Tegucigalpa – Las operaciones Tormenta de Fuego, que comenzaron hace 140 días en Honduras, propinaron este miércoles fuertes golpes a diversos delitos, especialmente al lavado de activos y tráfico de drogas.
– Una lujosa limosina fue inmovilizada en el caribe hondureño.
Mediante su versión VI las acciones dejan 139 capturas, 24 aseguramientos de propiedades, 214 requerimientos fiscales, 250 inspecciones, 114 allanamientos y 40 secuestros de documentos, informó a Proceso Digital una fuente de la Fiscalía hondureña.
Uno de los mayores alcances de la operación fue la desarticulación de la banda “Los Peludos”, cuyos miembros están ligados a la organización criminal Los Cachiros. La zona de operación de estos sujetos era el departamento de Colón y su residencia en el barrio Tamarindo.
A “Los Peludos” se les aseguraron 24 bienes inmuebles entre hoteles, bares, residencias, centros nocturnos y casas de empeño, igualmente les incautaron 146 mil 500 lempiras.
Es importante mencionar que el 19 de marzo de 2016 en una operación el Ministerio Público logró la captura de cinco integrantes de la banca criminal “Los Peludos” en la ciudad de Juticalpa, Olancho. Sin embargo, este grupo criminal seguía operando en el caribe del país y se les considera como aliados estratégicos de la familia Rivera Maradiaga.
De acuerdo a la información preliminar se logró las capturas, en las últimas horas, de Osmín Edilberto Herrera Jiménez, José Asael Quintero Castro, María Raquel Jiménez y Luis Fernando Herrera Castro. Todos son parte de un núcleo familiar y son señalados de liderar acciones de narcomenudeo.
Lucha contra corrupción pública
Tormenta de Fuego VI también ejecutó secuestro de documentos en hospitales públicos, alcaldías y otras oficinas del Estado por suponer que existen irregularidades en la compra de medicamentos y la adjudicación de algunos proyectos de obras públicas e infraestructura por parte de empresas vinculadas a la criminalidad organizada, además se constataron denuncias hechas por delitos contra la salud, específicamente en la emisión de registros sanitarios de medicamentos para pacientes con cáncer.
Asimismo, en la sexta etapa de la operación se ejecutaron acciones encaminadas a realizar una serie de inspecciones en centros especiales, postas policiales, centros penales y asilos de ancianos, donde se determinará el trato que se le da al ciudadano. En delitos relacionados a la niñez se llevaron a cabo órdenes de captura contra victimarios y se emitieron requerimientos fiscales por la sección de trata y delitos sexuales.
Otra de las actividades desarrolladas fue la inspección de pasos fronterizos y depósitos fiscales con el fin de llevar a cabo diligencias investigativas por contrabando. También la Fiscalía del Medio Ambiente hizo controles en carreteras para detectar delitos forestales a lo que se suma la Fiscalía Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural, quienes realizaron una serie de acciones a favor de los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños por lo que se secuestró documentos en alcaldías y empresas constructoras.
Además, la Fiscalía solicitó medidas de observancia en aduanas para protección a la propiedad intelectual. Para el caso, la Fiscalía Contra Delitos Tributarios presentó cinco requerimientos fiscales contra evasores del fisco (cuatro en San Pedro Sula y uno en Tegucigalpa).
De su lado la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizaron una serie de acciones para garantizar la tutela de los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños, las cuales comprenden secuestro de documentos en alcaldías y una empresa constructora, inspecciones de campo en territorios ancestrales y requerimientos fiscales por delitos contra la vida y usurpación.
