Ginebra – Honduras solicitó cooperación y asistencia técnica a la Oficina del Relator Especial de Defensores de Derechos Humanos para fortalecer el Sistema de Protección Nacional en esa materia y que abarca a defensores, comunicadores sociales, periodistas y operadores de justicia.
La solicitud fue extendida en nombre del Gobierno de Honduras por la directora general del Sistema de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Nora Urbina, durante su participación en un diálogo con el Relator Especial de Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, realizado en la celebración de la 34° sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
La funcionaria hondureña precisó que la petición de acompañamiento, fue reconocida por el Relator Especial Forst “como un signo positivo, que muestra la voluntad política por parte del Gobierno y la colaboración de éste con el sistema de Naciones Unidas”.
Urbina también extendió invitación formal a Forst para que realice una visita oficial al país y expresó palabras de reconocimiento a la memoria de la defensora del medio ambiente Berta Cáceres, a un año de su asesinato.
Durante su participación Urbina explicó al Consejo de Derechos Humanos sobre el establecimiento a partir del 2015 de un mecanismo específico de protección de defensores, comunicadores sociales, periodistas y operadores de justicia, y los avances en su implementación en los últimos meses.
El Sistema de Protección se estableció mediante decreto legislativo 34-2015, con una amplia participación de la sociedad civil, quienes forman parte del Consejo y participan de su proceso de implementación y rendición de cuentas.
La Ley para la protección los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia se basa en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos de 1998 y la Resolución 13/13 del Consejo de Derechos Humanos.
La ley, en vigor desde junio de 2015, reconoció igualmente que los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, y operadores de justicia se han convertido en un grupo en posición de vulnerabilidad, por lo que se consideró como necesario el establecimiento de un mecanismo de protección.
La delegada del gobierno hondureño también solicitó cooperación a organizaciones de la sociedad civil en Ginebra, a las Misiones Permanentes de Suiza, Noruega, el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe, así como a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
