Tegucigalpa – El gobierno hondureño ordenó este martes una serie de medidas para garantizar la seguridad en el interior de las unidades del transporte público que van desde la instalación de GPS, monitoreo permanente de los buses y aumento de 500 efectivos para reforzar la vigilancia en el ramo, se informó mediante un comunicado.
– Un Escuadrón de 100 motocicletas vigilarán las unidades del transporte.
– El sistema prepago es otra de las instrucciones giradas por Hernández, que también incluye la instalación de cámaras de tiempo real y botones de pánico.
El propio presidente Juan Orlando Hernández, antes de partir a Washington a un evento en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), giró instrucciones a los distintos operadores de justicia con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y conductores del transporte público.
El gobernante ordenó la utilización de medidas de seguridad que se refuercen con el apoyo de tecnología a fin mantener un monitoreo constante de las unidades de transporte público.
Entre las medidas se destaca: la instalación obligatoria de GPS, cámaras de tiempo real y botones de pánico que se instalarán en las unidades de transporte para que los usuarios puedan alertar las autoridades al estar en situación de riesgo.
Además, se contempla ampliar la cobertura de las cámaras de seguridad, que funcionan las 24 horas del día en todas las rutas de buses.
Otro de los puntos ordenados obedece a la implementación del uso de la tarjeta prepago en todas las unidades de transporte público.
Igualmente, el jefe del Poder Ejecutivo instruyó que se incremente a 500 efectivos la Fuerza de Tarea del sector Transporte para que refuercen la seguridad que actualmente se le brinda a las unidades del sistema público, que también serán resguardadas por un Escuadrón Motorizado de 100 motocicletas.
La Dirección Nacional de Tránsito y la fuerza especializada regularán que las unidades de transporte urbano hagan uso exclusivo de las estaciones para el abordaje de pasajeros.
Los empleados del transporte público son víctimas de extorsionadores, que ante la negativa del pago del mal llamado impuesto de guerra, asesina a motoristas y ayudantes de buses, taxis y mototaxis.
Un reciente informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), establece que alrededor de 140 personas han resultado muertas y unas 40 con heridas de consideración en las unidades del transporte público (buses y taxis) en nueve meses de 2014.