Para el caso, se decomisó información en la Alcaldía de Intibucá, Intibucá, donde se investiga el otorgamiento de dominios plenos en territorios indígenas Lencas, afectando con ello a la comunidad de Río Blanco, centro de lucha de la líder ambientalista Berta Cáceres y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Asimismo, se secuestró documentación en la alcaldía de Santa Fe, departamento de Colón, en virtud de investigaciones que se siguen por ventas irregulares de tierras a favor de terceros y en detrimento del pueblo garífuna de Guadalupe, al tiempo que continúan inspecciones orientadas a requerir información de la Alcaldía de Trujillo, por similares hechos y por los cuales recientemente se acusó a la registradora de la Dirección General de Registro del Institución de la Propiedad (IP), Tania Santos Antúnez, quien el próximo 27 de junio comparecerá a audiencia inicial.
Además, en la Municipalidad de Trujillo se investiga concesión de permisos para la construcción de proyectos de energía y refinería dentro de las comunidades de Cristales, Río Negro y Barranco Blanco.
Por otra parte, agentes ATIC, bajo la dirección técnica y jurídica de la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural, decomisan información en la empresa SERDICON, debido a denuncias por daños agravados ocasionados al inmueble de la antigua Casa Presidencial, ubicada en Casco Histórico del Distrito Central.
Todas las Tormentas de Fuego El 30 de enero se puso en marcha en 30 ciudades la Operación Tormenta de Fuego, para contrarrestar flagelos como tráfico de drogas, extorsión, asociación ilícita, portación ilegal de armas, asesinato, homicidio, robo, explotación sexual comercial, violación, actos de lujuria, tráfico de madera, fraudes y corrupción. Estas acciones derivaron en 205 capturas, 210 inspecciones y 12 secuestros de documentos en casos de corrupción. El 24 de febrero se produjeron 176 detenidos y 327 requerimientos fiscales a nivel nacional por diferentes delitos. Aquí continuó la operación Tormenta de Fuego, en su segunda etapa, con el propósito de ejecutar inspecciones y secuestro de documentos por denuncias de corrupción en oficinas públicas, verificaciones en centros asistenciales y hospitales. Además, se ejecutaron órdenes de captura por diferentes delitos, allanamientos en busca de armas y drogas, retenes, decomiso de expedientes en Alcaldías y Secretarias de Estado, desarticular bandas criminales dedicadas al sicariato y verificar falsificación de marcas. Operación Tormenta de Fuego III El 25 de marzo, el Ministerio Público terminar con éxito la Operación Tormenta de Fuego III, con 220 capturas, 104 allanamientos, 310 inspecciones y 20 acciones de secuestro de documentos por delitos de corrupción. Estas acciones atacaron el delito de trata de personas, asimismo se hicieron inspecciones en seis municipalidades: La Venta, Choluteca, Villa de San Francisco, Trujillo, Tela y Veracruz en Copán y en dependencias estatales como el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Instituto de la Propiedad (IP), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), dependencias relacionadas con la Policía de Tránsito y Cobras. Operación Tormenta de Fuego IV El 28 de abril se ejecutó la Operación Tormenta de Fuego IV en los 18 departamentos del país con el saldo de 210 capturas. La acción investigó y documentó una serie de casos en los que operadores de justicia habrían beneficiado a miembros del crimen organizado, así como por haber participado en posibles delitos de abuso de autoridad, cohecho, sustracción de documentos y prevaricato. Por su parte, la Fiscalía Especial de la Mujer hizo varios operativos para desmantelar redes criminales dedicadas a la trata de personas, explotación sexual comercial y proxenetismo. Mientras que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) ejecutó allanamientos y órdenes de captura contra miembros de maras y pandillas. Desarrollada el 26 de mayo de este año en todo el país. La Operación Tormenta de Fuego en su quinta etapa dejó como resultado un total de 144 personas detenidas en todo el país a raíz de 107 requerimientos fiscales. Estas acciones atacaron el tráfico ilícito de armas, drogas, lavado de activos, tráfico de personas, secuestros, extorsión, entre otros. Se hicieron inspecciones en ventas de vehículos, clínicas, despachos jurídicos y otros profesionales independientes en donde de acuerdo a investigaciones no se cumplía con obligaciones tributarias.
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