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Grupos pro inmigrantes celebran la demanda contra Arizona como un primer paso

Washington – Grupos hispanos y pro inmigrantes celebraron hoy la demanda que el Gobierno presentó hoy contra la ley SB1070 de Arizona como un «primer paso» que podría frenar iniciativas similares y alentar más apoyo a la reforma migratoria.
 

La noticia fue recibida en el parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, con aplausos y abrazos entre la delegación de un grupo de hispanos de Arizona que desde hace 78 días realizan vigilias de protesta en Phoenix contra la ley y que ha reunido a centenares a personas y a activistas como Dolores Huerta o a la cantante Shakira.

Rosa María Soto, del grupo «Fe, Esperanza y Voto», quien llegó hoy a Washington y participa desde hace 75 días en esta vigilia, expresó su alegría y agradecimiento por la acción del Gobierno, pero alertó que las leyes que han sucedido en otros estados a la SB1070 son «más crueles».

«Espero que éste sea el primer paso para una reforma justa y comprensiva, que es lo que realmente necesitamos en Arizona para que la comunidad se sienta más segura, más protegida», dijo a Efe la activista.

Desde la comunidad de defensores de los derechos de inmigrantes, el aplauso compartido se ha manifestado en comunicados como el de Frank Sharry, director del grupo pro inmigrante America’s Voice, que aseguró que si la demanda prospera, «el caso puede pasar a ser un momento fundamental en la historia de los derechos civiles en EE.UU.».

Por su parte, Angela M. Kelley, del Centro por el Progreso de América, valoró el significado político de la demanda como «una fuerte posición» de la Administración de Barack Obama sobre inmigración.

Otros consideraron la acción legal -que llega días después de que Obama pronunciara un discurso sobre la reforma migratoria- como «un claro mensaje» al resto de leyes locales y estatales que intentan imitar a Arizona, según Ali Noorani, presidente del Foro Nacional de Inmigración.

La mayoría de expertos legales cree que la demanda tiene muchas posibilidades de tener éxito, según aseguró en una conferencia telefónica el profesor de derecho de la Universidad de Arizona, Gabriel «Jack» Chin.

El estado «no tiene independencia» para asumir competencias migratorias según una cláusula constitucional, de acuerdo con sentencias del Tribunal Supremo que se remontan a 1870 en un caso que implicaba al Gobierno del estado de Nueva York, explicó Chin.

La demanda del Ejecutivo argumenta que el estado asumiría ilegalmente competencias migratorias que corresponden al Gobierno federal con una ley (la SB1070), que exige a la policía local detener a personas bajo sospecha de estar indocumentadas.

Además de alertar sobre los obstáculos que generaría esta legislación a agencias federales, el Gobierno pide al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor, prevista para el próximo 29 de julio.

Chin indicó que la SB1070 estipula delitos que «no se basan en la legislación federal», como que sea ilegal transportar indocumentados dentro del país, y sólo promueve la vía policial para aplicar la ley migratoria, en contra de lo establecido por el Congreso.

«Lo esencial de esta ley es que sólo la acusación judicial y el encarcelamiento son el camino, mientras que bajo la ley federal la decisión legal baraja otras vías, como la deportación civil y la ayuda permanente, como en el caso de refugiados», explicó.

Esas diferencias y otras en el lenguaje entre la SB1070 y la ley federal han sido también la base de otras cinco demandas presentadas por particulares y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, que estudia la jueza federal en Phoenix, Susan Bolton.

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