Atenas – La Policía griega acusó este lunes a 35 personas, de las cuales 33 son trabajadores humanitarios de ONG que realizan operaciones de rescate en el mar Egeo, de pertenencia a banda criminal, tráfico humano y espionaje.
Los otros dos acusados son un iraní y un afgano.
«Los implicados, con el pretexto de la ayuda humanitaria, facilitaban a personas que llegaban desde Turquía datos confidenciales», destacó la Policía en un comunicado.
Supuestamente estas personas filtraban a través de grupos privados en redes sociales datos confidenciales como la hora y lugar de salida desde las costas turcas de los botes, la dirección en la que navegaban o el número de personas que iban abordo.
Según el comunicado, desde junio los acusados han intentado facilitar la llegada de 32 embarcaciones a la isla de Lesbos.
Sin embargo, de momento ninguno de los acusados ha sido detenido o interrogado. De hecho, al ser preguntada al respecto por Efe, la ONG Sea-Watch no era consciente de la situación.
«Se les ha identificado pero no han sido detenidas ni convocadas para un interrogatorio porque la investigación aún está en curso», dijo a Efe una fuente de la Policía y añadió que «algunos implicados están en el país, otros en el extranjero».
Según filtraciones de la Policía a los medios locales, las personas acusadas son activistas de distintas nacionalidades de las ONG Mare Liberum, Watch the Med, Sea Watch y FFMEV.
El ministro de Migración, Notis Mitarakis, felicitó en un comunicado a las autoridades y destacó que «no se tolerará a las ONG que lleven a cabo actividades ilegales».
En los últimos meses se han multiplicado las denuncias, apoyadas por material gráfico, de un gran número de devoluciones en caliente de embarcaciones con refugiados a Turquía.
Según las denuncias de ONG de rescate y de derechos humanos, la Guardia Costera helena destroza los motores de las embarcaciones y las remolca hasta aguas territoriales turcas o deja que las corrientes marinas las devuelvan a aguas del país vecino.
A pesar de la demanda de Acnur para que investigara las denuncias, a las que la organización de las Naciones Unidas da mucha credibilidad, el Ejecutivo heleno no quiere oír hablar del tema y defiende a los guardacostas como protectores de las fronteras. Además, desdeña las denuncias calificándolas de «propaganda turca».
No es la primera vez que Grecia acusa a activistas o profesionales humanitarios de tráfico humano y espionaje.
En 2016 tres bomberos sevillanos, que viajaron hasta Lesbos con la ONG Proem-Aid para salvar vidas en el mar Egeo, fueron detenidos por presunta tentativa de tráfico de personas. Dos años después fueron absueltos sin cargos.
Otro ejemplo es la siria Sarah Mardini, quien se hizo célebre en 2015 cuando, junto a su hermana Yusra -que después participó en el equipo de Atletas Olímpicos Refugiados en los Juegos de Río-, arrastró a nado la embarcación a la deriva en la que ellas y otros dieciocho solicitantes de asilo intentaban llegar a Grecia.
Mardini y el alemán Seán Binder fueron arrestados cuando ejercían como voluntarios cualificados de salvamento en Lesbos y acabaron pasando más de cien días en la cárcel por cargos de tráfico de personas, hasta quedar por fin en libertad bajo fianza en diciembre de 2018. De momento su juicio no tiene fecha. JP
