Tegucigalpa – Los traslados arbitrarios, el hacinamiento que afecta a más del 80 % de los centros penitenciarios y las condiciones inhumanas de reclusión que enfrentan las personas privadas de libertad en el país se constituyen en graves violaciones a los derechos humanos que vulneran principios básicos del derecho internacional, señaló hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
– Durante el 2024, el Conadeh atendió, al menos, 437 quejas en las que se mencionan a más de una docena de modalidades violatorias de los derechos humanos y, en las que figuran como víctimas, personas privadas de libertad en el país.
En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la coordinadora de la Defensoría de Personas Privadas de Libertad del Conadeh, Guadalupe Silva expresó su preocupación por el alto porcentaje de hacinamiento que registran los centros de privación de la libertad en Honduras.
Hacinamiento, una forma de trato cruel
Recordó que, el derecho internacional de los derechos humanos ha señalado que el hacinamiento de personas privadas de libertad puede llegar a constituir en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano o degradante, violatoria del derecho a la integridad personal y de otros derechos humanos.
Por lo tanto, cuando el colapso de un Sistema Penitenciario o de un centro específico impide materialmente ofrecer condiciones dignas a las personas privadas de libertad, el Estado no puede seguir admitiendo internos en esos espacios, ya que al hacerlo los expone deliberadamente a una situación que vulnera sus derechos fundamentales.
Si bien, el “Plan de Descongestionamiento de los Centros Penitenciarios” sería una herramienta que podría contribuir a reducir el hacinamiento, lo cierto es que aún y cuando ésta ha sido implementada, dicho medida no ha podido remediar, por sí misma, la problemática del hacinamiento.
En su informe anual del 2024, el Conadeh establece que, al final de ese año, entre los centros penitenciarios que registraron los mayores índices de hacinamiento figuran el penal de Danlí que reportó un 221 %, el de Olanchito con 159 %, el de El Porvenir con 160 %, La Esperanza con 87 %, el de Trujillo con 64 %, el de La Paz 109 %, y, el de Puerto Lempira con 230 %.
Ante esa problemática, Silva reafirmó que el compromiso indeclinable de la Institución Nacional de Derechos Humanos es proteger de la dignidad humana y la erradicación absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Esta fecha conmemorativa representa una oportunidad para honrar la memoria y la lucha de quienes han sido víctimas de estas graves violaciones, así como para reiterar la responsabilidad del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar este tipo de actos, dijo la defensora de los derechos humanos.
Afirmó que el Conadeh continuará trabajando de manera constante para promover una cultura institucional de respeto a los derechos humanos y garantizar que ninguna víctima quede en el olvido, asegurando su acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral.
Durante el 2024, el Conadeh atendió, al menos, 437 quejas en las que se menciona más de una docena de modalidades violatorias de los derechos humanos y, en las que figuran como víctimas, personas privadas de libertad en el país.
En su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el 2024, el Conadeh establece que atendió quejas relacionadas con la falta de acceso a la justicia, al debido proceso legal, a la salud, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes en instituciones penitenciarias.
A las anteriores se suman otras quejas por retardo injustificado de un auto, resolución, fallo o sentencia, dilaciones indebidas en la tramitación y respuesta de una petición, acciones u omisiones en casos de medidas disciplinarias o de aislamiento y amenazas a muerte contra privados de libertad.
En cuanto a las instituciones estatales más denunciadas, ante el Conadeh, por violentar los derechos de los privados de libertad figuran los centros penales, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario. JS
