Tegucigalpa – El abogado Oliver Erazo, defensor de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, calificó como “infundada e inconstitucional” la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público (MP) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el presunto delito de prevaricato judicial.
– Para Erazo, la petición del MP representa una clara instrumentalización de la justicia, con el fin de intimidar a los órganos electorales y debilitar su independencia institucional.
Erazo expresó su sorpresa por la decisión del MP, al señalar que la acción debió orientarse en otra dirección. “Me extrañó a mí. Pensé que iban a trabajar con objetividad y que iban a solicitar un antejuicio en contra del magistrado Mario Morazán, quien —a nuestro criterio— es el que está violentando la Constitución de la República y la Ley Orgánica Procesal Electoral”, sostuvo el abogado.
Seguidamente el defensor argumentó que el gobierno está vulnerando el principio de democracia representativa, uno de los fundamentos de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, y que este tipo de acciones configuran una violación a los derechos humanos y a los principios republicanos sobre los que se sustenta la Constitución hondureña.
“El gobierno está violentando el principio de democracia representativa, que es uno de los principios de la Carta de la OEA. Se están violentando derechos humanos y principios republicanos en los que se sustenta la Constitución”, enfatizó Erazo.
En este contexto, el abogado invitó al pueblo hondureño a revisar los artículos 2, 39 y 112 de la Constitución, para comprender —dijo— cómo un gobierno legítimamente electo estaría vulnerando la estructura democrática del país.
“Esto no es más que una escaramuza más. Hoy presentan un antejuicio, mañana se inventarán otra acción. Lo que buscan es generar miedo, caos y tensión constitucional para desarticular el Estado democrático de derecho”, advirtió.
Oliver Erazo, aseguró que tanto él como su equipo están preparando la defensa técnica de los magistrados y confía en que los jueces de la Sala de lo Penal actuarán conforme a la ley. “Estoy convencido de que los letrados de la Corte desecharán esta petición, porque carece de fundamento jurídico. Los abogados bien nacidos de este país no permitiremos que se destruya la institucionalidad democrática”, concluyó.
La solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público se suma a la creciente tensión entre el TJE y las autoridades del Ejecutivo, en un contexto en el que diversos sectores denuncian una politización de la justicia y un intento de intervención sobre los organismos electorales de cara al proceso electoral del próximo 30 de noviembre de 2025. LB
