Tegucigalpa –Honduras es uno de los países de la región que más pornografía infantil está emitiendo, reveló a Proceso Digital , el director de Servicios de Telecomunicaciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Alejandro Rosales quien exhortó a que el país se suscriba al Convenio de Budapest para aminorar el impacto de la ciberdelincuencia.
– Esa pornografía infantil se está diseminando a través de la Internet y se está consumiendo en otros países a nivel mundial.
-La Web Oscura o Dark Web sirve para intercambiar esa información y vender esos contenidos en el exterior.
-La Conatel recomienda al Estado hondureño adherirse al Convenio de Budapest.
Rosales enfatizó que “yo no tengo una cifra para decir si el número uno, el número dos o el número tres, lo que sí le puedo decir es que Honduras es uno de los países de donde más se contribuye para el contenido de pornografía infantil”.
¿Debe Honduras suscribirse al Convenio de Budapest para aminorar el impacto de la ciberdelincuencia en torno a la pornografía infantil?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 11 de febrero de 2018
Web oscura
Acotó que esa pornografía infantil se está diseminando a través de la Internet y se está consumiendo en otros países a nivel mundial, aunque no necesariamente es en la Internet que se puede capturar.
Indicó que se están usando los sistemas que la red les da como la llamada “Internet oscura” o “dark web”, aunque hay formas de poderlo combatir, no es visible porque lo hacen en el lado oscuro de la Internet para estar intercambiando esa información y poder vender esos contenidos en el exterior.
La “dark web” o “Internet oscura”, es el contenido público de la World Wide Web que existe en darknets, redes que se superponen a la Internet pública y requieren de software específicos, configuraciones o autorización para acceder.
Apuntó que una firma extranjera hizo una auditoría a la Conatel que mostró la gran cantidad de información, no solamente sobre pornografía infantil sino información crítica del país que se está intercambiando en la red.
Rosales indicó que estas redes de explotación infantil permanecen irregularmente en el país y generan importantes cantidades de dinero por la venta de ese material.
La pornografia infantil es un mal que sacude a muchas naciones de América Latina y el mundo (Foto archivo EFE)
Control sobre las IP
El funcionario explicó que Conatel no puede tomar acciones respecto a ese flagelo desde el punto de vista legal, lo único que puede hacer es colaborar con el Ministerio Público que es la institución que tiene la exclusividad de la acción penal pública.
Citó el caso que ocurrió hace algunos años en el país, cuando se descubrió que desde Honduras se estaba emitiendo a través de una IP, pornografía infantil que se consumía en Francia.
Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del Modelo OSI.
“Cuando todo esto sucedió hace cuatro años, ellos (Ministerio Público) tenían ese dilema que toda esta información que les había llegado y no sabían cómo hacer para poder descifrarla”, relató Rosales.
Añadió que eran cosas básicas y una persona especializada en el área técnica de la red sabe que lo que ahí había eran direcciones de IP, entonces inmediatamente la Conatel comenzó a colaborar con la Fiscalía.
“Así fue cómo ellos comenzaron a investigar, nosotros les ayudamos, creo que fueron más de mil IP a las que nosotros les logramos ver, luego ellos se fueron donde los operadores de Internet y logaron dar con esa red, pero desafortunadamente con la gente de Francia no se puede hacer nada, pero con la de aquí sí, o sea se combate un lado, pero no se puede hacer nada con el otro”, precisó.
En Honduras, la ATIC y otras agencias estatales de seguridad realizan acciones para combatir la trata de menores y la pornografía infantil, pero el delito no cesa.
Preocupación de autoridades
Estas estadísticas preocupan a los entes gubernamentales, y en ese sentido, el Ministerio Público ha hecho investigaciones a personas supuestamente involucradas con la tenencia, distribución y comercialización del material prohibido que violenta la ley, aseveró la portavoz de la Fiscalía, Lorena Cálix.
Cálix detalló que solo la tenencia de material de pornografía infantil, podría implicar condenas de cuatro a seis años de prisión.
El pasado 11 de enero, la Fiscalía Regional de Oriente logró una condena de cuatro años y seis meses de prisión en contra de una mujer en el oriental departamento de El Paraíso por el delito de pornografía infantil.
Según el informe presentado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el departamento de Relaciones Públicas de la Fiscalía de Oriente, “se logró establecer que Laury Camila Álvarez González tenía en su poder el video pornográfico de la hija de la señora Ana María Lobo Cruz y de no recibir un pago esta se encargaría de difundir el video en la ciudad de Danlí, El Paraíso”.
La mujer se hizo amiga de la víctima mediante engaños, ya que la intención de Laury González era estar extorsionándola, y pidiéndole en varias ocasiones dinero para así evitar que subiera un video de la joven en las redes sociales, dijo la portavoz de la Fiscalía.
Según la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), el “sexting”, o la nueva forma de sostener comunicaciones sexuales a través del Internet, facilita el incremento de videos y fotos “triple XXX” entre menores.
“Sexting” (contracción de sex y texting) es un anglicismo que se refiere al envío de mensajes sexuales (eróticos o pornográficos), por medio de teléfonos móviles. Inicialmente hacía referencia únicamente al envío de SMS de naturaleza sexual, pero después comenzó a aludir también al envío de material pornográfico (fotos y videos) a través de teléfonos celulares y computadoras. También se le denomina “sexteo” en español a esta conducta.
El nuevo Código Penal que ya está en el CN prevé incluir como delitos el acceso no autorizado a sistemas informáticos, daños informáticos o atentados contra la integridad de datos.
Convenio de Budapest
Esa situación, Rosales la atribuye a la falta de una estrategia clara y de que el país no esté adherido al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, que es el que da la jurisdicción para poder combatir cualquier delito cibernético.
En ese sentido, Rosales considera que después de cuatro años ya es tiempo de que se exista algo escrito ya que el delito cibernético no solamente es por Internet o por redes sociales.
Advirtió que si esa ley no se aprueba es exponer a Honduras a más riesgo ya que hay muchos otros delitos que son aún más oscuros que la pornografía infantil que se están llevando a cabo.
Indicó que, al adherirse al Convenio de Budapest, las autoridades hondureñas tendrían jurisdicción en todos los países que ya se han adherido al acuerdo, entre los que figuran todos los de la Unión Europea y en América están todos los que cuentan con una estrategia nacional de ciberseguridad como Panamá, Chile, Uruguay, Estados Unidos, México y Costa Rica, entre otros.
Ilustró que si por ejemplo ocurre un delito cibernético en cualquiera de esos países ya existe jurisdicción para tratar ese delito.
Para sumarse al Convenio de Budapest, el Estado hondureño, a través de la Cancillería, deberá enviar una carta al Consejo de Europa solicitando que Honduras se quiere adherir a ese acuerdo para combatir la ciberdelincuencia.
Aclaró que ese es un trámite que toma algún tiempo, quizá entre dos y cuatro de meses.