Tegucigalpa – Una alta fuente de la Fiscalía hondureña le confió a Proceso Digital que desde hace aproximadamente un mes investigaban el plan que se gestaba para asesinar a la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana.
La fuente detalló que al estar involucrados ciudadanos hondureños en la planificación del asesinato contra la alta funcionaria guatemalteca, se iniciaron las investigaciones con el afán de confirmar o desvirtuar el macabro plan.
El Ministerio Público manejó las diligencias investigativas bajo secretividad y no era la intención hacerlo del conocimiento general hasta no tener plenamente identificados a los supuestos sicarios hondureños.
“Un equipo especializado comenzó hace más o menos un mes las investigaciones”, señaló la fuente que prefirió el anonimato.
El miércoles de esta semana, la propia fiscal Aldana hizo pública la denuncia sobre el plan para asesinarla. En el mismo habían sido contratados sicarios hondureños, detalló ante medios de prensa.
«Estamos dando seguimiento a la información que ella (la fiscal Aldana) nos proporciona y cotejando con la nuestra. A su vez estamos compartiendo con los equipos de ella para tratar de ver cómo logramos neutralizar cualquiera sea el lugar de la amenaza», señaló la alta fuente de la Fiscalía hondureña.
Aldana fue la encargada de investigar y llevar el caso llamado La Línea, el escándalo de corrupción que sacudió Guatemala y que llevó a la renuncia y posterior encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez y su vicepresidenta Roxana Baldetti.
La alta funcionaria fue apoyada por la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) para el trabajo de investigación, así como los otros casos de corrupción y captura del Estado por el crimen organizado.
CIDH pide al Estado de Guatemala La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, y exhortó al Estado a cuidar su integridad y la de su familia. La confirmación de esta resolución le fue comunicada hoy a Aldana por el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, quien tramitó la solicitud después de que la jefa del Ministerio Público (MP) denunció recibir amenazas en junio pasado. De León Duque explicó que la CIDH otorgó medidas a Aldana y a su núcleo familiar, y que también pidió al Estado de Guatemala que le brinde la seguridad necesaria para que pueda desarrollar su actividad sin amenazas ni intimidaciones. Asimismo, agregó que es necesario que el Gobierno informe a la comisión de cómo van las investigaciones de los autores de estas amenazas y que en un plazo de 20 días, desde este viernes, se comuniquen los preceptos de seguridad adoptados. Aldana dijo que hay posibilidades de que entre el grupo de sicarios contratados para atentar contra su persona haya personas de nacionalidades hondureña y guatemalteca. |
Habla la fiscal
“Esta es la respuesta del crimen organizado y no de todos; creo que de algunas estructuras y de una en particular”, dijo Aldana. “Es un proceso tan frágil que con mucha facilidad se cae, con mucha facilidad da vuelta atrás, no en los casos, que estoy convencida están bien trabajados. Me refiero a la fragilidad de la lucha contra la corrupción en el país porque son estructuras incrustadas en el estado por años. Nosotros señalamos los casos, pero aquí es el sistema el que debe cambiar”.
La fiscal desmenuzó que las amenazas le fueron hechas a ella directamente y que, a pesar de que «tener miedo es de humanos», ha reforzado su seguridad y es más precavida. La fiscal dijo que su familia permanecerá en el país, pues no tiene los recursos para sostenerlos fuera.
Las autoridades han elaborado varias hipótesis sobre el posible atentado en su contra, señaló la fiscal, e incluso confirmó que una de las informaciones se relaciona con la contratación de un grupo de sicarios de Honduras y Guatemala para ejecutar un plan contra su persona.
La semana pasada, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo que según una investigación de su cartera, las amenazas provienen de una red de corrupción denominada «La Línea», que fue desarticulada por una investigación penal adelantada por Aldana y un organismo internacional en 2015.
A la fecha, las autoridades no han realizado capturas sobre los presuntos responsables de las amenazas.
“Aquí todo se vuelve político partidista, se engaña a la gente, hay demagogia y eso no me interesa», explicó, para luego puntualizar: “Así me destituyan, me amenacen, yo estoy comprometida con mi trabajo y lo voy a hacer”.
