Tegucigalpa – De acuerdo a un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), al menos medio centenar de hechos violatorios a las libertades de expresión y de prensa ocurrieron en el país en 2022.
– Además datos preliminares indican que, en el 2022, no se registró ninguna sentencia condenatoria contra los responsables de ultimar a las 95 personas vinculadas a los medios de comunicación.
Un informe del ente estatal reveló que, el ejercicio periodístico, en el país, se vio afectado por una serie de hechos violatorios a las libertades de prensa y de expresión que van desde amenazas, agresiones, atentados, hostigamiento, intimidación, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado e incluso la muerte violenta e impune de cinco personas, entre ellos dos periodistas, dos comunicadores sociales y un camarógrafo.
En esta radiografía de inseguridad, para las personas que trabajan en medios de comunicación, los departamentos de Lempira, Cortés, Choluteca, Atlántida y Francisco Morazán fueron escenario, en el 2022, de la muerte violenta de cuatro personas que laboraron en televisión y uno radio.
En este escenario de violencia, contra personas que laboran en medios de comunicación, al menos, cuatro fueron objeto de atentados contra su integridad física y sus vidas. Dos casos tuvieron lugar en Tegucigalpa, Francisco Morazán; uno en Gracias, Lempira y otro en Marcovia, Choluteca.
El 26 de mayo del 2022, ocurrió un hecho condenable cuando el camarógrafo, Ricardo Ávila fue víctima de un atentado criminal, por sujetos desconocidos, que le impactaron un balazo en la cabeza.
El hecho ocurrió en la comunidad de Santa Cruz, jurisdicción del municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca. Por la gravedad de las heridas, Ávila fue remitido a un centro hospitalario, tres días después perdió la vida.
Asimismo, 17 trabajadores de medios de comunicación también denunciaron ser víctimas de amenazas. En algunos de los casos se responsabilizó a funcionarios gubernamentales, autoridades municipales y personas particulares.
En mayo del 2022, un periodista de un canal de televisión, en San Pedro Sula, denunció ser víctima de amenazas de muerte, las que recibió a través de mensajes en sus redes sociales.
Otro periodista denunció que fue agredido verbalmente y que le advirtieron que lo iban a “pelar” por abordar, en su programa, temas relacionados con el accionar de algunas autoridades.
Al menos, cinco personas se quejaron de haber sido agredidos y responsabilizan de esos hechos a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, autoridades edilicias y personas particulares.
En julio del 2022, un periodista de un canal de televisión fue agredido por miembros de la Policía Nacional mientras daba cobertura a un desalojo violento en las instalaciones de la Región de Salud de Choluteca.
En agosto, miembros de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) agredieron a un periodista de un canal de televisión mientras daba cobertura a una manifestación pacífica, que realizaban los trabajadores de la Secretaría del Trabajo, en Tegucigalpa.
Ni una sola sentencia condenatoria en 2022
En el 2022, también hubo casos de hostigamiento, intimidación, abusos de poder y detenciones arbitrarias contra personas vinculadas a medios de comunicación.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre fue contundente al expresar que Honduras sigue siendo un país sin justicia para las víctimas ni castigo para los victimarios.
La persistencia de la impunidad en el país genera un sentimiento de impotencia y frustración en el pueblo hondureño y, se les niega a los familiares el derecho a conocer la verdad, indicó.
Datos preliminares indican que, en el 2022, no se registró ninguna sentencia condenatoria contra los responsables de ultimar violentamente a periodistas y demás trabajadores de medios de comunicación que murieron violentamente desde el año 2001.
La Defensora del Pueblo fue tajante el expresar que el asesinato, la intimidación y las amenazas a las personas que trabajan en medios de comunicación, viola sus derechos fundamentales y coarta severamente la libertad de expresión.
Hizo un llamado a las autoridades encargadas de la seguridad en el país para prevenir estos hechos violentos e intensificar los esfuerzos para investigar y someter a la justicia a los responsables de las muertes violentas cometidas contra las personas vinculadas a los medios de comunicación y se castigue a los autores para terminar con este capítulo de impunidad en el país.
El ejercicio periodístico se ha convertido, en los últimos años, en una profesión de alto riesgo en Honduras. Del análisis de los datos se desprende que 16 de los 18 departamentos del país han sido escenario de muertes violentas de personas ligadas a los medios de comunicación desde el año 2001. JS
