Gobierno salvadoreño homenajea a hondureña defensora de víctimas de la guerra civil

San Salvador – El Gobierno de El Salvador homenajeó hoy a María Julia Hernández, defensora de los derechos humanos de muchas víctimas de la guerra civil que vivió el país (1980-1992) y quien murió en 2007 de causas naturales.
 

El gobernante salvadoreño, Mauricio Funes, confirió de forma póstuma la Orden del Libertador de los Esclavos «José Simeón Cañas», en el grado de Gran Oficial, a María Julia Hernández, en un acto celebrado en la Casa Presidencial.

Gloria Hernández, hermana de María Julia, recibió el reconocimiento, complementado con una exposición fotográfica de la vida de la defensora de los derechos humanos.

Funes dijo que la condecoración es un homenaje y agradecimiento a María Julia Hernández «en nombre del Gobierno y del pueblo salvadoreño» por «su compromiso con la vida y su dedicación generosa al servicio de las víctimas de la injusticia».

Hernández fue la directora de la oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador desde su fundación en 1982 hasta que ella falleció el 30 de marzo de 2007 por un paro cardíaco, a los 68 años.

Nacida en 1939 en Honduras, de padres salvadoreños, María Julia Hernández fue colaboradora del arzobispo de San Salvador asesinado en 1980, Oscar Arnulfo Romero, cuyo sucesor, Arturo Rivera Damas, fundó Tutela Legal y la nombró como directora.

Hernández está sepultada cerca de Romero en la cripta de la catedral de San Salvador.

Entre otras acciones, María Julia representó en instancias judiciales nacionales e internacionales a familiares de las víctimas de matanzas de civiles ocurridas durante la guerra civil, como en el caso de la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981.

Hernández fue la primera en denunciar el asesinato de unas 1,000 personas, la mayoría niños y mujeres, y logró la exhumación, hasta 2004, de al menos 281 restos humanos de víctimas de dicha matanza.

Además, tuvo un papel destacado en el esclarecimiento de los asesinatos en 1989 de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres salvadoreñas, perpetrado por militares en el recinto de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas».

Funes recordó que Hernández «tuvo el privilegio de trabajar» con Romero y que «protegió a los refugiados, a los desaparecidos y a quienes sufrieron de la tortura y el olvido».

Hernández «luchó para que se reconociera (el) sufrimiento» de las víctimas y «por la búsqueda de la verdad, la justicia, por la humanización del conflicto armado», añadió el gobernante.

Remarcó que fue una «mujer sencilla y valiente» y que «se entregó de lleno a las causas, a la defensa de los derechos humanos e investigó muchos crímenes y abusos de poder que el Estado, en aquella época, no solo cometió, sino que trató de ocultar».

En una polémica decisión, el 30 de septiembre pasado la iglesia católica salvadoreña cerró Tutela Legal para convertirla en otra dependencia porque descubrió «irregularidades» administrativas.

En el archivo de la clausurada Tutela Legal se presume que hay más de 50.000 denuncias de violaciones de los derechos humanos, en su mayoría cometidas durante el conflicto armado.

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