Tegucigalpa – El Triángulo Norte de Centroamérica, que componen Honduras, El Salvador y Guatemala, se decantan por la instalación de sus propias comisiones anticorrupción.
– Guatemala (CICIG) y Honduras (MACCIH) finalizaron sus comisiones anticorrupción que eran tuteladas por la ONU y OEA, respectivamente y en su lugar anuncian nuevos instrumentos para reemplazarlas.
– En El Salvador, la recién instalada CICIES en septiembre pasado, no tiene facultades penales y sus ejecutorias deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional.
– Panamá estudia la posibilidad de instalar una comisión internacional contra impunidad.
Considerada una de las zonas más violentas del continente, señalados como los países en los que se producen incontables actos de corrupción, el Triángulo Norte de CA es de especial atención para Estados Unidos.
#EncuestaPD????¿Hacen bien los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica en crear sus propios organismos anticorrupción?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 22, 2020
Asimismo, con iguales problemas -El Salvador, Honduras y Guatemala- han configurado una especie de escudo para combatir el narcotráfico, pandillas y grupos criminales que disparan los altos índices de violencia en esa zona trinacional.
Pero la corrupción e impunidad no es un flagelo ajeno en estas tres naciones, que constantemente unen esfuerzos con cooperación externa para luchar contra este delito que lacera las exiguas arcas nacionales.
Significativos casos salieron a relucir en Guatemala gracias a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que aunque tardó varios años en dar sus primeros resultados, fueron notarias las condenas contra un presidente y vicepresidenta en funciones, así como varios ministros y otros altos funcionarios.
Mientras en Honduras la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) en poco tiempo ayudó al Ministerio Público, por medio de la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC), a presentar al menos 13 casos de impacto que rápidamente llevó a la cárcel a una exprimera dama y el procesamiento penal de decenas de funcionarios, exfuncionarios, diputados, familias políticas y otros personajes influyentes de la sociedad.
Durante la operación del binomio MP/UFECIC-MACCIH, distintos personajes políticos señalados por la comisión de actos de corrupción dejaron clara su postura de conspiración contra el cuerpo anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) .
Un informe presentado por el Congreso Nacional y aprobado por la mayoría de sus diputados en diciembre pasado, así como otras opiniones de entidades públicas como la Procuraduría General de la República (PGR), dieron al traste en los argumentos ofertados por el gobierno para no renovar la Misión.
Fue así que la decisión de Honduras, la semana anterior, de no renovar la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), le puso fin a cuatro años de operación de este cuerpo investigativo tutelado por la OEA.
El gobierno hondureño alegó que los tiempos “no fueron suficientes” para lograr un acuerdo de renovación del convenio con la OEA, al tiempo que anunciaron un nuevo mecanismo de transparencia y combate a la corrupción, mismo que se conocerá en las próximas semanas o meses.
De su lado, la Secretaría General de OEA informó que la UFECIC fue la piedra angular para no llegar a un acuerdo con el gobierno. Ambas partes dijeron que siguen en la disposición de entablar conversiones para nuevos mecanismos anticorrupción.
Sectores de la sociedad hondureña demandan que el convenio sea renovado. Asimismo, anuncian protestas sociales para revertir -lo que llaman- “una nefasta decisión”.
Mientras, desde el Congreso Nacional, los diputados oficialistas aseguran que con el fin de la MACCIH también concluye la operatividad de UFECIC, el brazo fuerte de la Fiscalía en los casos contra corruptos presentados en los tribunales de la República.
Tras la decisión de no remozar la Misión, grupos de oposición han proferido tibias manifestaciones de respaldo a la MACCIH e incluso el principal partido político en la llanura -Libertad y Refundación- anuncia una protesta hasta para el 27 de enero que coincide con un aniversario más del actual gobierno.
El caso de Guatemala
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se creó el 12 de diciembre de 2006 y disuelta el 3 de septiembre de 2019, tras 13 años de operación.
Fue concebida como un órgano independiente y bajo la tutela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya finalidad era apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad.
La CICIG, bajo la dirección del abogado colombiano Iván Velásquez, ejecutó entre 2015 y 2019 una cruzada contra la corrupción que imputó a más de 150 personas entre diputados, ministros, empresarios y funcionarios públicos, incluida la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) y los expresidentes Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y Otto Pérez Molina (2012-2015).
