Santiago de Chile – El Gobierno advirtió hoy que los alumnos que se encuentran en paro en demanda de una educación pública gratuita y de calidad, deberán recuperar las horas perdidas durante las vacaciones e incluso en días domingos o festivos «si es necesario».
El secretario regional ministerial de educación de la región metropolitana de Santiago, Alan Wilkins, aseguró que los colegios están obligados a elaborar planes de recuperación, ya sea ocupando los días de vacaciones, alargando las jornadas, o estudiando sábado e incluso domingo.
Wilkins recordó que los alumnos de hasta tercero medio tienen plazo hasta el 15 de enero para cerrar el año académico, pero anticipó que la situación más compleja la tendrán los cuartos medios ya que éstos terminan su período escolar el 29 de noviembre próximo, tres días antes de dar la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
El funcionario gubernamental indicó que los alumnos movilizados deben cumplir obligatoriamente el número de clases establecidas y que de acuerdo a los días que los estudiantes han perdido deberán, sin duda, asistir a clases entre Navidad y Año Nuevo.
Hasta ahora son unos 35 mil estudiantes que no asisten a clases y aunque Carabineros desalojó una veintena de colegios que servirán de centros de votación para las elecciones primarias presidenciales de este domingo, los jóvenes han amenazado con tomarse de nuevo los recintos.
A los colegios se suma un número considerable de universidades tradicionales o facultades ocupadas por los alumnos.
Las demandas de los estudiantes se fundamentan en que la educación es un derecho y no un bien de consumo, como a su juicio la consideran el gobierno y los sectores políticos.
Sobre esa base, demandan la gratuidad y el fin del lucro que, en su opinión, es el objetivo de la mayoría de las universidades privadas, en circunstancias que está prohibido por la legislación vigente.
Las protestas comenzaron en 2011, cuando los alumnos empezaron a pedir cambios al sistema impuesto en 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que redujo la aportación del Estado y abrió la educación al mercado, lo que encareció el costo de los estudios.
Los jóvenes, sus padres y apoderados, recurren a créditos para poder financiar sus estudios superiores, iniciativa que les deja amarrados hasta por 20 años con las entidades financieras que cobran altos intereses.
Wilkins recordó que los alumnos de hasta tercero medio tienen plazo hasta el 15 de enero para cerrar el año académico, pero anticipó que la situación más compleja la tendrán los cuartos medios ya que éstos terminan su período escolar el 29 de noviembre próximo, tres días antes de dar la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
El funcionario gubernamental indicó que los alumnos movilizados deben cumplir obligatoriamente el número de clases establecidas y que de acuerdo a los días que los estudiantes han perdido deberán, sin duda, asistir a clases entre Navidad y Año Nuevo.
Hasta ahora son unos 35 mil estudiantes que no asisten a clases y aunque Carabineros desalojó una veintena de colegios que servirán de centros de votación para las elecciones primarias presidenciales de este domingo, los jóvenes han amenazado con tomarse de nuevo los recintos.
A los colegios se suma un número considerable de universidades tradicionales o facultades ocupadas por los alumnos.
Las demandas de los estudiantes se fundamentan en que la educación es un derecho y no un bien de consumo, como a su juicio la consideran el gobierno y los sectores políticos.
Sobre esa base, demandan la gratuidad y el fin del lucro que, en su opinión, es el objetivo de la mayoría de las universidades privadas, en circunstancias que está prohibido por la legislación vigente.
Las protestas comenzaron en 2011, cuando los alumnos empezaron a pedir cambios al sistema impuesto en 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que redujo la aportación del Estado y abrió la educación al mercado, lo que encareció el costo de los estudios.
Los jóvenes, sus padres y apoderados, recurren a créditos para poder financiar sus estudios superiores, iniciativa que les deja amarrados hasta por 20 años con las entidades financieras que cobran altos intereses.
