Tegucigalpa – Honduras se encuentra estancada en la lucha anticorrupción y réplica malas prácticas que evidencian la falta de voluntad política, esa es la principal conclusión del informe “Estado de país: Transparencia, en espera de resultados”, presentado este martes en Tegucigalpa por parte de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)
Honduras no empeoró su calificación en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2022, en comparación con 2021; pero tampoco mejoró, detalla el informe.
En ese orden, resalta que en el último año, los avances del gobierno en la lucha anticorrupción, como la derogación de la Ley de secretos, se vieron disminuidos por otras iniciativas como la Ley de amnistía retroactiva, mientras la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y Corrupción sigue siendo una deuda pendiente con el pueblo hondureño.
El capítulo de Transparencia Internacional en Honduras recalcó que el país continúa entre los más corruptos de la región, estancado en el penúltimo lugar de Centroamérica en el IPC. Muestra de esto es que, por más de 10 años, Honduras no ha logrado acceder a los fondos de la Cuenta del Milenio por no controlar la corrupción. De los siete indicadores relacionados con ella, el país solo aprueba dos.
La percepción de corrupción en las instituciones permanece arraigada. Según el sondeo de opinión pública de ERIC-SJ, en 2022, dos de cada tres hondureños percibieron que hubo «mucha» corrupción en los partidos políticos y el Congreso Nacional.
Por otra parte, la investigación penal se encuentra debilitada para responder a los altos niveles de corrupción, centrada en la judicialización de delitos menores y pocos delitos de gran corrupción. De las 16,071 denuncias por actos de corrupción recibidas de 2018 a 2022, sólo 0.8 % llegaron a juicio oral y público.
En cuanto al derecho de acceso a la información, de las 10,397 solicitudes realizadas a las instituciones obligadas el año pasado, 3,250 (31 %) no fueron respondidas o se respondieron fuera del plazo legal.
La falta de transparencia y rendición de cuentas también se ve reflejada en malas prácticas como la contratación basada en el color político, elección ilegal de altas autoridades (Procuraduría General de la República) y el manejo de fondos por los diputados.
Una investigación publicada por un diario local señala que, en diciembre de 2022, se aprobó la entrega de L.100 mil y 70 canastas familiares a cada diputado, valoradas en L 49,000. Para 2023, el Poder Legislativo aprobó L. 950 millones para obras sociales que serán gestionados por los diputados. Cabe señalar que estos fondos no han sido sujetos a fiscalización debido a una reforma aprobada por los mismos legisladores.
“Se requiere de mayor voluntad política desde el Poder Ejecutivo y Legislativo para impulsar y realizar reformas legales que posteriormente se materialicen en cambios estructurales en el país, en cuanto fomentar la transparencia y la lucha contra la corrupción e impunidad de manera integral”, apuntó Juan Carlos Aguilar, subdirector de Transparencia y Democracia de la ASJ. (RO)
