Tegucigalpa – El dirigente director ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías señaló que reprimir el derecho a la protesta pública ha sido parte de la tendencia histórica en el país que está siendo retomada por el gobierno actual.
El representante de la sociedad civil reaccionó así a las medidas restrictivas del derecho a la protesta social dictadas en las últimas horas por la Secretaría de Seguridad en coordinación con el Ministerio Público.
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En este caso, dijo Irías, “lo que preocupa es que todo esto está sustentado en el Decreto 93-2021 en el cual incrementó lo que ya el mismo marco jurídico plantea en cuanto a la criminalización de la protesta”, dijo al señalar que en este se llegó a considerar que la protesta es una forma de usurpación.
Además, lamentó igualmente que con dicho decreto se agravó el tema de la asociación civil o social como un delito.
En tal sentido, agregó, “preocupa que se esté aplicando este decreto en un gobierno en el cual no había una línea de continuidad de la represión del régimen anterior, pero ahora se retoma este decreto que viene del régimen de Juan Orlando Hernández, pues estaríamos entrando en una tendencia preocupante que creíamos que se había reducido”. VC
