Tegucigalpa — El próximo 14 de octubre, el gobierno a través de una convocatoria realizará —según diversas organizaciones de derechos humanos— una “asamblea simulada” para consumar la imposición de un nuevo representante de la sociedad civil en el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (CONAPREV), ignorando un proceso legítimo y democrático celebrado en 2023, y dejando un precedente peligroso para la autonomía de los espacios cívicos del país.
-Organizaciones de DDHH denuncian “asamblea simulada” para imponer comisionado de CONAPREV
-Ante una nueva ilegalidad el CPTRT anunció un recurso ante la CIDH que será presentado “a más tardar el próximo viernes.
De acuerdo con las denuncias, el objetivo de esta maniobra es nombrar a Joel Fugón, activista del partido Libertad y Refundación (Libre) y actual empleado del mismo CONAPREV, quien sería juramentado sin obstáculos por el Ejecutivo, para ocupar el puesto que corresponde a la abogada Mildred Meléndez, elegida legítimamente hace más de dos años por mayoría de las organizaciones de sociedad civil, señalaron varias activistas.
Manipulación desde la Secretaría de Derechos Humanos
El recién pasado lunes 6 de octubre, tres organizaciones de la sociedad civil solicitaron una reunión con el ministro de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), Héctor Longino Becerra, para advertirle que estaba incurriendo en una nueva ilegalidad al convocar una asamblea sin cumplir los requisitos establecidos en la ley.
Sin embargo, según las organizaciones, Becerra tergiversó el contenido de la reunión al publicar una nota en la que afirmaba que las instituciones habían acudido a respaldar el proceso, cuando en realidad lo hicieron para advertir sobre su ilegalidad.
“Este proceso de elección se desarrolla en cumplimiento de los artículos 8, 11 y 12 de la Ley del MNP-CONAPREV reafirmando el compromiso de la SEDH con la participación ciudadana y la protección de los DD.HH”, cita el mensaje oficial en la cuenta de X de la SEDH.
Fuentes consultadas, refirieron que, durante la reunión, el ministro Becerra se habría burlado de la posición de las organizaciones civiles y justificó la falta de juramentación de la abogada Mildred Meléndez, electa legítimamente por mayoría en 2023, alegando que debía respetarse la decisión de la presidenta Xiomara Castro.
Dos años de ilegalidad e indiferencia
El CPTRT recordó que el 23 de junio de 2023 se realizó una asamblea democrática con la participación de 30 organizaciones, de las cuales 19 votaron por la abogada Mildred Meléndez como representante de la sociedad civil ante el CONAPREV. Dicho proceso fue acompañado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), e incluso por la misma Secretaría de Estado de Derechos Humanos (SEDH), que avaló el proceso.
No obstante, con el retiro de algunas instituciones la abogada electa no fue nombrada ni juramentada.
Desde entonces, a Meléndez se le ha negado el derecho a asumir su cargo como una de las tres comisionadas del CONAPREV. Actualmente, solo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo cuentan con representantes activos, lo que —según las denuncias— ha permitido al gobierno controlar el discurso oficial sobre la situación en los centros penales y mantener “informes neutros” que ocultan las graves violaciones a los derechos de los privados de libertad.
Ahora quieren hacer un montaje de asamblea el 14 de octubre, con la venia de 14 organizaciones que cedieron ante las mieles del poder y que han sucumbido a buscar sus propios intereses, destacaron las activistas proderechos humanos.
Se prestaron a una farsa “con consecuencias graves para la sociedad civil”, advirtió la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU), Dina Meza.
Meza recordó en entrevista con Proceso Digital que las organizaciones que participaron en la elección de la comisionada de sociedad civil ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (CONAPREV) “se sienten burladas” por las acciones del gobierno y la Secretaría de Derechos Humanos.
Según Meza, en las últimas horas el ministro de Derechos Humanos ha “manipulado la situación” y continúa actuando como “activista del partido Libre”, luego de emitir una nota “tergiversada” tras la más reciente reunión con las organizaciones.
