Tegucigalpa – El Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), inauguró este martes una nueva sede de la Fiscalía de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural, como parte de los esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas y afrohondureños.
La inauguración se llevó a cabo en La Esperanza, departamento de Intibucá (oeste), y fue presidida por el fiscal general, Johel Zelaya, y el embajador de España en Honduras, Diego Nuño García, quienes reafirmaron el compromiso de ambas instituciones con la defensa y protección de los derechos humanos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes.
“Se trata de garantizar el acceso a la justicia de los pueblos originarios, históricamente abandonados, a quienes debemos brindar una atención integral y digna. Aquí hay un fiscal general que tiene empatía con esos pueblos, porque llevo sangre lenca y me siento orgulloso de nuestras raíces”, subrayó Zelaya durante su intervención.
La nueva sede fue establecida con el propósito de fortalecer la capacidad operativa y de respuesta del Ministerio Público ante las demandas de justicia de la población lenca, brindando atención especializada y culturalmente pertinente desde la Oficina Local en Intibucá, informó la AECID en un comunicado.
Se prevé que esta oficina tendrá un impacto directo en los 17 municipios del departamento, donde alrededor del 80 % de la población pertenece a pueblos originarios.
Como parte de este esfuerzo conjunto, se realizaron mejoras físicas en las áreas de atención y entrevistas, se instalaron estaciones modulares de trabajo y se dotó la sede con mobiliario y equipo informático, con el objetivo de ofrecer condiciones dignas y adecuadas para la atención a la ciudadanía y para el desempeño del personal fiscal.
La apertura de esta sede se enmarca en el proyecto “Fortalecimiento de la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural para garantizar el acceso a la justicia para los pueblos indígenas y afrohondureños”, que impulsa la Fiscalía con el respaldo del Gobierno de España.
Esta iniciativa responde a un enfoque integral que busca no solo ampliar la cobertura territorial de la Fiscalía, sino también fortalecer sus capacidades institucionales y sensibilizar a los operadores de justicia sobre los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes (PIAH).
En ese contexto, se han impartido capacitaciones a fiscales, defensores y jueces de todo el país, con el objetivo de garantizar una aplicación más efectiva de los estándares internacionales de protección, tales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Como parte de los esfuerzos para garantizar el pleno acceso a la justicia, el proyecto contempla también una campaña nacional de sensibilización y educación, que será difundida en los próximos meses.
Esta iniciativa tiene como propósito fortalecer el conocimiento de la población -en especial la indígena y afrodescendiente- sobre sus derechos, para que puedan ejercerlos y exigir su respeto y cumplimiento. EFE
