Nadie, ni siquiera los estamentos más conservadores o aquellos que más ganan dinero en Honduras, podría argumentar que el sistema tributario del país es justo o que, así como está, promueve la generación de riqueza. Las cifras oficiales son irrevocables y la realidad que viven, sobre todo las familias más pobres, lo confirman.
El gobierno actual introdujo, desde el año anterior, una propuesta de ley que, bajo un ambicioso título, anuncia la instauración de un esquema tributario más proclive a eliminar las, según su exposición de motivos, terribles injusticias que la población sufre debido a la captura de que la sociedad ha sido objeto por parte de “ambiciosos grupos de poder”.
Pero ¿Qué tan cierto es el relato oficial acerca de que son los grupos de poder, más específicamente los empresarios, quienes mantienen la captura del país para atosigar a una ciudadanía indefensa y pauperizada? La respuesta a esa pregunta requiere de la búsqueda profunda de los orígenes y causas de la persistente pobreza que agobia a la inmensa mayoría de los hogares.
Al repasar con rigor las cifras y observar objetivamente los hechos sociales, es inevitable llegar a la conclusión de que la culpa no está en los empresarios. Para empezar, Honduras ha carecido siempre de una “clase oligárquica hegemónica” en el sentido purista que le dan los neo marxistas y esto lo aceptan ellos mismos en prácticamente todos sus estudios y ensayos ¿Cómo entonces pueden ser ellos los responsables?
Aunque es indudable que en sus albores Honduras estuvo signada por la influencia de las transnacionales bananeras y mineras siendo estas las que, mediante la imposición definían las relaciones entre estado y ciudadanía, la situación fue poco a poco tornando hacia lo doméstico cuando bananos y metales dejaron de ser atractivos para dichos emporios, quienes, casi sin avisar, abandonaron a su suerte a la empobrecida nación a mitad de la década de los cincuenta en el siglo pasado.
¿Quién entonces, si no fue la oligarquía nacional, se hizo cargo tan malamente de la situación y generó el absceso político que ahora vivimos?
La respuesta está en una clase política marcada por la impericia, la estupidez y sobre todo su desmedida ambición. Han sido ellos quienes, llevando su impiedad al límite y metiéndose descaradamente en un oficio que desconocen, cooptan las fuerzas productivas -llámense estos empresarios, trabajadores, campesinos y oenegeros- para mantenerlos subyugados y, de esta forma, en una orgía tácita e impúdica, perpetuar el estado de miseria de la mayoría de la gente que, sin darse cuenta o quizás peor, a sabiendas de todo, acepta ovejunamente su destino empobrecedor.
Si lo dicho atrás no le queda claro, vea usted como todos estos grupos acuden a sombra y a luz a los continuos llamados de los políticos de turno, para “llegar a arreglos” y así, cada uno, recogiendo sus migajas, tributa obsecuencia a los caprichos gubernamentales bajo un manto de “gobernabilidad”.
Vea Usted, si se observa el PIB desde la perspectiva de la oferta agregada, en 2023 el sector público colaboró únicamente con un 7% a la generación de riqueza interna, sin embargo, demandó más del 20% en concepto de gasto corriente e inversiones. Traducido a buen castellano, el sector público produce apenas una tercera parte de lo que nos quita con la excusa de mejorar nuestras vidas.
Si esta diferencia es tan grande ¿Por qué entonces ese deseo exacerbado de recaudar mas? La historia antigua y reciente -y eso no exonera a la actual administración- se repite de forma continua: el gobierno recauda más y más, gasta más y más, sin que esto se traslade al bienestar de la gente.
Construir un contrato social justo no es cuestión de caprichos o aseveraciones prejuiciosas. Se trata, en cambio, de entender que no habrá forma de hacer ningún tipo de justicia si no es creando más riqueza y garantizando libertad, propiedad y la búsqueda de la felicidad a todos los habitantes sin excepción. Pero eso requiere de inteligencia, talento y sobre todo de honestidad.
