Miami, (EEUU) – (Especial para “Proceso Digital” – Por Alberto García Marrder).
Entre más se sabe del asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moise, más interrogantes surgen.
La policía haitiana ha informado que 26 colombianos y dos americanos de origen haitianos (James Solages y Joseph Vincent) están involucrados en el asesinato del presidente.
Y cuatro están muertos tras un enfrentamiento con la policía después que los mercenarios hubieran entrado en la madrugada del miércoles a la residencia del presidente y le dispararon doce balas.
En Bogotá, el Ministerio de Defensa confirmó que entre los colombianos detenidos hay 17 exmilitares, incluyendo a Manuel Grosso, un ex oficial de una unidad de élite antiterrorista. Una de las teorías que circulan en esa capital es que a los 17 (15 capturados y dos muertos) los engañaron con ofertas de trabajo como agentes de seguridad del presidente, con un salario de 2,700 dólares al mes
Su esposa, Martine Moise, que estaba en la misma habitación, recibió varios disparos y horas después fue trasladada en un avión-ambulancia al aeropuerto de Fort Lauderdale, en el sur de la Florida.
Está ingresada en el Hospital Jackson de Miami y, aunque grave, está estable.
Tras estar siguiendo desde Miami lo que pasa en Puerto Príncipe, tengo varias observaciones:
1- Es posible que el comando fuera de 32 mercenarios. Estaba todo bien organizado, bien armados y actuaron rápidamente de una forma muy profesional.
2- Entonces, ¿cómo es que no estaba bien organizado el escape hacia la frontera dominicana, de donde vinieron? ¿Cómo es que los detuvieron tan fácilmente?
3- Ya están detenidos los autores materiales. ¿Y los intelectuales? ¿Quién pagó por esta operación? ¿Y cuáles fueron los motivos?
4- Si era un comando de narcos colombianos, ¿entonces está involucrado el narcotráfico colombiano? ¿Y por qué? ¿Que ganaba con matar a Moise?
Muchas preguntas y pocas respuestas.
Hoy en Haití hay un vació de poder y dos hombres que reclaman ser el Primer Ministro: el saliente Claude Joseph y Ariel Henry, que había sido nombrado por el presidente antes de morir, pero no había tomado aún posesión.
Se avecina una crisis constitucional porque el Senado acaba de nombrar como presidente provisional a Joseph Lambart, actual titular de esa cámara alta y niega la autoridad al Primer Ministro interino Claude Joseph, quien realmente ha estado ejerciendo el poder desde el asesinato del presidente.
No existe lo que es un Congreso y el presidente del Tribunal Supremo murió hace unos meses de COVID-19, sin haber sido reemplazado.
Hay unas elecciones presidenciales previstas para septiembre, pero no hay un Colegio Electoral en forma ni actas de votantes.
El presidente tenía muchos enemigos y quería reformar la constitución para perpetuarse en el poder. Desde hace más de un año gobernaba a base de decretos ejecutivos, al no haber un congreso fiscalizador.
La corrupción es rampante, a todos los niveles. Y la pobreza es generalizada. El ingreso medio es de dos dólares, no por la hora, pero si por el día.
Entre los enemigos peligrosos que se ha encontrado en el camino el presidente están los grandes empresarios. Mejor dicho familias o consorcios empresariales, acostumbrados a controlar a cualquier nuevo presidente.
Y Moise no era “obediente”, era “respondón”. Y listo para quitarles las concesiones millonarias, como la electricidad.
“En Haití, la electricidad es un lujo”, titulaba antes del atentado el diario digital “Haitian Times”.
Luego están los grandes y poderosos grupos de narcotraficantes colombianos que usan Haití como un trampolín para llevar su droga hacia los Estados Unidos.
Es posible, y esto es una suposición nada más, que algún grupo pidiera más protección para sus avionetas con drogas o que se sintiera traicionado por un supuesto incumpliendo “de lo prometido”.
Por ahora, se teme que surja una inestabilidad política o, lo peor, un caos público. Haití es un país pobre acostumbrado a las dictaduras, huracanes y terremotos. Este es uno más.