes no les interesa la democracia, sino sus propios intereses nacionales. Lo dijo tu jefe, en televisión en vivo, luego de que gastaran un trillón de dólares y 20 años de destrucción y muerte en Afganistán. Por favor, mantengan alejada su “democracia” de nuestro país», escribió Bukele en su cuenta de Twitter.
El gobernante salvadoreño reaccionó así luego que Juan González, principal asesor de la administración Biden para Latinoamérica, dijera en declaraciones a la agencia española EFE, que Estados Unidos quiere coordinarse con otros países para prevenir que “El Salvador se vuelva otra Venezuela”, porque le preocupa cómo Bukele “usa su popularidad para debilitar el sistema democrático”.
De esta forma, los analistas sostienen que la relación entre ambos países se ha deteriorado desde la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. Destacan la carta que un grupo de congresistas enviara en septiembre del año pasado, expresando sus preocupaciones por el debilitamiento del Estado de derecho en ese país, y desde entonces Bukele no baja el tono confrontativo con Estados Unidos. Su último mensaje, es el más fuerte dado con su principal socio comercial, destacan los expertos.
Los países del Triángulo Norte parecen iniciar un distanciamiento de Washington que no ha tenido hasta ahora, tino para interpretar lo que ocurre en la subregión, el avance de la corrupción y de la criminalidad organizada, última que se refuerza con regímenes autoritarios que van deshaciendo las reformas normativas e institucionales de los últimos 30 años. (PD).
