Tegucigalpa – En Honduras persisten amenazas al espacio cívico y a la participación ciudadana igual que agresiones a periodistas y defensores, según el informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Estado de País: 2023.
– Sólo Nicaragua se encuentra más bajo que Honduras en tema de libertades civiles.
– 242 agresiones contra defensores y periodistas se registraron en 2022
Del total de agresiones que recibieron defensores y periodistas en 2022, el 60 % estuvieron relacionadas con el ámbito de la tierra o el medio ambiente.
En la investigación ASJ, reconoce alguna voluntad del gobierno actual de proteger los derechos humanos, pero en específico las agresiones contra periodistas, defensores de la tierra o el medio ambiente, además de ataques contra organizaciones de Sociedad Civil.
Según revela el informe, en Centroamérica, sólo Nicaragua se encuentra más baja que Honduras en tema de libertades civiles y adiciona que también el grupo CIVICUS, Honduras se encuentra con un espacio cívico reprimido, al grado.
El informe detalla que, en 2022, hubo 242 agresiones contra defensores o periodistas, y de ese total el 60 % estuvieron relacionadas con el ámbito de la tierra o el medio ambiente.
Sin embargo, en 2022, bajó la cantidad de denuncias contra periodistas en 40 %, se incrementó el índice de democracia y mejoró el subíndice de restricciones a los poderes del Gobierno.
En este tema de agresiones a periodistas y defensores de Derechos Humanos, la periodista Dina Meza, destacó que algunas cifras se quedan cortas, ya que las amenazas y la descalificación a periodistas están a la orden del día, los funcionarios son alérgicos a las críticas y están prestos a descalificar la información y pedir aclaraciones y réplicas.
De igual forma lamentó que lo poco que se había logrado con el Mecanismo de Protección, se ha retrocedido desde que inició el actual gobierno con el desmantelamiento de este espacio, al tiempo que denunció persecución para los defensores y todos aquellos que buscan el rescate del Mecanismo.
El desmantelamiento del Sistema Nacional de Protección dificulta el trabajo de los defensores, citó.
Por su parte, Gustavo Cáceres hermano de la ambientalista fallecida Berta Cáceres, en su exposición lamentó que se sigan dando violaciones a los derechos de los defensores del medio ambiente.
El también activista de DDHH, recordó que la única arma que tenía Berta, era su voz para defender los pueblos indígenas, al tiempo que dijo que los pueblos originarios no se oponen al desarrollo, pero que se haga en base a consulta con las comunidades y a las leyes.
Sociedad Civil también víctima de ataque
Otro punto que reveló el informe es que el 8.6 % de las ONG declararon haber sido víctimas de un ataque, siendo el retraso intencional de procesos burocráticos el más común, sin embargo, el porcentaje de ataques tuvo un descenso con respecto a 2021 cuando el 18 % de las ONG reportaron lo mismo.
Sociedad Civil, remarcó que el Congreso Nacional no revocó una reforma al Código Penal aprobada en 2021 que modificó el delito de lavado de activos al incluir las organizaciones de sociedad civil como Personas Expuestas Políticamente (PEP), contraviniendo lo tipificado en la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC).
Sumado a esto, en diciembre se declaró el Estado de Excepción que restringe derechos constitucionales como la libertad personal, libertad de asociación, reunión, circulación y suspende límites a la detención y la inviolabilidad de la morada. LB
