A este cerco montado por dos fenómenos con alta presencia en el país, se suma la impunidad estatal, la displicencia de la autoridad para investigar, la costumbre de gobernar con declaraciones y la indiferencia de un amplio sector de la prensa que considera que “nunca será afectada” por los depredadores del periodismo.
En los últimos dos años, más de 16 comunicadores sociales y personas ligadas al ámbito de la Comunicación han sido asesinadas sin que se obtenga una respuesta firme sobre sus causas, mientras crece la oleada de intimidación, atentados y amenazas que por sutiles no dejan de ser directas.
En regiones como Olancho, Atlántida, Colón, Copán y La Mosquitia, por citar algunos casos, el periodismo se ejerce “a discreción” porque si un suceso puede ser relevante en la agenda pública nacional, surgen las voces—casi siempre de la autoridad local o la uniformada—señalando la conveniencia o no de sacar una nota.
“Si capturan a unos delincuentes peligrosos o que están ligados a las bandas de narcotráfico, hemos optado por no sacar su rostro, por hacer tomas de otro tipo, porque luego los liberan y nos van a buscar o mandan mensajes contra nuestra familia”, dijo a Proceso Digital un comunicador rural que prefirió el anonimato.
Otro, en cambio, comentó que tomó sus propias precauciones: cerrar su programa porque “sino puede hacer periodismo diciendo lo que pasa, es mejor buscar otra cosa”.
“Aquí usted en estas zonas, si quiere poner un negocio, debe pagar el impuesto de guerra en la municipalidad, porque sino a las semanas, le mandan con la policía a robar o le intimidan; yo analizo el irme de este sitio”, acotó, tras décadas de vivir en uno de los vastos departamentos del país.
Las amenazas proceden de todos lados, de la autoridad local, de los uniformados y de personas vinculadas a los llamados poderes paralelos que conforma el crimen organizado.
Los hecho en el interior también alcanzan a los dueños de los medios de comunicación, tal y como ocurrió ésta semana con el empresario René Martínez Vigil, en la central región de Capiro, Comayagua. Martínez Vigil (64) propietario de estaciones radiales “Corporación” y de un canal de televisión, fue secuestrado y liberado por sus captores, en una acción un tanto inexplicable.
Su esposa Carmen Martínez expresó que ellos en sus empresas “no manejamos una política de confrontación”.
La historia en las grandes ciudades no es distinta, sólo que la prensa, hasta hace poco sentía más lejanos los problemas de los comunicadores rurales y más de alguno se siente blindado. La indiferencia y la falta de solidaridad han sido más evidentes en los periodistas que habitan en los centros políticos en donde se mueve el poder.
En las últimas cuatro semanas, tras los escándalos en que se ha visto envuelta la policía con el asesinato de dos jóvenes universitarios, entre ellos el hijo de la rectora de la UNAH, así como su presunta vinculación en mafias criminales operando desde las postas policiales, el extravío de armas, el empeño de éstas en negocios particulares, el asalto a un menor al robarle su venta de tortillas, entre otros hechos vergonzosos, se ha desatado una especie de “cerco sutil” contra la prensa.
Los periodistas denunciaron que cuando fueron requeridas unidades de transporte de la posta policial de La Granja y otros hechos relacionados con el asesinato de los universitarios, policías les intimidaban, les fotografiaban, filmaban y hasta lanzaron amenazas verbales para impedir que siguieran su labor.
Otros, detectaron la circulación de carros sin placas, del tipo de vehículos que usa la autoridad uniformada del país, rodeando sus casas e incluso filmaron a sujetos desconocidos que no dudaban en mostrar la cacha de sus pistolas y apuntar hacia la casa de varios periodistas.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, denunció que un aparato controlado de poder busca aterrorizar a la prensa y los periodistas, luego de conocer la denuncia formal y testimonio de varios comunicadores sociales, tras las amenazas por la cobertura al tema policial.
“Ese aparato controlado de poder le está mandando un mensaje al pueblo hondureño, que ellos son tan poderosos que pueden hacer cualquier cosa impunemente y en forma programada”, dijo el comisionado que viene denunciando en forma sistemática en los últimos años las violaciones a las libertad de expresión.
Uno de los hechos de intimidación preocupantes en este contexto, fue la intimidación y atentado que fuera objeto uno de los hijos del periodista, Renato Álvarez, cuando desconocidos le pusieron frente a su casa de habitación, dos pistolas en cada lado de su cabeza, intentando simular un raro asalto del cual solo se llevaron sus útiles y su mochila de la universidad.
El hecho se produjo tres minutos antes de que Álvarez, director de Telenoticias de Canal 5, hubiera ingresado a su casa para preparar los alimentos a sus hijos, y según las pesquisas del comisionado de los derechos humanos, un carro se había introducido al sitio, que es resguardado por una seguridad privada, pero los guardias no supieron dar reporte del carro y solo ante la insistencia de los vecinos y del comisionado, Ramón Custodio, revisaron y encontraron que había ingresado el carro, sin placas y no lo reportaron.
Desde la autoridad policial, el discurso es de “solidaridad” e “investigación” del suceso, pero en privado echan a correr el rumor entre los periodistas que pudo ser un acto de “delincuencia común”.
No obstante, el periodista Álvarez es objeto de seguimientos y visitas incómodas de ex miembros policiales que se caracterizan por sus mensajes sutiles y le piden que “baje el tono” a la información, según consta en el testimonio proporcionado al comisionado nacional de los derechos humanos.
En esa misma línea, pero esta vez en la ciudad de San Pedro Sula, el director de Radio Uno, el periodista Arnulfo Aguilar, denunció también amenazas anónimas telefónicas en donde le dicen que lo van a matar junto a uno de sus hijos.
La organización internacional Reporteros sin Fronteras ha advertido nuevamente del clima de indefensión en que se encuentra el periodismo hondureño y cataloga a Honduras como uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
En ese momento, el diario La Tribuna denunció lo que consideró un “hecho más de impunidad” por el sobreseimiento que fueran objeto tres agentes policiales implicados en la paliza dada a su periodista, Martín Ramírez. Con pruebas y evidencias en contra de los agresores, un tribunal los absolvió por considerar que no había méritos suficientes.
Este miércoles, diario la Tribuna denunció en su portada, las amenazas e intimidación contra su personal periodístico, en un hecho más de la escalada contra la prensa.
Otros medios de comunicación han sufrido los mismos vejámenes aunque sus dificultades no han trascendido mediáticamente.
Estos y otros actos intimidatorios a la prensa no configuran un buen panorama para el ejercicio periodístico, donde los agremiados del Colegio de Periodistas esperan un activo papel de órgano gremial.
Pese a la censura sutil que imponen ciertos sectores de poder, se espera un seguimiento a las reuniones entre el CPH con el nuevo ministro de seguridad, Pompeyo Bonilla, para que e más allá de interponer “la queja” de sus agremiados se avance más allá de las palabras y promesas.
