Tegucigalpa – El gobierno se reunió este miércoles con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para socializar el paquete de reformas tributarias.
La misión del gobierno estuvo encabezada por el secretario privado, Héctor Manuel Zelaya; el titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa; y el ministro de Desarrollo Económico (SDE), Pedro Barquero.
El titular de la SAR señaló en comparecencia de prensa que el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria tiene tres objetivos: el primero es detener los abusos en los regímenes de exoneraciones fiscales a través de la opacidad tributaria.
Mencionó que el segundo objetivo es implementar medidas para incrementar los impuestos existentes, sin necesidad de crear uno nuevo, con el fin que haya mayor justicia tributaria.
Ochoa definió que el concepto de justicia tributaria implica que el que más gana es el que más paga. La tercera intención es evitar que el país sea declarado paraíso fiscal, dijo.
El funcionario contó que en diciembre de 2021, el anterior gobierno recibió una comunicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la que alertaba que si no se derogaba el régimen ZEDE y Zoli, Honduras seria declarado como un país con regímenes perniciosos.
Destacó que con la derogación del régimen de las ZEDEs se permitió ampliar la posibilidad de ser evaluados hasta abril del presente año.
Detalló que en los últimos 12 años se otorgó 451 mil millones de lempiras en exoneraciones, indicando que es 116 % a la deuda pública.
Ochoa recalcó que el objetivo del proyecto es revertir ese esquema de privilegios porque ha dado poco beneficio a la población.
Por su parte, el presidente del Cohep, Mateo Yibrin, agradeció que le remitiera el proyecto de Ley de Justicia Tributaria y que lo enviara a las centrales obreras para que analicen los beneficios.
“Lo más nos ocupa es cómo podemos trabajar con el gobierno para crear un país con un clima de inversión que ofrezca más salarios dignos a los hondureños”, dijo Yibrin.
Estimó que solo el 16 % de la población hondureña económicamente activa tiene salarios dignos como el mínimo, los que pagan el treceavo, catorceavo y seguridad social.
Yibrin prometió trasladar a la brevedad las consideraciones del sector privado. AG
