El “Acuerdo para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático de la República de Honduras”, comúnmente conocido como “Pacto de Cartagena”, representa también el inicio de una nueva fase dentro de la lucha política hondureña, que pondrá en los comicios generales de 2013, la capacidad de reflote o de hundimiento del bipartidismo hondureño.
De momento, la peor fractura dentro del bipartidismo hondureño la tiene el Partido Liberal, que ante la llegada de Zelaya no logra salir con una posición contundente sobre el rumbo a pintar y el rol que podría jugar, a lo interno, el polémico ex gobernante hondureño.
Pero en el Partido Nacional, la “unidad consolidada” tampoco se vende, al surgir las primeras precandidaturas políticas, fuera del oficialismo y del paraguas del gobernante Lobo Sosa.
Al menos, así lo reflejó el lanzamiento del precandidato político, Fernando Anduray, quien si bien no se perfila como un líder que arrope las masas del nacionalismo, representa una creciente corriente interna de oposición de nacionalistas, de línea dura, inconformes, con el actual gobierno y sus actuaciones.
Si bien no todo está dicho dentro del bipartidismo hondureño, el Acuerdo de Cartagena es una nueva ventana en la faceta política del país donde comienza a asomar un tercer actor, cuya fuerza política, dependerá de la contundencia y coherencia de sus propuestas y planteamientos, más allá de los hechos panfletarios del momento.
Acuerdo de Cartagena fortalece a Lobo
El más reciente análisis de coyuntura política elaborado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), señala que el Acuerdo de Cartagena se produce en una coyuntura política para el país, en donde ya existían “altas posibilidades” de que el retorno de Honduras a la OEA fuera inevitable. Se hablaba de un reingreso por mayoría y de haberse producido antes de la firma del Acuerdo de Cartagena, hubiese representado un “fuerte golpe” a la lucha popular, y en el peor de los casos, habría implicado que el ex presidente Manuel Zelaya se hubiese quedado anclado en su autoexilio. |
“Los acuerdos se terminan de negociar y firmar cuando en la OEA, los países miembros de manera mayoritaria (con el liderazgo de Estados Unidos), apoyan el retorno de Honduras a ese organismo internacional. Lo anterior es producto no sólo de la “diplomacia” de los Estados Unidos, sino que también de la ofensiva diplomática llevada adelante por Porfirio Lobo Sosa”, cita en su análisis el Cespad.
En el plano nacional—sostiene– la movilización en las calles había perdido fuerza, el magisterio fue duramente golpeado y obligado a negociar sus reivindicaciones en condiciones de mucha desventaja, mientras afloraban casi en simultáneo las diferencias a lo interno del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), al cual consideran como la más representativa fuerza de “oposición política” actualmente en el país.
El análisis de coyuntura indica que tras la firma del Acuerdo, el presidente Lobo Sosa logró sellar el reconocimiento a su gobierno, ampliar su legitimidad interna al lograr que se reconociera a la Constitución hondureña como el marco legítimo por el cual se rige el Estado de Derecho, lo cual fue reafirmado por Zelaya y el FNRP al avalar la firma del acuerdo.
En el caso del FNRP el acuerdo le permitió no solo el retorno de Manuel Zelaya tras limpiarle los casos de presunta corrupción incoados en su contra, sino que también abrió el espacio para que el Frente se convierta en una fuerza política que le permita participar de cara a las próximas elecciones político-electorales.
Cartagena de Indias, también es el inicio de una fase en la lucha política hondureña, que a criterio de los integrantes de Cespad, tiene diversas lecturas y caminos.
Diez apuntes para la lectura política
El análisis de coyuntura, a cargo del sociólogo Eugenio Sosa, contó con la retroalimentación de diversos sectores de interés político, académico y social del país. Según, a la luz de los acontecimientos, 10 son al menos las características de esta nueva fase en la lucha política hondureña.
La primera se refiere a la pérdida de influencia de los actores internacionales en el curso que continuará la lucha política. Sostiene que con el retorno de Honduras a la OEA, los actores internacionales perderán fuerza y peso en los acontecimientos nacionales en torno a la lucha política. La segunda característica se refiere al cierre del ciclo de la movilización callejera y la apertura de la lucha institucional-electoral. |
La tercer característica aborda la pérdida de fuerza y legitimidad del discurso de la Resistencia hacia el gobierno de Lobo Sosa, como ilegítimo y sucedáneo del régimen de facto. Este discurso, ya no tiene credibilidad ni legitimidad en esta nueva etapa.
Una cuarta característica es que perderán fuerza los discursos e ideas de la Asamblea Nacional Constituyente autoconvocada y originaria, al igual que el rechazo de la participación electoral del FNRP como vía para la lucha por el poder. Ello se basa en el reconocimiento que hizo en el Acuerdo de Cartagena a la Constitución hondureña como normativa vigente que rige la vida del país y del artículo 5 constitucional como la vía para llegar a la asamblea nacional constituyente.
La quinta faceta que abre esta nueva lucha, es la profundización de la crisis del Partido Liberal. El retorno de Zelaya ha reactivado el debate a lo interno de este centenario instituto político, cuyas autoridades se han quedado “inactivas” ante la llegada del ex presidente.
Una sexta característica para la actual coyuntura política es la capacidad de liderazgo de Zelaya para influir en todas las fuerzas políticas y sociales de la Resistencia y su apuesta por el Frente Amplio. Ha llegado el momento que Zelaya demuestre sus habilidades de buscar claridad en la dispersión y atomización del FNRP. Zelaya se ha declarado un “liberal pro socialista” y desde ahí piensa conformar una alianza política con diversos sectores sociales en un Frente Amplio, que en primera instancia, podría ungir como candidata política a la ex primera dama, Xiomara Castro, quien deberá mostrar, en la arena política, la dimensión de su “caudal electoral”.
La séptima característica es el desafío del FNRP de construir un instrumento político incluyente. Esta es la prueba de fuego para este grupo social conformado tras la crisis de junio de 2009.
La octava característica se resume a las reformas políticas que se hagan mediante la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas que si bien contempla las candidaturas independientes y la figura de las alianzas políticas, en donde faculta a los partidos políticos a constituir alianzas totales o parciales, pero ante la conformación de una tercera fuerza política que podría ser el Frente Amplio, habría que considerar como se formarían las alianzas o coaliciones en el marco de las reformas políticas. |
Una novena condicionante a considerar es el relativo al plazo de los tiempos político-electorales. La actual fase de lucha política estará condicionada por el contexto pre-electoral y electoral.
Finalmente, la décima característica se refiere al riesgo en el actual momento de apostar a la contienda política por la Asamblea Nacional Constituyente. Destaca en este punto lo que denomina una “especulación” que al respecto se ha gestado desde diversos sectores sociales, políticos y de la comunicación en el país, acerca de una inminente convocatoria a un plebiscito con cara de constituyente. En el actual contexto, sostiene el análisis, una asamblea constituyente solo sería favorable a las actuales fuerzas políticas conservadoras, tras advertir los riesgos que correrían las fuerzas zelayistas si se “embarcan” en el pegajoso discurso actual de la constituyente.