Honduras busca acentuar penas por terrorismo

Tegucigalpa – Criminales intentaron asesinar a uno de los líderes sociales hondureños que depura la Policía Nacional. Días después, la denuncia de un plan para asesinar a otro de ellos y a cinco religiosos estremeció al país.

Las pandillas y grupos criminales organizados, siguen haciendo estragos en Honduras, solo en 2016 se reportaron en el país por lo menos un centenar de homicidios múltiples. Son todos actos que han generado terror y que se han vuelto una amenaza que pende sobre la humanidad de cualquier ciudadano.

Frente a ello, el jefe del Ejecutivo, el presidente Juan Orlando Hernández, propone la reforma a la figura de terrorismo contemplada en el Código Penal a fin de acentuar el castigo a estos grupos criminales que en muchos casos se benefician de la indolencia de la ley.

En ese sentido, este martes y por segundo día consecutivo el presidente Juan Orlando Hernández dijo: “Lo que buscamos con el replanteamiento de una nueva tipificación de terrorismo es poder darle al país la opción de que, si alguien pretende con un hecho sembrar terror, generar miedo para obtener dinero, como es el caso de la extorsión, o generar terror para que no continúe los procesos de certificación de los operadores de justicia, podamos tener la opción de que un juez lo pueda tipificar de esa forma y eso cambia el tema de la sanción penal”.

Luego prosiguió indicando que “todo lo que tenía Honduras en legislación penal o protocolos en materia penitenciaria era para una realidad del siglo pasado, donde no existía la criminalidad organizada o las maras y pandillas”.

“Hoy tenemos que diseñar algo que pueda enfrentar semejante desafío y eso es lo que hay que hacer”, reafirmó el gobernante.

Convocatoria

Este lunes, el presidente Hernández anunció que convocará a sectores de la sociedad hondureña para discutir las figuras delictivas que debe abarcar el nuevo Código Penal.

Sobre el tema, expertos consultados por Proceso Digital dijeron estar de acuerdo en lo esencial de la propuesta y  aseguraron que es fundamental armonizar las leyes en esta temática para que no existan contradicciones.

El Congreso Nacional discute actualmente el nuevo proyecto del Código Penal, en el que se prevén distintas figuras delictivas que hace algunos años no se contemplaban en la normativa que castiga distintos tipos de ilícitos.

Para el caso se pretende dar el rango de terroristas a estructuras criminales como las maras o pandillas u otras organizaciones del crimen que se valen del terror para llevar a cabo sus operaciones.

La última reforma en este sentido se produjo a mediados de 2015 cuando el Congreso hondureño aprobó una reforma a la denominada Ley Antimaras, orientada a reformar el artículo 332 del Código Penal, relacionado con delitos cometidos por personas ligadas a asociaciones ilícitas, pandillas o maras, en las que se aumentaron las penas hasta 50 años de cárcel a los jefes o cabecillas de esas organizaciones criminales.

40 años

En Honduras existe la pena de cárcel perpetua, sin embargo, el techo constitucional dice que nadie puede estar recluido más de 40 años y en el momento que cumple ese castigo debe ser excarcelado.

“Condenas por más de 100 años se han dictado en el país, pero no se cumplirán porque hay una prohibición constitucional”, dijo el abogado Félix Ávila.

Mientras, la criminóloga Arabesca Sánchez lo calificó como protocolo jurídico porque efectivamente nadie puede estar recluido más de 40 años.

“Se requieren fortalecer y revisar los conceptos de tipos penales y fortalecer las sanciones, revisar ese montón de fórmulas jurídicas que han permitido que los criminales, a pesar de tener sentencias firmes, no pisan ni un solo día la penitenciaría. Todo esto podría ayudar a resolver este tema, pero se necesitan medidas integrales para hacer frente a la criminalidad. Por un lado, tendríamos un mejor Código Penal, pero ¿se mejorará la reducción de la impunidad en los tribunales?”, desglosó Sánchez

Terrorismo y otros delitos

El presidente Hernández anunció que en los próximos días se reunirá con líderes de la sociedad hondureña, con representantes de gremios, sectores productivos, sociales, iglesias, porque se necesita una revisión de ciertas figuras delictivas que no contempla el Código Penal, manifestó.

“No podemos seguir enfrentando los desafíos en materia de seguridad que hoy enfrentamos con normativas que obedecen al siglo pasado y como el Código Penal que está discutiendo el Congreso toma su tiempo y va a tomar su tiempo”, acotó.

