Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) Gabriela Castellanos, advirtió que de entrar en vigencia el nuevo Código Penal “habrá una feria de impunidad para quienes han dilapidado los fondos destinados a atender la emergencia ocasionada por el COVID-19, y no habrá castigo para los corruptos”.
Castellanos refirió que desde la sociedad civil han presentado varias líneas de investigación para demostrar cómo es que diputados, altos funcionarios y sus familiares, han dilapidado los fondos públicos para enriquecerse a costas del pueblo.
“Se han olvidado de las principales necesidades de la población”, lamentó, no obstante, advirtió que desde la sociedad civil seguirán exigiendo transparencia.
Castellanos reseñó que realizaron un recorrido por el Hospital Escuela y constataron que existe un lote de camas, “pero no hay personal que las atienda, sin equipo, ni respiradores, pese a que el Estado ha erogado más de dos mil millones de lempiras a través de Invest-H”.
“Es frustrante saber que se aprobaron 93 mil millones de lempiras para combatir el coronavirus, pero los recursos se han esfumado, de la misma manera que ha ocurrido con la Tasa de Seguridad”, recriminó.
Denunció que hay cuerpos de personas en bolsas negras en las camillas, a la espera de la llegada de un médico forense. “La pandemia ha dejado en evidencia el nivel de las autoridades que tenemos en Honduras”, apuntó.
Considera que “si esto pasa en el principal centro asistencial del país, nos preguntamos cómo estarán los hospitales del interior del país, ya basta de amenazar con despidos al personal de salud que denuncia estas acciones porque los están enterrando vivos”.
Finalmente, reiteró que “no quiero imaginar la feria de impunidad para los responsables de la atrocidad si llegara a entrar en vigencia el nuevo Código Penal en Honduras”.