“Hay muchas organizaciones que han estado boicoteando la juramentación de la comisionada porque temen que ella diga la verdad sobre lo que realmente ocurre dentro del sistema penitenciario. Quieren mantener un escenario ficticio de que todo está bien en las cárceles, cuando la realidad es muy diferente”, afirmó la defensora de derechos humanos.
La directora de ASOPODEHU advirtió que el Ejecutivo busca “tener el control total del CONAPREV”, pues “ya no pretenden tener dos representantes, sino tres, violentando el reglamento que establece claramente cómo deben elegirse los comisionados”.
Finalmente, la activista hizo un llamado al respeto de la legalidad y la autonomía de las organizaciones de sociedad civil, subrayando que “la verdadera defensa de los derechos humanos comienza con la independencia frente al poder político”.
“Una ilegalidad tras otra”: abogada Mildred Meléndez
La abogada Mildred Meléndez, entrevistada por Proceso Digital, recordó que ella fue electa como comisionada, en una asamblea que se llevó a cabo “de manera legítima, transparente y cumpliendo con el debido proceso”.
“En esa asamblea fui electa conforme a la ley, con el acompañamiento de la OACNUDH y la propia Secretaría de DDHH. Pero once organizaciones se retiraron del proceso, y eso fue aprovechado por el Estado para paralizar la juramentación. Desde entonces ha sido una ilegalidad tras otra”, denunció Meléndez.
La abogada cuestionó que el gobierno “manipule los procedimientos para no acatar la voluntad de las mayorías”, asegurando que el actual proceso “viola abiertamente el principio de legalidad que debe imperar en todo Estado de derecho”.
A renglón seguido anotó “lo que vemos hoy es un cierre de los espacios cívicos. Se privilegia a las organizaciones afines al gobierno mientras se silencia a quienes defienden los derechos de las personas privadas de libertad, las mujeres trans y lesbianas, y los familiares que siguen buscando justicia”, añadió.
Medidas ante la ilegalidad
Por su parte, la subdirectora del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Alba Mejía, informó que el organismo está preparando una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir respeto al papel de la sociedad civil y a la legalidad del proceso de 2023.
“Esa asamblea que va a tener lugar el 14 es ilegal e ilegítima, porque el proceso de designación de la abogada Mildred Meléndez aún está pendiente”, afirmó a Proceso Digital.
Las organizaciones respetables y con trayectoria, como por ejemplo Cáritas, Paz y Justicia y la Pastoral Evangélica que trabaja en la cárcel de Marcala, no participarán en esta asamblea, pues es evidente que está inspirada en razones sectarias y políticas, agregó.
Mejía cuestionó que la Secretaría de Derechos Humanos haya convocado nuevamente a una asamblea “sin resolver la controversia previa”, y señaló que “en esta nueva convocatoria participan organizaciones que no tienen trabajo alguno en la prevención de la tortura o la rehabilitación de víctimas.
“Nos preocupa profundamente que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que se autodenomina socialista y democrático, no respete la voluntad de las mayorías expresada en julio de 2023. La presidenta debe dar el ejemplo y juramentar a la abogada Meléndez, porque el respeto a la ley es el fundamento de la democracia”, subrayó.
Finalmente, la subdirectora del CPTRT anunció que el recurso ante la CIDH será presentado “a más tardar el próximo viernes”, en busca de que se garantice el respeto a la autonomía y la legitimidad de las organizaciones de sociedad civil hondureñas.
Las organizaciones denunciantes recordaron que desde hace dos años han enviado cartas y solicitudes a la presidenta Xiomara Castro advirtiendo sobre la ilegalidad del proceso y demandando respeto a la autonomía de la sociedad civil. Pero de nada sirvieron los plantones ni las cartas. El gobierno está por consumar una farsa, señalaron.
Para las organizaciones denunciantes, convergen en un mismo punto: la asamblea del 14 de octubre será la “estocada final” a la independencia de los espacios cívicos, al permitir que el Ejecutivo controle completamente el CONAPREV, ya que el Estado hondureño está reemplazando la participación ciudadana por el control partidario.LB
