Tegucigalpa – El gobierno decidió intervenir el SANAA, por medio de una Junta Interventora, para resolver los problemas de la institución pública, especialmente el problema de distribución de agua y sus problemas financieros.
– Prestaciones están ahogando finanzas del ente, ya que se pagan hasta cinco veces más de lo normal.
La decisión fue adoptada por el presidente Juan Orlando Hernández en Consejo de Ministros, informó el secretario ejecutivo del mismo, Ebal Díaz.
Díaz dijo que “esta Junta Interventora tiene el mandato de resolver todos los problemas suscitados al interior de esta institución”, responsable de proveer agua potable y procesar las aguas negras a diversas ciudades del país, incluyendo la capital.
El secretario ejecutivo del Consejo de Ministros identificó como uno de los problemas el alto costo por el servicio de agua que deben pagar los habitantes de las zonas periféricas de Tegucigalpa, que pagan incluso hasta 50 veces más en relación a los que cancelan los habitantes de zonas residenciales.
“Eso es debido al mal sistema de distribución y abastecimiento; las personas que viven fuera del casco urbano pagan hasta 50 veces más el precio del agua en relación con las zonas que tienen este servicio”, manifestó.
Finanzas
Díaz también señaló que muchos inconvenientes que enfrenta el SANAA se han suscitado por “los contratos colectivos que se han firmado entre el sindicato y las administraciones anteriores bajo condiciones completamente desfavorables para el pueblo hondureño”.
Todas esas cargas que se acuerdan o firman en esos contratos colectivos –prosiguió Díaz-, quien los paga al final es el pueblo hondureño y ejemplo de ellos es que, al despedir a un empleado de esa institución, a veces se le tiene que pagar hasta 10 veces más el valor del pasivo laboral establecido en el Código de Trabajo.
Explicó que, si los contratos colectivos entre el SANAA y el sindicato se negociaran en base a ley y con el Código de Trabajo, la cancelación del personal tendría un costo de 1,000 millones de lempiras.
Sin embargo, remarcó que con las cláusulas fijadas en dichos contratos dicha cancelación del personal le costaría al país la suma de 5,000 millones de lempiras, lo que representa un monto extra de más de 4,000 y hasta 4,500 millones de lempiras.
“Esas cantidades, además de injustas, no pueden ser pagadas por el pueblo hondureño y por eso se ordenó la intervención de esta institución y la nominación de una Junta Interventora”, manifestó Díaz.
El funcionario no adelantó quienes serán los integrantes de la Junta Interventora, en vista de que primero debe publicarse el decreto en el Diario Oficial La Gaceta.
