La iniciativa de gravar a las empresas tecnológicas como Google, Facebook, Mercado Libre o Airbnb por parte de la Secretaría de Hacienda (SHCP) a partir del 2020 ha sido uno de los temas más polémicos en torno a la relación del Gobierno Federal con estas compañías.
Y aunque estas se han pronunciado a favor de las medidas, no están de acuerdo en las formas y tiempos que se han establecido.
Por ello, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la cual está integrada por Facebook, Google, Airbnb, Amazon y Mercado Libre, le solicitó más tiempo a la SHCP para cumplir con las implementaciones de la reforma fiscal y así no afectar a los usuarios.
De acuerdo con una declaración de Sissi de la Peña, representante de la ALAI, durante una conferencia de prensa, “los tiempos de implementación son limitados y poco realistas”, pues las empresas no cuentan con el capital humano ni la infraestructura para adecuarse a las peticiones del paquete económico para el próximo año.
En este sentido es importante señalar que si las plataformas no se registran a tiempo para el cobro de los impuestos, la consecuencia sería una suspensión del servicio en todo el país, lo cual, según la organización mexicana Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), “es una medida desproporcionada y violatoria del derecho a la libertad de expresión e información”.
Además, la ALAI también coincide con la R3D, respecto a que esta iniciativa incluso podría ser incostitucional, pues se antepondría a la libertad de expresión establecida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Lina Ornelas, directora de Política Pública y Asuntos Gubernamentales de Google México, mencionó durante una entrevista con el diario El Economista que existe el riesgo de que haya una “alta litigiosidad”, lo cual, “lejos de lograr el objetivo de recaudación, las empresas y ciudadanos se van a amparar y las suspensiones se van a otorgar” y al final, la ley no se aplicaría.
Y es que si una empresa no hace su registro o no paga el IVA, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le podría solicitar al proveedor de servicios que la dirección IP sea bloqueada del país, lo cual dejaría sin el servicio a miles de personas. Pero las consecuencias no se reflejarían sólo en el sitio en cuestión, sino que tendría efectos colaterales en otros servicios.
De acuerdo con Manuel Haces, gerente de Relaciones con Gobierno en Google México, “para que sea efectivo el bloqueo, los proveedores de servicio de Internet tienen que bloquear los rangos de direcciones IP de estos servicios de hosting, por lo que si se bloquea una aplicación, se bloquean todas las demás almacenadas en esos servicios de hosting”.
Un ejemplo que dio de esta situación Lina Ornelas fue el de Spotify. Mencionó que si esta plataforma se encuentra alojada en los servidores de Google en Mountain View, California, y llegase a ser desconectado en México, pasaría lo mismo con los servicios básicos de Google como el buscador o el correo electrónico.
“No estamos en contra de pagar impuestos, estamos muy a favor de apoyar al Gobierno, pero estamos en contra del apagón a internet”, explicó Sissi de la Peña a la agencia de noticias Efe, al salir de una reunión con representantes de la Secretaría a finales de septiembre.
Según la ALAI, la adaptación de los mecanismos para las plataformas contempladas en la reforma fiscal sería de hasta 12 meses, según la experiencia que han tenido en otros países como Colombia, y es por eso que también piden ese plazo de adaptación en México.
Cabe recordar que el 20 de octubre se cumplirá el plazo para que los diputados aprueben la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2020. Después, el paquete deberá pasar al Senado, quien tiene hasta el 31 de octubre para hacer lo propio y su publicación sería el 5 de diciembre. La entrada en vigor se prevé para abril de 2020.