La fiscal general Thelma Aldana fue una figura determinante para que los casos de la CICIG tuvieran eco en los juzgados guatemaltecos. Tanto Velásquez como Aldana fueron considerados como una especie de “superhéroes”.
Luego, el presidente entrante en ese momento, Jimmy Morales, se encargó de ponerle punto y final a la Comisión Anticorrupción, alegando actos ilegales, abuso de poder y actos en contra de la Constitución del país.
Previamente la CICIG procesó al presidente Morales y a familiares cercanos de éste, que incluyeron a su hijo y hermano.
Mientras, el recién embestido gobernante guatemalteco Alejandro Giammattei siempre dejó claro que no renovaría el mandato de la CICIG. Giammattei estuvo en la cárcel por varios meses en un proceso iniciado por la CICIG.
Giammattei anuncia su Misión
Este martes, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, instaló una comisión gubernamental para luchar contra la corrupción estatal.
La Comisión Presidencial Contra la Corrupción, prometida por Giammattei durante su investidura hace una semana, fue establecida con el acuerdo gubernativo 28-2020 y publicada este martes en el diario oficial.
«La comisión tiene por objeto apoyar las acciones de los ministerios e instituciones del Organismo Ejecutivo, para coordinar la Política Pública de Prevención y Lucha Contra la Corrupción», ordena el decreto.
De acuerdo a la normativa, Giammattei será el presidente de la comisión, integrada además por el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Finanzas Públicas, el procurador general de la Nación, el secretario de la Presidencia, el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia y dos directores ejecutivos.
La CICIES salvadoreña sin dientes
Con tan solo tres meses en el poder, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele decidió instalar en el país la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES). Dicho convenio tendrá vigencia hasta 2022.
A través de un decreto presidencial, que fue duramente criticado por congresistas, el presidente Bukele estableció que la comisión podrá investigar las 105 entidades del Estado.
Sin embargo, hasta ahora la Comisión de OEA no tendrá atribuciones penales, pues éstas tendrían que ser aprobadas por la Asamblea Nacional donde Bukele no cuenta con mayoría.
El objetivo del organismo es investigar casos de corrupción en la nación centroamericana que en los últimos años ha visto decenas de funcionarios, incluidos tres expresidentes, involucrados en acusaciones de corrupción.
El establecimiento de una comisión internacional como la CICIES es similar a lo que ocurrió en Guatemala y Honduras, ambos entes ya fenecidos.
Sin embargo, existe ambigüedad en torno a la relación de la comisión con la Fiscalía General de la República (FGR), el único organismo al que la Constitución concede autoridad sobre la investigación criminal y la acusación penal.
Es por eso que una CICIES sin participación de la Fiscalía no parece tener mucho sentido.
Panamá y Ecuador
A la ola de estas comisiones anticorrupción se suma el caso de Ecuador, que en mayo de 2019 anunció una comisión anticorrupción integrada por expertos de cinco países.
El cuerpo anticorrupción asesorará a las instituciones públicas de ese país en las investigaciones sobre casos de corrupción.
La estadounidense Stacy de la Torre, el español Nicolás Rodríguez, el brasileño Vladimir Aras, la guatemalteca Claudia Escobar y el hondureño Carlos Hernández forman parte de la comisión, cuya secretaría técnica estará a cargo de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Eduardo UlloaMientras, esta semana el nuevo fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa, dijo que no descarta la instalación de una comisión internacional contra la impunidad en el país, similar a la que llevó en Guatemala casos anticorrupción emblemáticos, aunque dudó sobre su efectividad en una sociedad politizada y que desconfía de todo como la panameña.
«Yo no la descarto. Pero habría que ver realmente el contexto dentro del cual se promovería esto, y si realmente tendría una efectividad», declaró Ulloa.
La posibilidad de que Panamá cree una comisión tutelada por entes internacionales como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido sugerida por algunos sectores nacionales en medio de duras críticas a la fiscalía y a los tribunales por su desempeño en los llamados casos de corrupción de alto perfil.
La Justicia panameña está en el ojo del huracán desde hace varios años, cuestionada por lo tardío de sus sentencias y por escándalos que incluyen acusaciones de venta de fallos y presiones políticas contra los magistrados de la Corte Suprema, e ineptitud y selectividad por parte del Ministerio Público.
