La jornada electoral en Honduras debió iniciar a las 7:00 a.m., pero cuando el reloj marcó las 2:00 p.m., miles de ciudadanos aún esperaban la apertura de los centros de votación. En algunos lugares, el retraso se extendió hasta 14 horas.
No fue un hecho aislado ni un problema menor. Fue un atentado contra el derecho fundamental al voto, una burla institucionalizada que socava la credibilidad del sistema electoral.
Aquí no se trata de un simple fallo logístico. La falta de previsión no es casualidad cuando se repite con la misma impunidad cada ciclo electoral, lo que ha sido como historial, sino es una cosa es otra.
¿Dónde estaba el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya función es garantizar elecciones ordenadas? ¿Por qué las Fuerzas Armadas, encargadas del resguardo y transporte del material electoral, no cumplieron con su papel a tiempo? ¿Hasta qué punto la responsabilidad recae en los partidos políticos, que por ley deben organizar sus procesos internos, pero han transferido la carga al Estado?
La respuesta no es sencilla, pero la realidad es clara: la democracia hondureña se ha convertido en un espectáculo donde las reglas se quiebran sin consecuencias.
El Artículo 177 de la Ley Electoral establece que los partidos con más de un movimiento interno deben celebrar elecciones primarias, y aunque el CNE supervisa y financia el proceso, la línea entre quién organiza y quién ejecuta es cada vez más difusa.
El Estado ha asumido costos que, en teoría, corresponden a los partidos políticos, dejando la transparencia electoral en manos de equivocadas y es por eso que el nudo ciego se va deshaciendo poco a poco de conformidad salen los comunicados de cada uno de los actores que tienen responsabilidad.
El retraso de hasta 14 horas en la apertura de las urnas no solo es una violación a la Ley Electoral, sino un atentado directo contra la confianza en el proceso democrático.
La Ventana de Overton nos dice que aquello que ayer era inaceptable, mañana puede volverse norma. Y es aquí donde surge el verdadero peligro: la normalización del caos electoral. Si los ciudadanos toleramos este nivel de desorden, pronto dejará de sorprendernos, y lo que hoy es una falla administrativa, mañana será un fraude legitimado.
No se puede hablar de elecciones limpias si los centros de votación abren cuando quieren, si la logística se maneja con desidia y si nadie es responsabilizado por la incompetencia. No es solo cuestión de retrasos; es la erosión sistemática de la confianza en el voto.
Si el CNE, las Fuerzas Armadas, los partidos y demás actores políticos siguen jugando con las reglas del proceso electoral sin consecuencias, la ciudadanía perderá el único instrumento que aún le queda para hacer valer su voz.
Si este escenario se repite en las elecciones generales, la crisis de gobernabilidad será inevitable. ¿Podrá Honduras garantizar elecciones creíbles en noviembre o estamos al borde de un colapso democrático?
