Tegucigalpa/ Louisiana – El hondureño Carlos Zelaya (47) se declaró culpable en un tribunal federal por su papel en una conspiración para blanquear en los Estados Unidos más de $ 1.3 millones en pagos de sobornos extranjeros y fondos provenientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
– Carlos Alberto es acusado de 12 cargos por su supuesta conspiración para lavar más de 1.3 millones de dólares en sobornos a su hermano, Mario Zelaya.
– La sentencia para Carlos Zelaya quedó fijada para el 3 de octubre.
– Desde 2015 se confirmó que los dineros del IHSS llegaron a EEUU para comprar bienes.
El anuncio fue divulgado por el Secretario de Justicia Auxiliar Interino, John P. Cronan, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, y el Director Adjunto, Thomas D. Homan, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU.
Zelaya, ciudadano de Honduras que residía en el área de Nueva Orleans, se declaró culpable ante el juez de distrito de los Estados Unidos, Martin L.C. Feldman del Distrito Este de Louisiana a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. La sentencia está fijada para el 3 de octubre.
Cabe recordar que la captura de Carlos Zelaya se produjo en Estados Unidos el 1 de mayo del presente año.
Según las admisiones realizadas como parte del acuerdo de culpabilidad, Carlos Zelaya conspiró con su hermano, el exdirector ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, y otros para lavar más de $ 1.3 millones en pagos de sobornos.
Los sobornos fueron pagados por dos empresarios hondureños en beneficio del Director Ejecutivo. Los fondos se lavaron luego en el área de Nueva Orleans a través de transferencias electrónicas internacionales y se usaron para comprar bienes inmuebles, incluso para una propiedad comercial.
La acusación de EEUU establece que Carlos Zelaya recolectó y gastó los ingresos por alquiler derivados de las propiedades, incluso después de que un juez federal le ordenara conservar los fondos hasta que se resuelva una demanda federal de decomiso civil.
Durante ese caso, también hizo declaraciones falsas al gobierno de los EEUU, en respuestas de descubrimiento por escrito y a un juez federal en el Distrito Este de Louisiana mientras testificaba bajo juramento.
Como parte de la conspiración, Carlos Zelaya también usó la posición oficial de alto rango de su hermano para beneficiarse de lucrativos contratos con el gobierno hondureño y luego blanqueó los fondos malversados en el área de Nueva Orleans. Según los términos del acuerdo de culpabilidad, Carlos Zelaya acordó renunciar a esas propiedades.
Este caso fue incluido en la Iniciativa de Recuperación de Activos de Cleptocracia del Departamento de Justicia por un equipo de fiscales en la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Bienes de la División Criminal.
Estos fiscales se asocian con agencias federales de aplicación de la ley para enjuiciar a aquellos que participan y facilitan la corrupción oficial extranjera que tiene efectos en el sistema financiero de los Estados Unidos, para perder los activos comprados con el producto de esa corrupción y, cuando corresponda, para repatriar los fondos recuperados para el beneficio de la gente del país perjudicada por tal abuso de los cargos públicos.
Los sobornos
De acuerdo a versiones publicadas hace unos años en Honduras, Mario Zelaya Rojas también recibió en una cuenta del Resource Bank, en Luisiana, Estados Unidos, un millón 80 mil dólares de la empresa panameña CA Technologies Inc., manejada por testaferros. Una vez que el dinero llegó a Luisiana, el exfuncionario compró nueve inmuebles y los registró a nombre de su hermano Carlos Alberto Zelaya Rojas y de las empresas C&M Motors, LLC y C&M Wholesalers, LLC.
El 13 de enero de 2015, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil de confiscación que busca expropiar nueve propiedades por un valor aproximado de 1 millón 528 mil dólares que presuntamente fueron compradas con fondos rastreables a 2 millones de dólares en pago de soborno por una compañía hondureña de información tecnológica al exdirector Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
“Mario Zelaya, fue el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero en vez de construir una red de seguridad social para los ciudadanos de su país, él presuntamente usó su posición de cargo público para robar dinero público para sí mismo,” dijo la Fiscal General Adjunta Caldwell en esa oportunidad.
De 2010 a 2014, el Doctor Mario Roberto Zelaya Rojas, de 46 años, de Tegucigalpa, fungió como el Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), una institución hondureña gubernamental que provee servicios de seguridad social, incluyendo beneficios de compensación, jubilación, maternidad y muerte para los trabajadores.
De acuerdo a las alegaciones en la demanda de confiscación, Zelaya solicitó y aceptó 2.08 millones de dólares en sobornos de la Compañía de Servicios Múltiples, S. de R.L (COSEM), a cambio de priorizar y agilizar los pagos adeudados a COSEM bajo un contrato de 19 millones de dólares con el IHSS. Zelaya también presuntamente instruyó a COSEM a realizar pagos de sobornos a dos miembros de la Junta Directiva del IHSS encargados de supervisar el contrato de COSEM. Para ocultar los pagos ilícitos, COSEM presuntamente envió sobornos a través de su compañía filial, CA Technologies.
Como se alega en la demanda, las ganancias de los sobornos fueron lavadas en los Estados Unidos y usadas por Zelaya y su hermano, Carlos Alberto Zelaya Rojas, para adquirir bienes raíces en el área de Nueva Orleans. Ciertas propiedades fueron tituladas a nombre de empresas nominalmente controladas por el hermano de Zelaya en un esfuerzo de ocultar la fuente ilícita de los fondos así como el beneficiario. La acción actual busca confiscar nueve propiedades adquiridas con las ganancias del supuesto esquema de soborno de Zelaya.
