Tegucigalpa – Al menos 15 personas murieron en tres cárceles hondureñas en los últimos dos meses, lo que refleja que la gobernabilidad en estos recintos es un hueso duro de roer para las autoridades de este país centroamericano, quienes han insistido que parte de la paz y la tranquilidad en el territorio nacional pasa por recobrar el control en estos espacios.
– Recientemente fue relevado el titular del Instituto Penitenciario, quien dejó el cargo por “razones especiales”.
– En la retina permanecen la muerte de 419 personas privadas de su libertad (2011-2012), de los cuales, 360 murieron quemados en la Granja Penal de Comayagua.
Esta semana tres reclusos perdieron la vida a punta de machetes, luego de enfrentarse entre ellos mismos, pese a que los operativos en la máxima cárcel del país -la Penitenciaría Marco Aurelio Soto- son constantes y productivos porque se logra el decomiso de armas, drogas, bebidas embriagantes y otros objetos que ponen en peligro la vida de los privados de libertad.
A mediados de este abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la muerte de al menos 12 presos en episodios de violencia ocurridos en marzo en tres centros penitenciarios de Honduras, al tiempo que instó al Gobierno a emprender «acciones inmediatas» para garantizar la seguridad en las cárceles y evitar que se repitan esos hechos.
El propio ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, ha reconocido que no será fácil recobrar la gobernabilidad de las cárceles porque estas han estado en poder de los reos desde hace décadas.El funcionario dijo que procederán a ejercer rigurosos controles con los proveedores en las cárceles porque sospechan que por esta vía se introducen armas y drogas.
“La Penitenciaría desgraciadamente se nos ha convertido en un centro del crimen y esa es una guerra que se tiene el Estado en sí para controlar estos centros, poco a poco vamos tomando el control, pero tenemos que revisar tanto el personal administrativo como los proveedores que llegan al centro”, justificó Pacheco.
También, hace un par de semanas, la recién inaugurada cárcel de El Porvenir en Francisco Morazán, fue escenario del estallido de un artefacto.
El recinto que apenas alberga a 50 reos cuenta con todos los protocolos de seguridad, pero esto no fue obstáculo para que se introdujera el explosivo, que causó alarma entre los pobladores de esa zona del país.
El suceso provocó la separación de todos los policías penitenciarios que brindaban seguridad en ese perímetro y las autoridades prometieron “mano dura” para evitar este tipo de hechos.
Cambio de autoridades
Hace apenas unas horas el director del Instituto Penitenciario, coronel Francisco Gálvez Granados, renunció al cargo aduciendo “razones especiales”. Su lugar fue tomado por su homólogo castrense Orlando Francisco García Maradiaga.La nueva cabeza del Instituto Penitenciario dijo sentirse honrado por la designación y expresó que “tengo la radiografía mental de las acciones preliminares que vamos a encaminar y una es el reordenamiento administrativo y operativo en los 25 centros penales”.
Gálvez Granados había asumido el cargo el 30 de julio de 2014, es decir que apenas estuvo nueve meses al frente del Instituto Penitenciario.
Ley de Trabajo Obligatorio para Privados de Libertad
Esta misma semana, el Congreso Nacional aprobó en primer debate el proyecto de decreto que contiene la Ley de Trabajo Obligatorio para Personas Privadas de Libertad y Ley del Régimen y de Permanencia para los Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad.
El decreto tiene como finalidad organizar y ejecutar el trabajo que deberán ejercer las personas privadas de libertad como parte de los procesos de rehabilitación, readaptación social y terapia ocupacional sin hacer diferencias de tratos fundados en prejuicios y estigmas principalmente por razones de raza, color, orientación sexual, identidad de género, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión de origen nacional o social.
Con la ley se propone generar recursos para cooperar con los gastos de alimentación de los privados de libertad, evitar la violencia interna, reducir los índices de criminalidad que se planifican desde el interior de los centros penales, fortalecer los lazos de disciplina para evitar abusos de irregularidades internas, impulsar el trabajo rehabilitador de las personas privadas de libertad, generar las condiciones para el trabajo productivo, facilitar conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para el trabajo de privación de libertad y post penitenciario.
El régimen de trabajo para los privados de libertad deberá implementarse en todos los establecimientos penitenciarios y deberá tener una duración de mil 400 horas de trabajo como mínimo por cada privado de libertad.
Aparte se especifican varias restricciones para los reos de alta peligrosidad y agresividad como recibir solamente una hora de sol al día y la prohibición para recibir visitas conyugales, éstos deberán portar una vestimenta especial señalada por el consejo directivo que también establecerá el tiempo que esos privados de libertad deberán permanecer en las cárceles de máxima seguridad del Instituto Penitenciario.
Asimismo, el 21 de abril de este 2015 el Poder Legislativo aprobó una ley mediante la cual se amplía el bloqueo de llamadas a través de servicios de Internet, Wi-Fi, telefonía satelital y otros sistemas en los centros penales, granjas penales y centros de internamiento de menores al tiempo que estableció penas de hasta siete años de reclusión para quienes incumplan el decreto.
Peligroso hacinamiento
Los sistemas penitenciarios de América Latina tienen como principal problema la sobrepoblación en las cárceles, señaló Elena Azaola, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) de México.Estados Unidos tiene la mayor población de presos en el mundo con más de dos millones, seguido por China con 1.6 millones y Rusia con 700 mil.
La experta señaló el grave problema de hacinamiento que se registra en las cárceles de la región, donde el país con mayor saturación es El Salvador con 290 personas por cada 100 camas o plazas disponibles, seguido por Guatemala con 190 y Nicaragua, República Dominicana y Panamá con 180 cada uno.
En el listado sigue Brasil con 175, Chile y Ecuador con 150 y Honduras con 148.
El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por 25 cárceles, es considerado una «bomba de tiempo» por el hacinamiento y otras condiciones infrahumanas en las que viven los presos, algo que reconocen las máximas autoridades del país centroamericano. Se estima que existen más de 14 mil privados de libertad aunque la cifra crece rápidamente por la gran cantidad de capturas que todos los días se llevan a cabo.
