Tegucigalpa – “El poder institucional ha descubierto que puede controlar el origen del poder soberano: el voto”, advirtió este lunes la abogada constitucionalista, Ruth Lafosse, quien junto a grupo de académicos y expertos en derechos humanos, derecho constitucional, penal e internacional concluyeron que la crisis constitucional actual derivada de un proceso de concentración de poder y debilitamiento de los contrapesos institucionales.
La opinión jurídica sobre la legalidad y riesgos institucionales del proceso electoral de cara a las elecciones generales reseña que esta concentración de poder deteriora el funcionamiento del sistema democrático al combinar el cierre irregular del Congreso Nacional, la instrumentalización del Ministerio Público, la omisión del Poder Judicial y la expansión militar del Ejecutivo.
Estos factores han generado una ruptura constitucional de carácter material, afectando el equilibrio democrático y vulnerando el Estado de derecho, la separación de poderes y los compromisos internacionales asumidos por el país, con riesgos de regresión autoritaria.
Lafosse indicó que los juristas se han reunido para señalar el riesgo y la crisis de las libertades y la democracia de los hondureños. “Solo siendo libres, demócratas, solo garantizando el equilibrio de poderes y la separación de poderes y garantizando los controles constitucionales podemos lograr al final que el 30 de noviembre tengamos la libertad de ejercer el voto ciudadano.
De acuerdo con el documento realizado por entre otros por Vilma Morales, Sandra Ponce, Marcela Castañeda, Danelia Ferrera, Kenneth Madrid, Félix Ávila, Nelson Castañeda, Ruth Lafosse y Juan Carlos Pérez Cadalso, este proceso electoral se desarrolla en un contexto político marcado por tensiones institucionales, denuncias de interferencia en órganos electorales y acciones estatales cuestionadas por distintos sectores sociales, lo cual incrementa la preocupación sobre la integridad y legitimidad del proceso electoral en curso.
Madrid, portavoz de grupo de juristas indicó que la neutralización del Congreso Nacional constituye uno de los núcleos de la crisis, debido a decisiones unilaterales de la Presidencia que impedirían su funcionamiento regular y deliberativo.
Por otro lado, la desviación de poder en el Ministerio Público ha instrumentalizado la acción penal pública para incidir en procesos electorales, en contravención del principio de objetividad y legalidad, mientras que la omisión del Poder Judicial, al no ejercer con prontitud el control constitucional mediante la resolución de recursos de amparo e inconstitucionalidad, ha afectado su autonomía e imparcialidad, lo cual debilita aún más la función de control judicial indispensable en un Estado constitucional.
El prolongado estado de excepción
Los juristas alertaron además sobre el sabotaje sistemático a los órganos electorales, tanto interno -mediante la falta deliberada de quórum en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE)-como externo, a través de investigaciones penales con difusión pública que generan intimidación y deslegitimación institucional.
De manera adicional, subrayaron que el estado de excepción prolongado durante casi tres años, sin control legislativo ni judicial, ha afectado derechos fundamentales como la libertad de circulación, expresión, reunión pacífica, debido proceso y participación política. Este panorama, advierten, resulta incompatible con la celebración de elecciones libres, genuinas y competitivas.
El análisis resalta que el impacto se vuelve especialmente grave en el contexto del proceso electoral previsto para el 30 de noviembre de 2025, donde un clima de temor, inhibición y restricciones indebidas resulta incompatible con el desarrollo democrático de elecciones libres, genuinas y competitivas.
Para restablecer el orden constitucional en Honduras, destacó Madrid, es necesario reactivar de inmediato el Congreso Nacional y garantizar su funcionamiento legítimo. Además, el Ministerio Público debe evitar interferencias en el proceso electoral y actuar con imparcialidad, el Poder Judicial debe resolver con prontitud los recursos relacionados con el estado de excepción, y las Fuerzas Armadas deben limitarse a funciones logisticas bajo supervisión civil.
El profesional del derecho considera que, “a dos semanas de las elecciones generales, aún hay tiempo de que el Ministerio Público pueda reorientar su actuar, de que el Poder Judicial tome la decisión de resolver los casos sometidos a su conocimiento para crear ese equilibrio de poder y crear ese sistema de pesos y contrapesos”.
Por su parte, Nelson Castañeda, quien representa a la Asociación para una Sociedad más Justa, que “nosotros lo que estamos esperando en el caso del Congreso Nacional es que por mandato constitucional es el encargado de aprobar o improbar el estado de excepción al ya tener tantas advertencias y recomendaciones a nivel nacional e internacional, sean ellos los que descontinúan la implementación del mismo y con ello tener el próximo 30 de noviembre la certeza de que vamos a un proceso electoral transparente y el goce de todos”, dijo.
Recomendaciones
Al Estado hondureño, recomendaron solicitar observación y acompañamiento técnico internacional, incluida una auditoría independiente sobre el uso del estado de excepción desde 2022 y mecanismos de observación continua durante el periodo electoral, por parte de Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).
Finalmente, los expertos concluyen que sólo mediante el restablecimiento del equilibrio entre poderes, el respeto a las garantías constitucionales y la sujeción de todas las instituciones a la ley. Honduras podrá preservar su democracia y asegurar la realización de elecciones libres y auténticas. VC
