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Gobierno insiste en denuncia contra RCV, y la hará efectiva el próximo jueves

Tegucigalpa-La Secretaría de Finanzas (SEFIN) reafirmó su intención de interponer una denuncia por injuria y calumnia contra Radio Cadena Voces (RCV), y su director Dagoberto Rodríguez Coello, por presunta difusión de información falsa sobre el financiamiento de elecciones en Honduras.

En un nuevo comunicado, SEFIN señaló que la denuncia será presentada el próximo jueves 20 de marzo a las 10:00 a. m. en el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa. La institución gubernamental reiteró que la difusión de información inexacta «con temerario desprecio a la verdad» no constituye libertad de prensa, sino un delito.

Acusaciones y respuesta del Gobierno

SEFIN argumenta que RCV persiste en la difusión de información falsa en relación con la supuesta triangulación de fondos entre SEFIN, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) para favorecer a la candidata Rixi Moncada en las elecciones primarias.

«La acusación hecha por RCV no presenta ninguna evidencia o prueba documental, por lo cual es eminentemente especulativa y ha sido desvirtuada en cada una de sus partes», enfatiza el comunicado oficial.

SEFIN recordó que la Ley de Emisión del Pensamiento permite la difusión de información, pero no las «campañas de desprestigio basadas en datos falsos». Además, exigió que RCV publique su derecho a réplica en primera plana de su diario y lea los comunicados oficiales en sus programas radiales.

Reacción del Colegio de Periodistas y RCV

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó enérgicamente la acción de SEFIN, calificándola como «un intento de criminalización» contra un medio de comunicación independiente. «Exigimos respeto a la libertad de prensa y el cese de represalias contra medios independientes», declaró el CPH.

Por su parte, RCV reafirmó su compromiso con el periodismo de investigación y la transparencia. «Nuestra denuncia sobre el sobregiro de 6,500 millones de lempiras en la Tesorería General de la República el pasado 6 de marzo, tres días antes de las elecciones, se basa en información creíble y verificable», manifestó el medio de comunicación.

La situación ha generado preocupación en el gremio periodístico y sectores de la sociedad civil, quienes demandan un debate abierto sobre la libertad de prensa y el acceso a la información en el país.

Preocupación por amenazas del gobierno a quienes cuestionan su gestión

La creciente intolerancia del gobierno de la presidenta Xiomara Castro hacia quienes critican su administración ha encendido las alarmas no solo en el gremio periodístico, sino también en diversos sectores de la sociedad hondureña. La libertad de expresión y de prensa parecen estar en riesgo ante un ambiente de hostigamiento a quienes se atreven a cuestionar las decisiones gubernamentales.

Recientemente, la mandataria hizo una declaración que ha sido interpretada como una advertencia directa a los críticos de su gobierno. “Quiero hacerles una advertencia a los políticos, especialmente aquellos que utilizan la mentira, falacia, calumnias e injurias, que no voy a permitir que se engañe al pueblo si no existen pruebas”, expresó Castro. Sus palabras surgen en el contexto de la denuncia interpuesta contra el virtual candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, lo que ha generado inquietud sobre el posible uso de mecanismos legales para silenciar opositores.

Diversos informes nacionales e internacionales han alertado sobre el peligro que representa ejercer el periodismo en Honduras. El país se ha posicionado como uno de los más peligrosos para la profesión, según organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Amenazas, agresiones y asesinatos de comunicadores siguen siendo una preocupación latente, mientras el gobierno endurece su postura contra quienes lo cuestionan.

Ante esta situación, organismos de derechos humanos y asociaciones de periodistas han instado a la administración de Castro a respetar la libre expresión y garantizar un ambiente donde la crítica y el debate político no sean castigados, sino valorados como parte fundamental de una democracia saludable. LB

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