El titular del Ejecutivo adicionó que se comunicó con el presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, con quien hará aproximaciones sobre el tema.

Confió que ha sentido también de parte de los operadores de justicia, principalmente de policías, agentes de inteligencia y militares que están en la calle, en el campo, que muchas veces se sienten desprotegidos frente a la agresividad, frente a la motivación de causar terror de parte de algunas bandas delictivas.

“A mi criterio –prosiguió Hernández- el delito de terrorismo como está hoy calificado en el Código Penal no es suficiente para enfrentar lo que hoy estamos viviendo”.

Apoyo del Congreso

El diputado Edgardo Martínez recordó que en julio de 2015, el Parlamento hondureño aprobó reformas al artículo 332 del Código Penal, relacionado con delitos cometidos por personas ligadas a asociaciones ilícitas, pandillas o maras, donde se aumentaron las penas hasta 50 años de cárcel a los jefes o cabecillas de esas organizaciones.

En comunicación con Proceso Digital, el congresista Martínez citó que hace algunos meses se abordó declarar a las pandillas como grupos terroristas, pero no se logró, sin embargo, ahora existe ambiente para hacerlo, manifestó.

Reconoció que el principal problema del país sigue siendo la aplicación de las leyes. “Estoy de acuerdo que si se aplicaran las leyes aun como existen no tendríamos tantos problemas. También hablar de endurecimiento de penas contribuye a disuadir el delito”.

Martínez prometió que el Parlamento hondureño apoyará todo tipo de iniciativas orientadas a bajar los índices de violencia. “Siempre estamos hablando con los miembros del Consejo de Seguridad y a la vez nos declaramos prestos para abordar estos temas”.

Código Penal no resolverá criminalidad

De su lado el abogado, Félix Ávila, dijo que el principal problema del país no obedece a crear más figuras delictivas.

Propuso analizar el hecho de calificar a las pandillas como grupos terroristas. “Ahora bien, los actos que cometan las personas, independientemente a qué pandilla pertenezcan es otra cosa. El acto terrorista es aquel que causa terror y conmoción”, apostilló.

Ávila criticó el endurecimiento de las penas y la creación de nuevas figuras delictivas, en vista que, a su juicio, se ha descuidado la prevención y reinserción de personas que cometen delitos, situación que deriva en respuestas criminales cada vez más extremas.

El también exjuez de la República reconoció que en la actualidad hay nuevas formas que utiliza el crimen organizado para ejecutar sus operaciones. “En la medida que los gobiernos combaten el delito, los delincuentes dan un paso adelante, eso es razonable, pero el asunto es que el error que cometen los gobiernos es creer que con el establecimiento de penas duras se evitará la reincidencia del delito”.

Concluyó que “está bien que se creen nuevas figuras penales, eso hay que entenderlo, lo que pasa es que no solo la elaboración de un nuevo Código Penal es el que resolverá el problema de la criminalidad”.

Armonizar leyes en materia penal

A criterio de la criminóloga Arabesca Sánchez el país debe armonizar sus leyes en materia penal.

 “Me parece que hay lógica en esa declaración del presidente Juan Orlando Hernández, cuando revisamos el Código Penal nos damos cuenta que hay delitos muy graves con sanciones penales insuficientes”, indicó Sánchez.

Señaló que el discurso debe ser emparejado con el proyecto del nuevo Código Penal.

Citó que, aunque el nuevo proyecto del Código Penal que se discute en el Legislativo no ha sido lo suficientemente socializado con los sectores involucrados en el tema, ya organismos defensores de derechos humanos de la mujer, así como de la juventud y la niñez se han pronunciado en penas que contempla la moderna normativa.

“El Estado debe escuchar un poco más a la ciudadanía activa que desde hace meses ha hecho sus observaciones y comenzar a llevar ese discurso a la práctica porque ahí hay sanciones que no corresponden, sobre todo cuando se contrasta el proyecto del Código Penal con las reformas al Artículo 184 del Código Procesal Penal, en donde incluso se les estaba quitando la prisión preventiva a ilícitos como lavado de activos y de crimen organizado”, criticó Sánchez.

Puntualizó que las leyes deben armonizarse en materia penal. “Si el discurso es actualizar la norma penal y procesal penal, hay que hacerlo de manera concreta”, puntualizó.