«Creo que bajo las circunstancias que afrontamos ahora, la mayoría de los intrusos ilegales que estás viniendo a Arizona está bajo la dirección y el control de los carteles organizados de la droga y que están introduciendo las drogas», afirmó Brewer.
En declaraciones a periodistas, agregó que aunque muchos inmigrantes indocumentados llegan a Estados Unidos en busca de trabajo, los narcotraficantes los presionan para que les sirvan de «mulas», o contrabandistas.
Brewer no ofreció datos oficiales que corroboren sus afirmaciones, pero insistió en que los indocumentados «son acosados (por los narcotraficantes)» hasta que se ponen a sus órdenes.
T.J. Bonner, presidente del sindicato que representa a los agentes de la Patrulla Fronteriza, contradijo los argumentos de Brewer al señalar que el tráfico de drogas acarrea mayores penas que el cruce ilegal hacia EE.UU., y que son «muy pocos» los indocumentados que, en busca de empleo en este país, quieran tomar ese riesgo.
Las declaraciones de Brewer, rechazadas enérgicamente por grupos proinmigrantes, se producen en unos momentos en que el Gobierno del presidente Barack Obama prevé presentar la próxima semana una demanda para impugnar la ley SB1070, que criminaliza a los inmigrantes ilegales en Arizona.
Aunque el Departamento de Justicia ha insistido en las últimas semanas que continúa «revisando» la controvertida ley, fuentes del Gobierno de Obama han filtrado a la prensa que la demanda contra la SB1070 es inminente.
La SB1070 entrará en vigor el próximo 29 de julio a menos que lo impida un juez federal.
Brewer es objeto de tres de cinco demandas ya presentadas por grupos cívicos, que alegan que la SB1070 se prestará a la discriminación contra los inmigrantes hispanos.
La ley en cuestión permite que la policía, al detener a alguien por alguna infracción, verifique el estatus migratorio de quienes sospeche que son inmigrantes indocumentados.
Tanto el Gobierno como grupos cívicos en todo el país insisten en que las tareas de hacer cumplir las leyes migratorias recaen principalmente sobre el Gobierno federal, y que el problema de la inmigración ilegal no se resolverá con medidas como la SB1070.
Brewer, que se reunió con el presidente Barack Obama el pasado 3 de junio, ha dejado en claro que no lo teme a las demandas, y ha reiterado la posición de los conservadores de que primero se tiene que fortalecer la seguridad fronteriza antes de iniciar diálogo alguno sobre una reforma migratoria integral.
Mientras tanto, las autoridades estatales de Arizona se preparan para la batalla legal en torno a la SB1070, y ya han recaudado unos 123.000 dólares en donaciones privadas para defender la ley con abogados privados, según la oficina de Brewer.
El próximo 28 de junio, funcionarios de alto rango del Gobierno de Obama viajarán a Phoenix, capital de Arizona, para analizar con la oficina de Brewer los pormenores del despliegue de 1.200 soldados de la Guardia Nacional en la frontera sur y el desembolso de 500 millones de dólares adicionales para fortalecer la vigilancia en la zona.
