Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y Transparencia Internacional (TI), -capítulo Honduras-, presentó el foro: Estado de País Honduras 2022, sobre la Situación de la Transparencia y Lucha Anticorrupción donde alerta que más de 2 mil lempiras por segundo se pierden por la corrupción y eso representa más de 12 % de su Producto Interno Bruto (PIB).
– El informe sitúa a Honduras entre los 25 países –de 180-, más corruptos del mundo.
– El Ministerio Público apenas recibió 96 denuncias por corrupción, en 2016 fueron 458.
– Después de Venezuela, Honduras tiene el Congreso menos transparente de Latinoamérica.
– Honduras pierde 406.30 lempiras en energía cada segundo por hurto y fallas técnicas.
– Cada 2 horas muere un menor a 5 años y cada 6 horas un niño es abusado sexualmente.
Expertos expusieron sobre impunidad, captura de las instituciones, falta de acceso de información pública e indiferencia ciudadana, que entre otros temas debilita la lucha anticorrupción, señalaron que falta régimen para la mayoría de los 11 procesos de selección de altos funcionarios y una Ley de Servicio Civil desfasada derivan en politización de cargos en la administración pública.
Y es que por cada segundo se pierden exactamente 2 mil 119.27 por causa de la corrupción, entonces en lo que va del año se estiman que más de 33 mil millones de lempiras. Más de mil 300 millones se perdieron en 2021, con esos recursos se pudieron construir al menos mil 500 kilómetros de carreteras pavimentadas, o 76 hospitales y un total de 383 mil 533 niños pudieron ser educados hasta noveno grado en Honduras.
Por más de 30 años se han invertido cuantiosos esfuerzos en la lucha contra la corrupción; sin embargo, los desafíos que enfrenta el Estado en la materia requieren la participación de todos los sectores de la sociedad, señala ASJ en el octavo foro de la serie “Estado de país: Honduras 2022”, en el que analizó la situación de la transparencia y la lucha anticorrupción.
Honduras se encuentra entre los 25 países más corruptos del mundo. En 2021, el país se ubicó en el puesto 157 de 180 países y territorios evaluados por el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, con una puntuación de 23/100, la peor desde 2012.
La ASJ recalca que la lucha anticorrupción ha enfrentado obstáculos como la falta de voluntad política, instituciones frágiles, débil rendimiento de cuentas, mientras la indiferencia ciudadana también ha contribuido a acrecentar el flagelo. Entre 2002 y 2020, más del 50% de ciudadanos afirmaron que «se puede pagar el precio de cierto grado de corrupción, siempre que se solucionen los problemas del país», de acuerdo a Latino barómetro.
En este sentido, el organismo de la sociedad civil hondureña revela que esta desconfianza ciudadana también se ve reflejada en la cantidad de denuncias por corrupción. De 458 denuncias en 2016, la cantidad bajó a 119 en 2021 y en lo que va de 2022, el Ministerio Público ha recibido 96 denuncias por corrupción.
A esto se suma la falta de controles en el gasto público, que contribuye a que se pierda el 12.5% del Producto Interno Bruto (más de 25 mil millones de dólares) a causa de corrupción, según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
Por otro lado, la lucha contra la corrupción se enfrenta a un marco legal deficiente y pactos de impunidad, con obstáculos para instituciones contraloras, especialmente el Ministerio Público. Muestra de ello es la aprobación a inicios de 2022 de la amnistía política para el período 2006-2009, que representó un obstáculo a investigaciones futuras y un beneficio a personas que cometieron delitos de corrupción.
Otro de los desafíos que perjudican la situación de corrupción y transparencia, es la falta de acceso a la información pública confiable, oportuna y entendible. Entre 2018 y 2020, el 31.4% de solicitudes de información pública no eran respondidas por las instituciones obligadas y 11.4% se respondieron fuera del plazo establecido en la ley, lo que representa un acceso ineficaz a la información.
La falta de transparencia afecta también al Congreso Nacional, que se coloca como el menos transparente de América Latina después de Venezuela, mientras la capacidad de sanción del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es prácticamente nula. Sumado a esto, Honduras es uno de los pocos países donde las declaraciones patrimoniales de los funcionarios no son públicas, aduciendo que esta información es de uso exclusivo del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
“Hoy la lucha contra la corrupción se ha convertido en un arma política, en vez de un instrumento para exigir la rendición de cuentas de manera imparcial. Después de 30 años necesitamos un nuevo enfoque en la lucha contra la corrupción”, manifestó Lester Ramírez, director de Democracia y Transparencia de ASJ.
Por su parte, Delia Ferrera, directora de Transparencia Internacional (TI) en su corta participación de manera virtual que si no se mejora la capacidad de gestión y ejecución de los gobiernos para mejorar la confianza en las instituciones, donde la corrupción no puede normalizarse porque de lo contrario el nivel de vida no podrán mejorarse y por ende las democracias seguirán en detrimento. JP
